La UERJ se hunde en un Río de crisis

Campus Maracaná de la UERJ/ Foto: Tomaz Silva/ Agência Brasil
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por RONALD VIZZONI GARCÍA*

La Universidad Estatal de Río de Janeiro es un lugar de producción y orgullo académico. Sin embargo, corre peligro con líderes que parecen pequeños ante situaciones desafiantes.

La reciente intervención policial ataca directamente el símbolo de resistencia y transformación social que representa la UERJ. En un estado marcado por la corrupción y la ineficiencia, donde los gobernadores enfrentan prisión por sus crímenes, la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ) es un lugar de producción y orgullo académico. Sin embargo, corre peligro con líderes que parecen pequeños ante situaciones desafiantes.

En la década de 1990, la UERJ se destacó por ofrecer salarios superiores a los de las universidades federales. Durante este período, la UERJ mejoró su plantel docente a través de concursos. Este cambio de perfil académico impactó en la investigación y en las maestrías y doctorados que estaban surgiendo. Las evaluaciones de los cursos de educación superior en la década de 1990 resaltaron el progreso, un fenómeno no exclusivo de la UERJ, pero que se sintió de manera más contrastante allí. Noticias, incluido el acceso a la educación superior.

Este progreso culminó en un cambio importante en la política de acceso. El papel pionero de la UERJ en la política de cuotas comenzó en 2000, con el 50% de las plazas reservadas para estudiantes de escuelas públicas, y en 2001, con el 40% para estudiantes autodeclarados negros. Los estudios sobre cuotas, con la UERJ como protagonista, no avalaron la tesis de la “quiebra de la enseñanza” y del “estudiante sin fundamento”. Por el contrario, expusieron las declaraciones sobre la meritocracia como ideológicas e injustas.

El rumbo de la UERJ contrasta con el del gobierno estatal. En las últimas dos décadas, la UERJ, así como toda la administración pública estatal, se vio arrastrada a la crisis de recursos (cambios en la distribución de las regalías petroleras, pero no sólo eso) y a las detenciones de gobernadores involucrados en esquemas de corrupción. Esta debilidad institucional persiste. La concesión de CEDAE garantizó tranquilidad durante el período electoral, favoreciendo la reelección del actual gobernador.

Miremos los acontecimientos recientes. Durante las elecciones para la Rectoría, la boleta 10, formada por Gulnar Azevedo y Bruno Deusdará, fue elegida con una plataforma que prometía una “universidad popular”. Entre las promesas estaba el mantenimiento y ampliación (correcto, ampliación) de las becas estudiantiles. Defendió una política de asistencia y permanencia más eficiente para los estudiantes. El grupo incluso firmó una carta de compromiso con sindicatos y organizaciones estudiantiles. Al inicio de la administración electa, una Ley de Decisión Administrativa Ejecutiva (AEDA) extendió las becas para estudiantes hasta finales de 2024. Una señal clara de que las promesas se cumplirían.

La UERJ, desde principios de 2024, enfrenta problemas presupuestarios, reflejo de las cuestiones fiscales de los estados. Como resultado, los salarios de los maestros sustitutos y asistentes subcontratados comenzaron a retrasarse.

Austeridad y resistencia

En julio, el Decanato emitió una Ley de Decisión Administrativa Ejecutiva (AEDA 38), que redujo el número de estudiantes elegibles para recibir ayuda financiera, recortando aproximadamente 1.500 estudiantes. La ley determinó el otorgamiento de ayuda alimentaria únicamente a estudiantes en campus sin restaurante universitario. El subsidio de transporte se fijó en R$ 300, a pagar en cuotas mensuales dependiendo de la disponibilidad de fondos. La nueva norma también pasó a exigir un ingreso familiar bruto por persona de hasta la mitad del salario mínimo (anteriormente, el límite era 1,5 salarios mínimos). La asistencia a la vulnerabilidad también cambió sus criterios.

