letargo supremo

George Rouault, Los tres jueces, c.1936
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por JOSÉ PAULO CAVALCANTI*

El Supremo se ha dado un papel que no está ni ha estado nunca en ninguna de nuestras Constituciones desde el inicio de la República.

Empiezo explicando a los lectores no iniciados en materia jurídica que todo empezó el 16/03/2015, cuando se aprobó el nuevo Código de Procedimiento Civil. Como presidente de la Comisión que lo redactó, Luiz Fux - entonces ministro del STJ y, hoy, de la Corte Suprema. Uno de los puntos más bienvenidos del nuevo Código fue precisamente la mayor extensión otorgada al art. 144 (en el CPC anterior, art. 134), inciso VIII. Eso habla de impedimentos y sospechas de magistrados, magistrados y ministros del STJ y de la Corte Suprema, en los casos “en que se presente como cliente del despacho de abogados de su cónyuge, socio o pariente, consanguíneo o similar, en forma directa o línea colateral, hasta el tercer grado”.

Por lo tanto, el Código hace explícita una norma que, estrictamente hablando, ni siquiera necesitaría convertirse en ley. Teniendo en cuenta que, claramente, un ministro (tomo, como ejemplo, sólo una categoría de cada lado) no puede juzgar un caso propuesto al tribunal por su propia esposa. Sobre la base de un principio elemental de decencia, no necesito ir más lejos.

Pero los tiempos han cambiado, señores. Y hoy, el Supremo se ha dado un papel que no está ni nunca estuvo en ninguna de nuestras Constituciones desde el inicio de la República: el de ser una especie de Poder Moderador del país. Reproduciendo el ejercido, en tiempos del Imperio, por Dom Pedro II. Un poder absoluto sin límites, ni en las leyes ordinarias, ni en la Constitución, ni en la conciencia de los ciudadanos. Y esto lo confiesan sin vergüenza alguna.

Palabras del ministro Luiz Fux: “Como Tribunal Supremo, somos editores de todo un país”. O, más explícitamente, en palabras del juez Dias Toffoli: “Ya tenemos un sistema semipresidencial, con el control del Poder Moderador que actualmente ejerce el Tribunal Supremo Federal”. Por eso, desde hace un tiempo ya no respeta el artículo 2 de esta Constitución, que establece que el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial deben ser “independientes y armoniosos”. Y así, sin mayores preocupaciones, juzga, legisla y ejecuta (administra el país).

En 2018, la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB), créanme, solicitó la declaración de inconstitucionalidad del punto VIII, el que prohíbe a los ministros juzgar casos propuestos por sus esposas. A petición de quien no se sabe. Con el argumento de que la norma “sólo sirve para molestar a algunos magistrados”. Para la AMB, no aceptar que los maridos juzguen los casos propuestos por sus esposas sería preocupante para algunos magistrados. Audiencias, Cámara de Diputados, Senado, Procuraduría General de la Unión, Procuraduría General de la República y Presidencia de la República dijeron lo obvio. No vieron ninguna inconstitucionalidad en la norma. Nuestra OAB Nacional, en ese momento y como clavada en Santa Cruz, permaneció como era de esperar en silencio. El ministro Edson Fachin, relator del caso, acompañó el entendimiento de todos ellos. Para él, sin duda con razón, la norma fue creada “para garantizar un juicio justo e imparcial”.

Sucede que el ministro Gilmar Mendes se levantó y abrió una divergencia, argumentando que su gabinete “pierde el tiempo verificando los impedimentos, sin ayudar a juzgar las causas”. Sin explicar cómo este hecho significa alguna violación a la Constitución. El economista Bruno Brandão, de Transparência Internacional, pidió la palabra para contradecirlo, diciendo que se trataba de un argumento “lamentable”, porque “las empresas privadas vienen haciendo, desde hace años, este tipo de control de los vínculos corporativos, de forma automatizada”.

Gilmar Mendes completa diciendo que la norma puede “manchar la reputación del juez” y “menoscabar no sólo la persona del juez, sino la imagen del Poder Judicial”. Quizás sea al revés, señores. Los ministros que juzgan casos propuestos por sus esposas manchan la reputación del poder judicial.

Por si fuera poco, el valiente ministro de la Cámara, Cristiano Zanin, tuvo el coraje de justificar su voto diciendo que la regla del fuera de juego “ofende la libertad de iniciativa y el derecho al trabajo y a la subsistencia”. Aparte de la falta de respeto hacia la lengua portuguesa, ¿te lo puedes creer? Al nuevo ministro no le preocupa que sea claramente inmoral que los maridos juzguen los casos propuestos por sus esposas. Porque, según él, esto “ofende la libertad de iniciativa”. Sólo me estaba riendo.

En la votación del Plenario virtual, se unieron a ambos Alexandre de Moraes, André Mendonça, Kassio Nunes Marques, Dias Toffoli y el propio Luiz Fux, quien, al redactar el nuevo Código de Procedimiento Civil, consideró esta norma moralizante. Mientras que, ahora, votó en contra. Basta recordar que Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli y Cristiano Zanin tienen mujeres al frente de cargos, entre los más caros del país, con procesos en el Supremo Tribunal Federal.

La ex ministra del STJ, Eliana Calmon, sin pelos en la lengua, dijo: “La ventana ahora quedó abierta de par en par por parte de la Corte Suprema. Los ministros ganan muy poco. Los abogados de grandes despachos ganan mucho más. Y, naturalmente, hay una división familiar. Es decir, la mujer tiene el poder económico, en los despachos; y los ministros conservan el poder político dentro del poder judicial. De esta manera ellos (marido y mujer) ganan mucho y tienen poder político en sus manos. Un apareamiento perfecto." Al final, ella misma resumió: “Están provocando la desmoralización del Poder Judicial”. Lo cual es grave porque “sin Poder Judicial no tenemos Democracia”.

Volviendo al principio del texto, como si caminara sobre un hilo sin fin, respecto de esta (otra) decisión del Tribunal Supremo, Balzac diría seguramente que se trata de “inmoralidad”. No llegaré tan lejos por cuestiones de educación. Pero digo, con la conciencia tranquila, que esto no está bien.

*José Paulo Cavalcanti, Jurista y escritor, fue Ministro de Justicia en el gobierno de José Sarney. Ocupa la silla 39 de la Academia Brasileña de Letras (ABL).


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