por CAMILO BUSS ARAUJO*
La premisa de que luchar contra el imperialismo y la extrema derecha es más importante que respetar las reglas electorales es peligrosa
El pasado domingo 28 de julio de 2024 se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela. Las encuestas de opinión arrojaron resultados divergentes. Institutos vinculados a la candidatura del presidente Nicolás Maduro apuntaron a su victoria, mientras que institutos de opinión contratados por la oposición aseguraron el triunfo de Edmundo González Urrutia. Lo que parecía seguro era que serían unas elecciones reñidas, dado que la oposición, que había boicoteado las elecciones presidenciales de 2018 (con alrededor del 46% de los votantes), estaba en pleno apogeo.
Finalizada la votación y con la expectativa de victoria de ambos lados, ocurrieron los siguientes hechos: (i) El lunes 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela (equivalente a nuestro TSE) proclamó la victoria de Nicolás Maduro por 80 votos. % de votos escrutados: Maduro 51,2%, González 44%; (ii) La oposición cuestionó el resultado presentado y exigió la publicación de las actas electorales (equivalentes a las urnas). También informó que su candidato habría ganado con el 70% de los votos, sin presentar, sin embargo, los materiales que respaldaran esta conclusión.
Aquí una aclaración sobre cómo se realiza la votación en Venezuela. El sistema de votación es electrónico e impreso. El elector acude a su colegio electoral, se identifica mediante datos biométricos y vota en una urna electrónica. Esta urna emite un recibo de votación impreso que se coloca en una urna. Al final de la jornada de votación, cada urna emite un informe (equivalente a la urna brasileña) con los resultados de esa sección. Al igual que en Brasil, a partir de los datos extraídos de las actas, los partidos pueden realizar una “investigación paralela” para certificar el resultado de las elecciones.
Los acontecimientos siguen:
El CNE no publica las actas electorales y su sitio web queda fuera de línea; El CNE afirma que fue objeto de un “ataque masivo de piratas informáticos”; El 29 de julio, un día después de la elección, el Centro Carter, observador internacional de las elecciones venezolanas, emite un documento solicitando al CNE publicar las actas electorales para que sea posible validar los resultados emitidos por el organismo; Cuba, Bolivia, Rusia, China, Irán, Honduras, Nicaragua reconocen victoria de Nicolás Maduro.[ 1 ]
Nicolás Maduro expulsa a los embajadores y cuerpo diplomático de siete países que cuestionaron los resultados de las elecciones. Ellos son: Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay;[ 2 ] Brasil, EE.UU., Colombia, México, Unión Europea piden transparencia y divulgación de actas electorales;[ 3 ] El martes 30 de julio, el Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, declara la total lealtad de las Fuerzas Armadas a Nicolás Maduro y que el país enfrentaba un intento de golpe de Estado “forjado nuevamente por fascistas de extrema derecha apoyados por el imperio del norte”. -Americano".[ 4 ]
A finales del 30 de julio, el Centro Carter emitió un documento en el que acredita que el proceso electoral venezolano no cumplió con los requisitos básicos para ser considerado una elección democrática. Entre los puntos expuestos destacó el hecho de que el CNE dio a conocer el resultado electoral sin presentar el voto por secciones; La noche del jueves 1 de agosto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reconoció la victoria del candidato opositor, Edmundo González; Las protestas se han intensificado en ciudades de toda Venezuela y hay informes de muertes y cientos de arrestos.
También el 1 de agosto, Brasil, México y Colombia firmaron una carta conjunta en la que expresaron solidaridad con el pueblo venezolano, exigieron a las autoridades los resultados desagregados por mesa electoral y pidieron acciones a los actores políticos para contener la escalada de violencia.
La nota conjunta contiene detalles que vale la pena resaltar, indicando una orientación política que mira no sólo a Venezuela, sino a las democracias del continente latinoamericano. La primera es dirigir la solidaridad al “pueblo venezolano” y no al gobierno. El segundo es exigir la publicación de los resultados desglosados por mesa de votación y la verificación imparcial de los resultados. Es decir, tres países con presidentes alineados con la izquierda no reconocieron el resultado presentado por el CNE.