Además, la ayuda material se redujo de 1.200 reales a 600 reales mensuales y el apoyo a la educación infantil se limitó ahora a 1.300 estudiantes. Ahora, un análisis más riguroso evaluará las ayudas. Los estudiantes deben estar matriculados en al menos tres materias, tener una asistencia mínima del 75% y completar el curso en el plazo previsto.

La medida generó respuesta de los estudiantes, que ocuparon la Rectoría del campus de Maracaná, el 26 de julio. La acción luego se extendió a otros campus de la UERJ. En los primeros días de la ocupación, la Rectoría comparó a los estudiantes con los “golpistas del 8 de enero” (partidarios del expresidente Jair Bolsonaro con intenciones golpistas), en un intento de deslegitimar el movimiento. También hubo represión por parte de la seguridad subcontratada de la UERJ, impidiendo el ingreso de insumos y medicamentos para los ocupantes, además de agresiones físicas. El sindicato de trabajadores de seguridad subcontratados condenó la medida.

En su relación con los sectores organizados de la UERJ, la Rectoría también comenzó a atacar a la asociación docente (ASDUERJ). Sugirió, en una carta del decano de personal, leída por él en la asamblea sindical, el despido de la dirección del sindicato. Además, la Rectoría se negó a negociar directamente con el comando de huelga estudiantil, prefiriendo el Directorio Central de Estudiantes (DCE), a pesar de que este último era público. Miembros de la actual administración habrían participado en el escándalo de corrupción del CEDERJ y en la conducción del gobierno de Cláudio Castro.

En resumen, tenemos, por un lado, gestores alejados de los procesos políticos que los eligieron. Se utilizaron estrategias políticas cuestionables según una interpretación conveniente de la ley. Por el otro, el movimiento estudiantil, que, a pesar de estar movilizado, podría tener mayor impacto si lograra mantener en un segundo plano las diferencias internas y actuar en alianza con un espectro más amplio, dentro y fuera de la universidad.

Involucrar a la población es clave para presionar a figuras públicas que tienen gran responsabilidad en las crisis en el estado de Río de Janeiro. El fetiche por la escalada de la confrontación derechista debería dar paso a la inteligencia política. Estrategia clara, avances y recursos tácticos para crear alianzas en base a la estrategia definida. Esto, sí, cambia las correlaciones de fuerza.

Futuro incierto

Después de 56 días de ocupación, la policía del estado de Río de Janeiro actuó con la truculencia que la caracteriza en manifestaciones de profesores, técnicos y estudiantes. El brutal hecho culminó con la inclusión del nombre de la UERJ en la actualidad nacional, con la detención del diputado Glauber Braga (PSOL-RJ) y de tres estudiantes. Tal fue la repercusión que el presidente del Congreso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tuvo que llamar al gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, para recordarle las prerrogativas del parlamentario. Horas más tarde todos fueron liberados.

El PSOL promete demandar al Supremo Tribunal Federal (STF). La ONG Justiça Global denunciará las medidas de abuso de fuerza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. La Rectoría hará un inventario de los daños a la propiedad y ayudará a identificar a los responsables. Para los estudiantes afectados por sus decisiones, la Rectoría promete el pago de 500 reales mensuales hasta diciembre.

Nada parece indicar un cambio en la conducta de los protagonistas de estos conflictos. Estas opciones tendrán consecuencias a largo plazo para las partes interesadas clave. La criminalización y el resentimiento son terribles inversiones para el futuro.

La educación pública, gratuita, de calidad y accesible debe ser un acuerdo intergeneracional. La universidad no sólo refleja las dificultades del estado de Río de Janeiro, sino que también simboliza la defensa de un futuro más inclusivo y equitativo. Si no se aborda el deterioro del Estado, la UERJ corre el riesgo de convertirse en un reflejo de la desigualdad y la exclusión. Por lo tanto, es vital devolver a la UERJ al centro del debate político y social, asegurando que su misión de promover una educación de calidad no se vea comprometida.

*Ronald Vizzoni García Tiene un doctorado en ciencias políticas por el Instituto Universitario de Investigaciones de Río de Janeiro (IUPERJ/UCAM).


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