por RENATO NUCCI JR.
La esclavitud moderna sirve a los intereses de la acumulación de capital y se convierte en una condición esencial para la supervivencia del capitalismo brasileño.
Un tipo que se hace llamar Luiz Philippe de Orleans e Bragança, diputado federal por el PL-SP, y que se atribuye la condición de príncipe heredero de la familia imperial brasileña, comenzó a recoger firmas en la Cámara de Diputados a favor de un Proyecto de Reforma Constitucional que modifica sustancialmente el sistema judicial brasileño. La PEC propone, por ejemplo, acabar con el Tribunal Superior Electoral. La responsabilidad de las elecciones se transferiría al Congreso Nacional, con la ayuda de la creación de la llamada Autoridad Electoral Nacional. Otro punto de la PEC sería ampliar las atribuciones de la Justicia Militar que juzgaría, además de los delitos que naturalmente son de su competencia, otros que atenten contra la soberanía nacional, la integridad territorial y el terrorismo.
Pero, entre todos los puntos de esto, lo que más llamó la atención es simplemente acabar con el Tribunal Laboral y el Ministerio Público del Trabajo (MPT). Es bueno recordar que corresponde al MPT, entre otras atribuciones, investigar las denuncias de trabajos análogos a la esclavitud. En el contexto de un capitalismo que, para garantizar la continuidad del proceso de acumulación, se repliega, en las relaciones laborales, hacia formas de explotación cada vez más saqueadoras y salvajes, la PEC presentada por el “príncipe heredero” quiere consumar este proyecto con la extinción de todas y cada una de las redes de protección laboral, por mínimas e ineficaces que sean, pero que pueden activarse e imponer algún límite a la explotación desenfrenada.
La regla deseada por el capital y sus operadores políticos es la superexplotación del trabajador sin que éste pueda demandar a la Justicia del Trabajo o incluso al Ministerio Público del Trabajo para reclamar derechos evadidos por los patrones.
La propuesta recibió, hasta el momento, la adhesión de 66 diputados federales. Por ser una PEC, necesita 171 firmas para empezar a tramitar y, si va a votación en pleno, 308 votos para ser aprobada. Entre sus 66 firmantes, la mayoría son diputados del PL (Partido Liberal), partido que se ha convertido en un bastión de la extrema derecha brasileña. Pero también lo firman diputados de Novo y União Brasil. Se destaca regionalmente entre los signatarios de diputados federales de Santa Catarina y Rio Grande do Sul.
La fuerte presencia de diputados federales de estas regiones no es una mera coincidencia. Como es bien sabido, un grupo de trabajo del Ministerio Público del Trabajo rescató a más de 200 trabajadores subcontratados, en su mayoría bahianos, de condiciones análogas a la esclavitud en bodegas de Bento Gonçalves (RS). Estos trabajadores vivían en condiciones degradantes en los cuarteles y eran golpeados por los guardias de seguridad si decidían denunciar las condiciones degradantes en las que trabajaban.
Siguieron otras denuncias, que indígenas de la etnia guaraní-kaiowá, de Mato Grosso do Sul, habían sido sometidos en igualdad de condiciones en la cosecha de manzanas en la ciudad de Vacaria y en otras ciudades de Santa Catarina durante años. Poco después, en Uruguaiana, alrededor de 90 trabajadores tercerizados que laboraban en la cosecha de arroz en predios de BASF, multinacional del sector de granos, fueron rescatados en otro operativo conjunto del Ministerio del Trabajo y Empleo y el Ministerio Público del Trabajo.
En poco tiempo comenzaron a surgir nuevas acusaciones de trabajo análogo a la esclavitud en otros estados. En Goiás, todavía en marzo, un operativo del Ministerio del Trabajo encontró cerca de 200 trabajadores, contratados en forma tercerizada por la empresa SS, para prestar servicios de corte de caña de azúcar a la empresa BP Bunge Bioenergia. Las condiciones en las que se encontraban estos trabajadores repiten el patrón de trabajo análogo a la esclavitud: condiciones degradantes como cobrar el alquiler de la vivienda y no proporcionar alimentos.
Un poco antes, en febrero, también en el estado de Goiás, una operación de varias agencias federales rescató a 139 trabajadores tercerizados empleados en un ingenio de caña de azúcar en Acreúna. Incluso en el festival super cool Lollapalooza, en São Paulo, símbolo de la industria cultural capitalista, el MPT encontró trabajadores de una empresa tercerizada en condiciones análogas a la esclavitud.
Estos casos muestran cómo estamos ante un contexto histórico marcado por formas de explotación laboral altamente regresivas, con inevitables impactos en la vida política y social del país. Situadas anteriormente con mayor frecuencia en los “fundões”, se extienden por todo el territorio nacional. En el caso de Rio Grande do Sul, según datos del Gaucho MPT, las ocurrencias de trabajadores rescatados de condiciones análogas a la esclavitud han visto un gran aumento a partir de 2021, con el registro de 76 trabajadores. Ya en 2022 la cifra salta a 156 y en 2023 el total de rescatados hasta el 03 de marzo llega a 208 trabajadores.