Venezuela, chavismo y oposición
La situación es compleja porque la historia de Venezuela durante las últimas tres décadas también lo es. En primer lugar, porque, desde 1998, con la elección de Hugo Chávez, se construyó un gobierno popular y nacionalista en un país con una de las mayores –si no la mayor– reservas de petróleo del mundo. En 2002, con el objetivo de hacer inviable el gobierno de Hugo Chávez y su propuesta de cambio en la dirección de la petrolera venezolana (PDVSA), sectores empresariales y financieros alentaron huelgas y crearon un ambiente de turbulencia política que desembocó en un intento de golpe de Estado. , el 11 de abril.
Los militares tomaron el Palacio de Miraflores, arrestaron a Chávez y colocaron en el poder al empresario Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras (Federación Venezolana de Cámaras de Comercio). Estados Unidos fue el primero en reconocer a Carmona como presidente de Venezuela, respaldando así el golpe de Estado.
Nada más tomar el poder, Pedro Carmona disolvió la Asamblea Nacional de mayoría chavista.[ 5 ] En respuesta, la población venezolana salió a las calles de Caracas en defensa de Chávez. Horas más tarde, tropas leales al presidente retomaron el Palacio de Miraflores. Chávez fue liberado y recuperó el poder. El golpe duró alrededor de 47 horas. La Organización de Estados Americanos (OEA) criticó el intento de golpe. Brasil, entonces dirigido por Fernando Henrique Cardoso, se posicionó de la misma manera.
El episodio consolidó una fractura en la sociedad venezolana entre “chavistas” y “antichavistas”. A partir de entonces se tomaron una serie de medidas que pusieron a las instituciones en el punto de mira e intensificaron aún más la división del país. En 2004, el gobierno de Chávez aprobó una nueva Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Esta ley aumentó el número de jueces del máximo tribunal de Venezuela de 20 a 32, lo que permitió a Chávez nombrar 12 nuevos jueces. Además, la ley permitía, por mayoría simple, a la Asamblea Nacional destituir a los jueces del Tribunal Supremo.[ 6 ] La medida debilitó la independencia del poder judicial, ya que dejó a los magistrados a merced del grupo hegemónico en la legislatura, en ese momento comandado por aliados del presidente Hugo Chávez.
Todavía en 2004, la oposición convocó a un referéndum que decidiría si Hugo Chávez permanecería o no en el poder. La victoria de Chávez. En 2006, el presidente fue reelegido con el 62,9% de los votos para el período 2007-2013. En 2009, otro referéndum popular aprobó cambios a la Constitución del país, permitiendo reelecciones ilimitadas para el presidente de Venezuela. Carismático, popular, con control del parlamento y del poder judicial, Chávez consolidó su poder. Sin embargo, el escenario cambió con su muerte en 2013 y el nombramiento de su vicepresidente, Nicolás Maduro, para sucederlo en las elecciones presidenciales. La oposición, previamente acorralada, ganó impulso para participar en las elecciones.
Las elecciones fueron reñidas: Nicolás Maduro obtuvo el 50,61% de los votos. El Centro Carter, organismo creado por el ex presidente estadounidense Jimmy Carter en 1982 y observador internacional de las elecciones venezolanas, había certificado que el sistema electoral del país era "el mejor del mundo" en términos de confiabilidad de los resultados. Las elecciones, a pesar de ser disputadas, tuvieron un ganador: Nicolás Maduro. Sin embargo, la oposición demostró fuerza política, como quedó demostrada en las siguientes elecciones, en 2015, para la Asamblea Nacional.
Dos años después, en 2015, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganó las elecciones parlamentarias. Obtuvo el 56,2% de los votos, obteniendo 109 escaños. La coalición chavista, encabezada por Nicolás Maduro, el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), obtuvo el 37,8% de los votos, quedando apenas 55 escaños. En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro utilizó su mayoría en la Asamblea Nacional para nombrar a 13 nuevos ministros titulares y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) antes de que asumiera el nuevo legislativo opositor.[ 7 ]
En enero de 2016, después de que la Asamblea juramentó a tres diputados de la oposición cuya elección fue impugnada por el gobierno, el TSJ declaró a la Asamblea Nacional en desacato. Esta declaración de desacato fue utilizada por el TSJ para revocar todas las decisiones posteriores de la Asamblea Nacional por considerarlas violatorias de la ley. A finales de marzo de 2017, el TSJ emitió las decisiones 155 y 156. La primera permitió al presidente Maduro utilizar poderes extraordinarios sin la aprobación de la Asamblea Nacional. La decisión más controvertida 156 transfirió los poderes legislativos de la Asamblea Nacional al TSJ, anulando efectivamente el poder legislativo de la Asamblea y permitiendo al TSJ ejercer estas funciones directamente.
