por GILBERTO LOPES*
El gobierno de Biden opera en un escenario muy diferente al que, hace unos 30 años, parecía prometer libre comercio
Independientemente de otros factores, la globalización tiene dos motores principales: el comercio y la inversión extranjera. Promovida por los Tratados de Libre Comercio, la idea se vendió como un modelo de ganar-ganar. Como solía decir el presidente George Bush padre, el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, significó más exportaciones, y más exportaciones significaron más empleos. Todos ganaron. Sonaba demasiado simple.
Pero un cuarto de siglo después, está claro que ese optimismo era infundado, como explica Gordon H. Hanson, profesor de política urbana en la Harvard Kennedy School, especialista en comercio internacional. “¿Puede el comercio trabajar para los trabajadores?”, pregunta Hanson en un artículo publicado en el último número de la revista Extranjero Negocios. Y explica cómo funciona realmente el mecanismo y sus consecuencias para los trabajadores: “Muchos trabajadores estadounidenses sufrieron la desaparición de empleos manufactureros bien remunerados a medida que las empresas se mudaban al extranjero. Los que mantuvieron sus trabajos vieron estancarse sus salarios”.
Uno podría pensar que si bien el TLCAN no favoreció a los trabajadores estadounidenses, sí benefició a los mexicanos, a quienes se transfirieron algunos de esos buenos empleos. Pero 23 años después de la entrada en vigor del acuerdo, un balance publicado en la revista El País, en agosto de 2017, indicó que entre 1994 y 2016 el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en México había pasado de alrededor de cinco mil dólares a poco más de 6.600 (a precios constantes de 2008). Puede parecer mucho, “pero una tasa de crecimiento promedio ligeramente superior al 1% anual es bastante decepcionante para un país emergente que se expandió a una tasa del 3,4% anual entre 1960 y 1980”, dice la nota. Si el TLC hubiera logrado al menos mantener la tasa de crecimiento anterior, “México sería hoy un país de altos ingresos, muy por encima de Portugal o Grecia”.
El entonces secretario de Comercio de México, Jaime Serra Puche, afirmó que el tratado terminaría gradualmente con la brecha salarial entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero los salarios en México durante este período solo aumentaron 4% en términos reales, como resultado de las políticas de contención salarial aplicadas para atraer inversión extranjera, especialmente de la industria manufacturera estadounidense, gracias a costos laborales significativamente más bajos. Entre otros resultados de esta política, en 2016 la CEPAL estimó que la tasa de pobreza en México estaba ligeramente por encima del 40%, mientras que el 1% más rico de la población poseía “más de la tercera parte de la riqueza nacional”.
promesas irresponsables
El escepticismo sobre la globalización que ahora domina la política estadounidense, como argumenta Hanson en su artículo, proviene de las promesas fallidas de la década de 90 sobre el libre comercio. El TLCAN había sido un esfuerzo bipartidista (las negociaciones comenzaron en la primera administración republicana de Bush y se completaron en el primer mandato de la administración demócrata Clinton) y cuando entró en vigor en 1994 bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, la promesa era que el país convertirse en la próxima Corea del Sur.
Clinton no solo elogió los beneficios económicos futuros que traería el tratado, sino que se permitió vaticinar “más igualdad, mejor preservación del medio ambiente y más posibilidades de paz en el mundo”. “Promesas grandes pero irresponsables”, dice Hanson. Al final, "el TLCAN hizo lo que predijeron los modelos económicos: lograr ganancias netas modestas, principalmente al dar a las empresas estadounidenses acceso a componentes fabricados a bajo costo, mejorando su capacidad para competir en los mercados globales". Con las expectativas levantadas en esos años por las promesas de libre comercio agotadas y quebradas, el escenario cambió rápidamente tras la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, la crisis financiera de 2008 y las consecuencias provocadas por la actual Covid-19. pandemia XNUMX, todavía difícil de precisar.
En Estados Unidos, las iniciativas propuestas por el presidente Joe Biden en su presentación ante el Congreso la semana pasada ofrecen un énfasis diferente, destacando enormes inversiones en obras públicas y medidas para paliar la situación de las familias estadounidenses, afectadas por décadas de estas políticas. Ya se habían aprobado dos billones de dólares para la recuperación de la crisis de Covid-19, y Biden ahora propone dos billones de dólares adicionales dedicados a reconstruir la infraestructura del país durante los próximos diez años. Un programa que, para algunos, representa una redefinición del papel del Estado en la economía y el fin de las ideas neoliberales sobre el tema. “Y uno no puede ni pensar que se acabó el estímulo, considerando que, según David M. Cutler y Lawrence H. Summers, el costo total de la pandemia en Estados Unidos rondaría los 16 billones de dólares”, dijo el economista español Juan Torres. López. En cualquier caso, habrá resistencia en el Congreso, y no solo de los republicanos.
