por CARLOS TAUTZ*
No es posible pasar por alto el papel que jugaron personalidades e instituciones del campo democrático y popular en el retraso de seis años en desentrañar quién ordenó el asesinato de Marielle y Anderson.
Este 14 de marzo de 2024 llega con la inclusión de los nombres de Flavio Dino y Andrei Rodrigues a la lista de valientes en el caso del asesinato de Marielle Franco y su conductor Anderson Gomes. Flavio Dino, ex Ministro de Justicia y ahora Ministro del Tribunal Supremo Federal, y Andrei Rodrigues, Director General de la Policía Federal, ganaron sus minutos de fama prometiendo lo que no pudieron cumplir: revelar los nombres de quienes ordenaron el crimen el una fecha determinada.
Esta es otra pieza de marketing político, ahora a nivel federal, en un caso que es una especie de hito histórico en la quiebra del Estado de derecho burgués en Río de Janeiro. Dentro de esta entidad federativa, hace tiempo que es imposible separar delincuencia y legalidad, porque ambas dimensiones se han fusionado por completo –y la evidente falta de voluntad y capacidad política de la Policía Civil y, en un poco menor medida, también del Ministerio Público estatal– en llegar a quienes ordenaron y los motivos del crimen confirman que la institución estatal de Río de Janeiro no es más que ficción y que el poder real se impone en la vida cotidiana y en medio de la calle.
Ahora, la complicidad explícita del sistema de seguridad pública de Río de Janeiro con el poder real que cometió el doble crimen nos ha llevado a un callejón sin salida. Después de seis años inexplicables sin respuestas, muchas pruebas y testigos hace tiempo que desaparecieron o fueron destruidos, hasta tal punto que somos rehenes de una supuesta acusación de que el operador del tiroteo, Ronnie Lessa, había estado negociando con la PF durante meses.
En verdad, este Ronnie Lessa –que es, hasta ahora, el autor de los disparos mortales, un miliciano con botas altas de combate y un asesino solicitado por la policía, la milicia y el Jogo do Bicho– tiene sus propios investigadores en sus manos. Es prácticamente la única gran fuente de información sobre el doble delito que gestiona esta acusación según sus intereses.
Nosotros, que todavía queremos conocer a los autores intelectuales, somos todos rehenes de Ronnie Lessa. Fuimos condenados a esta condición por la indulgencia de la Policía Civil y del MP y por la estructura del poder real de Río de Janeiro, esperando eternamente a los cinco delegados sucesivos que investigaron el caso, fiscales involucrados en luchas internas y gobernadores para llevar a cabo sus funciones principales, gente de Río de Janeiro que depende de cada vez más mega masacres de sus primeros ministros para mantener y ganar apoyo político.
Como se trata de una enciclopedia de información sobre la policía, la milicia y el Jogo do Bicho, y sus relaciones con el poder político formal en Río, Ronnie Lessa y sólo Ronnie –un ex miembro del infame Batallón de Operaciones Especiales del PM– hoy tiene la capacidad de gestionar la información que tiene a su gusto. Pero él y su banda no son los únicos responsables de este aniversario del secreto a voces y de la revelación del mapa del poder real en Río de Janeiro que podría transformar la resolución de los asesinatos de Marielle y Anderson.
No es posible pasar por alto el papel que jugaron personalidades e instituciones del campo democrático y popular en este absurdo retraso de seis años. ¿Por qué aquellos con un profundo conocimiento del verdadero esquema de poder en Río –como el ex diputado estatal Marcelo Freixo, quien presidió la Milicia CPI en la Asamblea Legislativa de Río en 2008– siempre operan para impedir que las investigaciones sean federalizadas y liberadas de las garras de los gobiernos? ¿La Policía Civil de Río de Janeiro?
¿Por qué incluso la familia de Marielle Franco se convenció de entrar en esta estrategia y nunca aceptó que una comisión internacional siguiera las investigaciones, cuando en el primer segundo después de que se conoció el crimen fue posible darse cuenta de que las instituciones de Río de Janeiro funcionarían como de costumbre y no ¿Realizarían investigaciones que tuvieran el poder de exponer la hibridación entre legalidad e ilegalidad que estructura el poder real en este estado?
La reacción de estas personalidades ante la federalización del caso fue tan fuerte que, en 2020, el Tribunal Superior de Justicia (STJ), por unanimidad, negó la solicitud de la entonces fiscal general de la República, Raquel Dodge, de trasladar la investigación a el caso a nivel federal los asesinatos.
En prueba de que ni siquiera se molestó en comprender las circunstancias del crimen, la relatora de la solicitud de federalización –lo que técnicamente se llama “incidente de cambio de competencia”–, la ahora ministra jubilada del STJ, Laurita Vaz, lo cometió aquí en su opinión sobre el asesinato, que a esas alturas ya había ocurrido hace más de dos años: “No existe sombra de negligencia, desinterés, descuido o falta de condiciones personales o materiales por parte de las instituciones estatales encargadas de investigar, procesar y sancionar a los posibles responsable de la grave violación de los derechos humanos. Por el contrario, hay un notable compromiso del equipo de policías civiles de la Comisaría de Homicidios y del Grupo de Acción Especial para la Represión del Crimen Organizado (Gaeco) del Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro”.
Todos los interesados en el crimen todavía hoy se alegran con solo recordar las palabras de Laurita Vaz.
¿Y a partir de ahora? Cuáles serán las consecuencias para la Policía Civil de la eventual resolución del crimen por parte de la PF, que demuestra claramente la falta de voluntad política de los gobiernos de Río de Janeiro desde 2018 para resolver el caso que fue el crimen político de mayor repercusión en el país ?Brasil desde que la extrema derecha hizo estallar una bomba en Riocentro en 1981?
Cabe señalar que, si algún día se esclarece el crimen, será con la entrada de la PF al caso cinco años después de la desaparición de pruebas e incluso de testigos presenciales, que fueron descubiertos hace años no por la policía, sino gracias al compromiso personal del reportero. Vera Araújo. Ella fue quien lo publicó en el periódico. El Globo la existencia de testigos, después de que la Policía Civil no se interesara por esta pista y decenas de policías que se agolparon en el lugar del crimen pocos minutos después del asesinato ahuyentaron a muchos posibles testigos.
Aún más. De confirmarse la participación en el crimen de Domingos Brazão, hoy consejero de Cuentas del Tribunal de Cuentas del Estado, ¿cuáles serán las alianzas políticas entre la organización criminal que encabeza y el actual alcalde de Río, Eduardo Paes, favorito a la reelección? ¿en noviembre? ?
*Carlos Tauz es periodista y doctorando en historia por la Universidad Federal Fluminense (UFF).
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