Las elecciones presidenciales de 2018 estuvieron marcadas por protestas de la oposición. Al considerarla una “elección con tarjeta marcada”, los miembros de la oposición defendieron el boicot y sólo el 46% de los votantes acudió a las urnas. Los antichavistas no reconocieron el resultado y Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se proclamó presidente de Venezuela en enero de 2019. Brasil, gobernado por Jair Bolsonaro, reconoció a Guaidó.
En 2021, la ONU reconoció a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Con una sociedad polarizada entre chavistas y antichavistas, el 28 de julio de 2024 los venezolanos acudieron a las urnas para elegir al presidente del país para los próximos seis años. Las consecuencias de la elección fueron mencionadas al inicio de este texto y su importancia trasciende el territorio venezolano.
La izquierda en Brasil y los dilemas de la política en América Latina
El breve informe nos ayuda a comprender la complejidad de la situación actual en Venezuela. Por un lado, una oposición que coquetea con la extrema derecha global y que tiene en su pasado un intento de golpe de Estado. Por otro lado, un gobierno que utiliza el discurso de defender “al pueblo contra el imperialismo” y que, bajo ese lema, cambió las reglas del juego, persiguió a opositores y sometió al legislativo y al judicial a la cabeza del ejecutivo.
En otras palabras, erosionó lo que quizás sea el principal pilar que sustenta las llamadas democracias liberales: el equilibrio y la autonomía entre poderes. En 2024, después de que el CNE declarara la victoria de Maduro, sin presentar las actas electorales y afirmando que se había contabilizado el 80% de los votos, los políticos de extrema derecha rápidamente se pronunciaron calificando a Maduro de dictador. Este fue el caso del presidente de Argentina, el histriónico Javier Milei. La izquierda, a su vez, se dividió.
Mientras la diplomacia brasileña bajo el gobierno de Lula expresaba cautela y pedía la publicación de actas electorales, activistas y sitios web de izquierda afirmaban que estaba en marcha un nuevo golpe de Estado, perpetrado por la derecha venezolana. Analistas consultados por algunos reconocidos portales de izquierda buscaron adoptar dos caminos para justificar el alineamiento con las políticas del presidente venezolano: (a) La oposición venezolana es de extrema derecha, fascista. María Corina Machado, la principal líder opositora, estaría a la derecha de Jair Bolsonaro; (b) Los miembros de la izquierda que critican a Maduro son, de hecho, una “izquierda neoliberal” y lo que está detrás del movimiento es el deseo de Estados Unidos de capturar el petróleo venezolano.
Ningún argumento aborda lo fundamental, es decir, el hecho de que hubo elecciones y que los resultados no se publicaron como exigen las reglas. El Consejo Nacional Electoral oficializó la victoria de Maduro sin que se contaran todas las urnas y sin que se pudieran verificar los números por sesión electoral. Si el CNE no puede mostrar los números debido, como afirman, a un ataque de piratas informáticos, ¿cómo puede hacer oficial al ganador de las elecciones?
Ambos argumentos parten de una premisa: luchar contra el imperialismo y la extrema derecha es más importante que respetar las reglas electorales. Y esta premisa es peligrosa en un continente con gobiernos democráticos de izquierda amurallados por la extrema derecha y el fisiologismo político, como es el caso de Brasil.