Las frecuentes denuncias afectaron el orgullo de la burguesía del Sur, que se construyó la imagen de una región en la que la presencia masiva de inmigrantes europeos la habría hecho culturalmente más avanzada que el Norte y el Nordeste y, por tanto, inmune a la presencia de políticos. -relaciones políticas sociales “arcaicas”
Este crecimiento de acusaciones de esclavitud moderna, como síntoma de regresión social generalizada, sirve a los intereses de acumulación de capital y se convierte en una condición esencial para la supervivencia del capitalismo brasileño. Su forma externa más aparente se manifiesta a través de la externalización de las relaciones laborales, que sirve para camuflar las formas modernas de esclavización. Es importante recordar que la tercerización irrestricta fue declarada constitucional por el Supremo Tribunal Federal en 2018. Los casos denunciados no se ubican en sectores atrasados de la producción agrícola, sino que forman parte de una cadena productiva en cuya cima se encuentran grandes empresas multinacionales, como BASF y Bunge, además de las bodegas de Rio Grande do Sul – Salton, Aurora y Garibaldi.
Este caso conmocionó un poco más la sensibilidad de algunos sectores medios, porque se trataba del uso de formas modernas de esclavitud en una cadena productiva, el vino, que en el universo ideológico burgués se asocia con el buen gusto y la sofisticación. Otro punto que denuncia la condición regresiva del capitalismo brasileño se encuentra en el origen regional de los trabajadores rescatados. Casi todos son del Nordeste, lo que revela la necesidad del desarrollo capitalista brasileño para mantener aún al Nordeste como reservorio y proveedor de mano de obra barata.
Es importante destacar que este proyecto de regresión social unifica todo el campo liberal brasileño. Está presente, en los últimos tiempos, en la multitud fascista y reaccionaria, pero también lo comparten los liberales que se presentan con un barniz democrático. Este es el caso del excongresista Rodrigo Maia, quien declaró en 2018 que “la justicia laboral no debería ni existir”.
La razón de la declaración sería que los jueces y juezas laborales estarían afrentando a la democracia, debido a la resistencia mostrada en aplicar plenamente las nuevas reglas instituidas por la reforma laboral de 2017. La diferencia entre los campos liberal-fascista y liberal-democrático es, más que contenido. Mientras el primero defiende una agresiva agenda ultraliberal sin consideraciones morales y humanitarias, el segundo aboga por unas políticas de moderación y compensación que permitan construir un “neoliberalismo” con rostro humano.
De paso, es bastante simbólico que, poco después de que cientos de trabajadores fueran rescatados de condiciones análogas a la esclavitud, un hombre que se enorgullece de portar el título de heredero de la familia imperial brasileña, los Orleans y Bragança, toma la iniciativa de presentar una PEC que suprima el Tribunal Laboral y el MPT. En el siglo XIX, durante casi 70 años, pero especialmente en el Segundo Reinado, esta familia, a través del emperador Don Pedro II, fue pieza fundamental en la creación de un Estado nacional esclavista. El príncipe heredero, con su proyecto que suprime las agencias para combatir el trabajo esclavo, hace honor a sus tradiciones familiares.
La crisis que afecta a la sociedad brasileña, en la que vemos “el futuro repitiendo el pasado”, en la definición exacta de Cazuza, resulta de la regresividad general que la afecta y que exacerba lo que convencionalmente se llama los “vicios originales” de nuestra formación social: el autoritarismo. , sobreexplotación, elitismo, racismo, patrimonialismo, etc. Esta regresividad es un resultado inevitable de la hegemonía ejercida por las formas primarias (agricultura de exportación) y parasitarias (rentistas) de acumulación de capital.
Esta estructura requiere que la burguesía brasileña profundice, desde el golpe de 2016, los instrumentos de superexplotación del trabajo y rompa con cualquier forma de pacto político-social que promueva mejoras constantes en el bienestar del pueblo. El resultado es un aumento en la frecuencia de denuncias de relaciones semiserviles análogas a la esclavitud, encubiertas bajo formas “modernas” de empleo como la tercerización. Por no hablar de la reciente generalización de formas veladas de relación laboral como la de los trabajadores de aplicaciones, o el llamado emprendimiento, que utilizan recursos tecnológicos de última generación para ocultar una alta dosis de trabajo precario.
Esta situación pone en primer plano la necesidad de revocar la reforma laboral como un paso importante en la lucha de la clase obrera brasileña en el actual período histórico. Del mismo modo, se deben realizar esfuerzos para acabar con todas las formas de subcontratación, ya sea en actividades centrales o actividades centrales. En el mismo sentido, es necesario rescatar banderas históricas de la clase trabajadora, como la reducción de la jornada laboral sin reducción de salarios.
El esfuerzo burgués es normalizar la sobreexplotación y borrar de la conciencia de las masas trabajadoras una cultura de derechos y progreso social. Esto hace urgente que la clase obrera reaccione, con los instrumentos a su alcance, si no quiere sucumbir a un proyecto que la reduce a harapos, con el propósito de mantener intactos los privilegios de las clases dominantes.
*Renato Nucci Jr. es activista de la organización comunista Arma da Crítica.
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