Devastación
Hanson describe los efectos que tuvo el proceso de traslado de puestos de trabajo al extranjero en una vasta franja industrial en el sur de Virginia, Carolina del Norte, Georgia, Alabama y Mississippi, donde una industria manufacturera intensiva en mano de obra fue devastada por la competencia china y por el traslado de la producción a países con mano de obra más barata. Los efectos en México también son bien conocidos, como el aumento de las tensiones sociales, el crimen organizado y la violencia. La devastación provocada por estas políticas en América Latina se ha extendido en todo caso a otros países latinoamericanos.
En Colombia, por ejemplo, “el libre comercio ha traído más violencia”, dice la periodista Genevieve Glatsky en un artículo publicado el mes pasado en la revista Política exterior. Glatsky cuenta la historia del puerto de Buenaventura, en el Pacífico colombiano. Jhon Jairo Castro Balanta era un dirigente gremial portuario. En 2011, cuando se negociaba en Washington un acuerdo de promoción comercial entre ambos países, presidió el sindicato de trabajadores portuarios y fue llamado a declarar ante el Congreso estadounidense sobre las condiciones laborales que allí imperaban. Hoy, amenazado de muerte, está en Nueva York desde noviembre pasado, esperando la aprobación de su solicitud de asilo. Glatsky afirma que fue a partir de entonces que realizó la entrevista por teléfono.
En Buenaventura, localidad del Valle del Cauca de poco menos de 500 habitantes, por donde pasa más de la mitad del comercio exterior colombiano, predomina el desempleo y la violencia de bandas armadas, dijo. A medida que el conflicto armado se extendió por todo el país, creció la población que buscaba refugio en el puerto, “muchos viviendo en la más absoluta pobreza”, dice Glatsky.
Desde que se privatizó el puerto en 1993, los salarios estaban congelados, mientras aumentaba "la explotación, la tercerización, la discriminación, la humillación y todos esos abusos", denunció Castro. Los habitantes locales fueron contratados para tareas menores, a veces trabajando 24 o 36 horas seguidas, sin beneficios sociales, amenazados de muerte si se atrevían a organizarse en sindicatos, condiciones que retrasaron la negociación del acuerdo con Estados Unidos.
Para facilitar su firma, los presidentes Barack Obama y José Manuel Santos firmaron un plan de acción por los derechos laborales, apoyado por la asociación de empresas de Colombia y Estados Unidos, que afirmó que el acuerdo fortalecería las instituciones democráticas de Colombia, amenazadas por actores violentos –guerrillas, paramilitares y traficantes de drogas, y significaría “más empleos y oportunidades legítimos”. Una década después, ninguna de estas promesas se ha cumplido, asegura Glatsky. Creció la violencia mafiosa, el desempleo y el narcotráfico. 172 sindicalistas han sido asesinados desde que entró en vigor el acuerdo.
En 2017, miles de personas salieron a las calles de la ciudad en grandes protestas, que se renovaron en diciembre y enero, con el bloqueo del acceso al puerto, quejándose de las condiciones de vida y la falta de servicios básicos. Protestas que se extendieron por todo el país el pasado 28 de abril, luego de que se conociera sobre una reforma tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque, que pretende recaudar 6,3 millones de dólares. Y el 73% de ese total se cobrará a las personas y el resto a las empresas, según el ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquila.
La violencia ha aumentado en el puerto mientras bandas armadas luchan por el control de los terrenos donde está prevista la ampliación de sus instalaciones, fundamental para atender la demanda generada por los tratados de libre comercio que Colombia firmó con 17 países, incluido Estados Unidos. “Las protestas y la reciente ola de violencia son quizás lo que llevó al Departamento de Trabajo de EE. UU. a anunciar (solo una semana antes del final de la administración Trump) un acuerdo de cooperación de $ 5 millones para mejorar las condiciones laborales de los afrobrasileños.-Colombianos en el puerto de Buenaventura y en otros puertos del país”, observa Glatisky.
La política como estafa
Las promesas sobre los beneficios de los Tratados de Libre Comercio también animaron el debate en Centroamérica, donde en 2006 entró en vigor un acuerdo entre los cinco países de la región y Estados Unidos, al que se sumó República Dominicana. último país en implementar el acuerdo. Luego de una feroz resistencia popular, la decisión de adherirse se tomó en un plebiscito realizado el 7 de octubre de 2007, en el que el gobierno logró imponer su criterio en un 51,2% a favor del “Sí” y un 48,1% a favor del “No”, luego de una campaña sin escrúpulos.