El Centro Carter, invitado a observar las elecciones de 2024, afirmó lo siguiente sobre las últimas elecciones: “Las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela no cumplieron con los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas. (…) El hecho de que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desagregados por mesa electoral constituye una grave violación a los principios electorales”.[ 8 ]
El organismo detalló algunos de los puntos considerados problemáticos durante el proceso electoral: excesiva burocratización para registrar nuevos electores, especialmente aquellos que viven en el extranjero (plazos cortos, pocos lugares para registrarse, poca divulgación pública); el registro de la candidatura de las principales fuerzas de oposición quedó sujeto a la discrecionalidad de las autoridades electorales que tomaron decisiones sin respetar principios legales básicos; campaña masiva y desproporcionada de la candidatura situacionista, utilizando vehículos oficiales, recursos públicos, programas sociales y empleados del Estado; intenta restringir la campaña de oposición persiguiendo e intimidando a los proveedores de servicios con el fin de generar un efecto disuasorio.
Tras el comunicado, parte de la izquierda que coincide con el procedimiento adoptado en las elecciones venezolanas cuestionó los parámetros adoptados por el Centro Carter para sustentar su decisión.[ 9 ] Sin embargo, días antes de las elecciones del 28 de julio, el Centro Carter fue recordado en un portal ciertamente de izquierda por sus servicios de observación durante las elecciones venezolanas de 2012, en las que atestiguó que el sistema electoral del país era el “mejor del mundo”.[ 10 ] La conclusión del Centro Carter sirvió para definir las elecciones de 2012, pero no sirve para definir las de 2024.
Dado el contexto y los hechos, es necesario reflexionar sobre los caminos tomados por el gobierno brasileño y la izquierda. Después de todo, los grupos de derecha y extrema derecha ya tienen una antipatía natural hacia el régimen venezolano y caracterizarían claramente el escenario en el país vecino como un golpe de estado. Sin embargo, existe una clara división en la izquierda sobre cómo proceder. Un ejemplo de ello es la nota del ejecutivo del partido del presidente Lula, el PT, que avaló los resultados presentados por el CNE y reconoció la victoria de Maduro.[ 11 ] Sin embargo, incluso dentro del PT hay grupos que entienden que la prudencia adoptada por el gobierno Lula es la más adecuada.
La postura del gobierno brasileño, en línea con otras democracias y gobiernos de carácter progresista, como Colombia y México, es esperar y exigir la divulgación de las actas electorales, que desglosan los votos por secciones. Gustavo Petro publicó en su red social que “las serias dudas que se establecen en torno al proceso electoral venezolano podrían llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias”.[ 12 ] De hecho, la violencia ya ocurre. Hasta el martes 30 de julio se habían registrado al menos seis muertes y 749 detenciones.
Ante el escenario actual, ¿cómo posicionarse?
Es cierto que hace 32 años la oposición venezolana intentó un golpe de estado que casi derrocó al presidente democráticamente electo Hugo Chávez. También es cierto que Estados Unidos boicotea económicamente a Venezuela y parece creíble que, durante las últimas tres décadas, parte de la oposición venezolana haya coqueteado con otros intentos golpistas. Sin embargo, también es cierto que el régimen chavista cambió leyes y subvirtió el sistema legal del país para ejercer la gobernabilidad en un país claramente dividido. Los movimientos políticos de cara a las elecciones de 2024 demostraron que la oposición estaba más organizada que en otras épocas y que, por tanto, serían unas elecciones reñidas.
No se puede decir que hubo fraude, ya que no se revelaron los números de las elecciones. Sin embargo, parece claro que el CNE, responsable de velar por la equidad y tranquilidad de las elecciones, se equivocó profundamente al anunciar la victoria de Nicolás Maduro por un estrecho margen (51,2%) y el 80% de los votos escrutados. También es criticable el comportamiento del presidente de Venezuela desde entonces. Expulsó a los embajadores y adoptó una retórica agresiva contra sus oponentes. Para colmo, en un escenario de tensión política, las Fuerzas Armadas del país se posicionaron políticamente del lado del presidente, acusando sin pruebas de que había un golpe de Estado en marcha.
En otras palabras, Nicolás Maduro, ante la crisis, apostó a inflamar aún más a sus seguidores, llamándolos a la calle, llamando cobarde a Edmundo González, su oponente en las elecciones, y llamando a la policía a “restaurar la paz” en el país. .[ 13 ] Las acciones del gobernante venezolano tienen similitudes con el pasado brasileño reciente y por lo tanto envían una señal de alerta.
Durante los cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro, especialmente entre el final de las elecciones presidenciales y el fatídico 8 de enero, Brasil estuvo en varias ocasiones cerca de un régimen autoritario. Una y otra vez, Jair Bolsonaro cumplió los cuatro indicadores fundamentales que Levitsky y Ziblatt construyeron para ayudar a reconocer a un político autoritario: (i) rechazar, de palabra o de acción, las reglas del juego democrático; (ii) negar la legitimidad de los opositores; (iii) tolerar y fomentar la violencia; y (iv) dar indicios de voluntad de restringir las libertades civiles de los opositores, incluidos los medios de comunicación.[ 14 ]
El bestseller de Levitsky y Ziblatt, Cómo mueren las democracias, fue y sigue siendo citado por activistas de izquierda para referirse al surgimiento de la extrema derecha. Sin embargo, parecen ignorar que los autores sitúan a Venezuela como un ejemplo de régimen autoritario. Levitsky afirmó que las últimas elecciones venezolanas fueron “uno de los fraudes electorales más flagrantes en la historia moderna de América Latina”.[ 15 ]
Quizás, para algunos activistas de izquierda, estudiar la muerte de las democracias sólo sea valioso cuando se trata de identificar las amenazas provocadas por la extrema derecha. Como el diagnóstico del observador internacional de las elecciones, que sólo resulta útil cuando se trata de respaldar el punto de vista del espectador. Esta asimetría de puntos de vista es peligrosa frente a una América Latina llena de experiencias autoritarias.
Brasil se dio cuenta de lo frágiles que son los pilares de la democracia. En la segunda mitad del siglo XX, América Latina se vio invadida por gobiernos autoritarios comandados por militares. A principios del siglo XXI, los partidos de izquierda ganaron elecciones gracias a las reglas democráticas actuales. Fue gracias a la democracia, aunque imperfecta, que partidos como el PT pudieron jugar el juego electoral y ganar elecciones. Es en las llamadas “democracias liberales” donde las minorías pueden expresarse y tener la oportunidad de presentar sus proyectos políticos. En un régimen democrático, la alternancia de poder no es un problema. En palabras del propio Lula, cuando se pierde una elección, el perdedor vuelve a casa a lamerse las heridas para volver mejor en la siguiente.
Lo que está pasando en Venezuela es muy diferente a eso. Las prácticas adoptadas por Nicolás Maduro se parecen más a las de políticos autoritarios como Jair Bolsonaro que a las de líderes de izquierda como Lula. La defensa de algunos activistas y columnistas de izquierda, con críticas al imperialismo y la “democracia burguesa”, para avalar las acciones en Venezuela dejan claro que un régimen autoritario no es necesariamente un problema. En este caso, lo que difiere no es el método autoritario, sino el argumento al que sirve el autoritarismo. Para algunos, estaría justificado combatir la corrupción y el comunismo. Para otros, luchar contra el imperialismo estadounidense y la burguesía latinoamericana.
¿Y la democracia? Bueno, ese puede esperar.
*Camilo Buss Araujo Tiene un doctorado en historia social por la Unicamp y es profesor de la Facultad de Aplicación de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC).
Notas
[ 1 ] Ver este enlace.
[ 2 ] Ver este enlace.
[ 3 ] Ver este enlace.
[ 4 ] Ver este enlace.
[ 5 ] El parlamento venezolano es unicameral, a diferencia del brasileño que es bicameral, con una Cámara de Diputados y un Senado.
[ 6 ] Barroso LR Populismo, autoritarismo y resistencia democrática: los tribunales constitucionales en el juego del poder. Derecho y praxis. [Internet]. 2023, julio; 14(3):1652–85. Disponible este enlace.
[ 7 ] Barroso LR Populismo, autoritarismo y resistencia democrática: los tribunales constitucionales en el juego del poder. Derecho y praxis. [Internet]. 2023, julio; 14(3):1652–85. Disponible este enlace.
[ 8 ] Ver este enlace.
[ 9 ] Ver este enlace.
[ 10 ] Ver este enlace.
[ 11 ] Ver este enlace.
[ 12 ] Ver este enlace.
[ 13 ] Ver este enlace.
[ 14 ] LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Cómo mueren las democracias. Río de Janeiro: Jorge Zahar, 2018. p. 32.
[ 15 ] Ver este enlace.
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