Para vencer la resistencia al tratado en Costa Rica, el gobierno tuvo que usar todo tipo de armas, incluyendo amenazas hechas en las empresas contra sus trabajadores, amenazándolos con perder sus trabajos si ganaba el “No”. El presidente Oscar Arias prometió, en la prensa, que “los que hoy vengan en bicicleta, con el TLC, vendrán en motos BMW, y los que vengan en Hyundai, vendrán en Mercedes Benz”. “De eso se trata el desarrollo”, dijo. Arias afirmó que el TLC duplicaría la tasa de empleo, generando entre 300 y 500 puestos de trabajo entre 2007 y 2010, pero nada de esto sucedió cuando entró en vigor el tratado.
Ya en 2007, un informe de grupos que seguían el desempeño del tratado señaló que, contrariamente a las promesas hechas antes de la votación en Costa Rica, el tratado no estaba trayendo prosperidad a los países signatarios ni a sus poblaciones. Los niveles de creación de empleo fueron decepcionantes y la migración siguió siendo la principal válvula de escape de la pobreza. Un proceso que acabó convirtiéndose, al final, en una marea ineludible, que convirtió la presión sobre la frontera sur de Estados Unidos en un quebradero de cabeza para Washington.
Seis años después, en 2013, la tasa de desempleo en el país, según la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), era de 10,4%, cifra que estudios de la Universidad Nacional (UNA) elevan a 18 % Ligeramente inferior al 18,5% registrado hoy, pero superior al 11,9% registrado antes de la pandemia. A sólo dos meses del plebiscito, ante la posibilidad real de la derrota, el gobierno implementó una de las campañas más vergonzosas en la historia política del país. En un documento enviado por Kevin Casas, entonces vicepresidente de la República, a Arias y su hermano, el ministro de la Presidencia, se sugirieron varios pasos para revertir esta tendencia.
El documento proponía, entre otras cosas, “estimular el miedo”, que definió como de cuatro tipos: la pérdida de empleos, el ataque a las instituciones democráticas, la injerencia extranjera y el efecto del triunfo del “No” en el gobierno. Y eso es lo que hicieron en los dos meses previos al plebiscito. Pronto lanzado por Semanalmente Universidad, el documento pasó a ser conocido en la historia política del país como el “Memorándum del miedo” y el vicepresidente tuvo que renunciar a su cargo para iniciar una destacada carrera en organismos internacionales. El resultado es que el plebiscito permitió que avanzaran las privatizaciones y la concesión de obras públicas, sin reducir la pobreza, mientras crecía la concentración de la riqueza y la polarización social.
Ante la crisis del Covid-19, se hizo evidente la importancia de la red pública de seguridad social, mientras el gobierno impulsa la aprobación, en la Asamblea Legislativa, de un acuerdo con el FMI para enfrentar el creciente déficit fiscal, cuyo carácter no dejar de parecerse a la colombiana: aumento de impuestos para la población en general y negativa a aplicarlo a las empresas, especialmente a las instaladas en zonas francas.
Trabajos que no volverán
El presidente Biden dijo en su discurso del 28 de abril ante el Congreso que el programa de inversión de su administración crearía "millones de empleos bien remunerados para los estadounidenses". Biden repitió la palabra recibas nuevas vacantes en tu correo (trabajos) 43 veces en su discurso.
Pero Hanson había advertido, en el artículo citado anteriormente, que los empleos perdidos en las regiones más afectadas por la competencia del libre comercio o la automatización "no volverían". “Biden y su equipo deben considerar cuidadosamente qué puede hacer el libre comercio para ayudar a los trabajadores afectados por la globalización”, agregó. Pretender lo contrario "solo conducirá a un mayor desencanto y podría alimentar las protestas contra el libre comercio y la globalización".
Biden, sin embargo, también enfrenta el desafío de redefinir su política hacia sus vecinos centroamericanos, quienes continúan ejerciendo presión en su frontera sur. En 2015, en la Cumbre de las Américas en Panamá, Obama revisó los avances de un plan denominado “Alianza para la Prosperidad” para el Triángulo Centroamericano del Norte, formado por Guatemala, Honduras y El Salvador, que Biden había supervisado. Fue un intento de reactivar estas economías con un paquete de 750 millones de dólares en 2016, que se pretendía aumentar a mil millones de dólares en 2017, para frenar la inmigración a Estados Unidos. Sin ningún éxito, como sabemos hoy.
En 2019, Trump retuvo gran parte de esa ayuda que Biden, en plena campaña, el pasado mes de octubre, prometió aumentar hasta los cuatro mil millones de dólares. Inyectar miles de millones de dólares para reactivar el sector público, reconstruir infraestructura, facilitar recursos para la investigación en áreas tecnológicas de punta, reconstruir alianzas para enfrentar a China, encontrar soluciones a la presión migratoria en la frontera sur son algunas de las prioridades del gobierno de Biden en un muy diferente al que, hace unos 30 años, parecía prometer el libre comercio.
*Gilberto López es periodista, doctora en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica (UCR). autor de Crisis política del mundo moderno. (Uruk).
Traducción: Fernando Lima das Neves.
