por RICARDO ABRAMOVAY & ALESANDRA MATE*
Se tiende a realizar un seguimiento de las actividades económicas, dada la necesidad de acelerar la lucha contra la erosión de los servicios ecosistémicos de los que depende la vida en el planeta.
El seguimiento y la certificación son cada vez más importantes en los mercados contemporáneos. La asignación de recursos a través del sistema de precios no es capaz de señalar a los agentes económicos la urgencia de cambiar comportamientos que respondan a los tres mayores desafíos ecosistémicos del desarrollo sostenible: el cambio climático, la erosión de la biodiversidad y las diferentes formas de contaminación atmosférica, terrestre y acuática.
A lo largo del siglo XX, el seguimiento y la certificación de productos agroalimentarios se centraron en cuestiones de salud. Aunque este enfoque sigue siendo fundamental, el seguimiento actual (y su prueba en certificaciones) va mucho más allá. Las actividades económicas, en su conjunto, tienden a ser objeto de seguimiento, como consecuencia de la necesidad de acelerar la lucha contra la erosión de los servicios ecosistémicos de los que depende la vida en el planeta.
Este requisito no se limita a la agricultura. Está en la raíz de los tratados comerciales globales más importantes, cambia la lógica de la Organización Mundial del Comercio y tiene un impacto decisivo en el Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Lejos de ser una forma encubierta de proteccionismo o una barrera no comercial, el seguimiento y la certificación de productos económicos se encuentran entre los instrumentos más importantes para abordar la crisis climática, la erosión de la biodiversidad y las diferentes formas de contaminación.
Estos instrumentos siempre involucran una mezcla de determinaciones legales, acciones gubernamentales e iniciativas provenientes tanto de empresas como de organizaciones de la sociedad civil. Cada vez es más habitual que las empresas se organicen para gestionar de forma anticipada la contestabilidad, firmando protocolos y compromisos, tanto con autoridades públicas como con organizaciones de la sociedad civil. Es más que una cuestión de marketing o de imagen.
Existen sistemas de legitimidad que permiten justificar las acciones empresariales y cuya ausencia aumenta de forma extraordinaria la incertidumbre de sus horizontes futuros. Estos sistemas son tanto más importantes cuanto más denso es el ámbito de actividad de las empresas en bienes colectivos. No es casualidad entonces que la producción de materias primas (y no sólo la agricultura) haya sido objeto de mesas redondas en todo el mundo desde principios del siglo XXI en las que participan empresas, asociaciones empresariales, pero también organizaciones de la sociedad civil y representantes de movimientos sociales. Estas articulaciones ejercen influencia en diferentes esferas del Estado, ya sea legislativa, judicial o ejecutiva.
En la Unión Europea, la Mecanismo fronterizo de ajuste de carbono exige que, a partir del 1/10/2023, los importadores informen sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (directas o indirectas) contenidas en los productos que pretenden vender a los consumidores del bloque. Los productos objetivo son cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno. Estos son los productos en los que el riesgo de “fuga” (“fuga”), es decir, de ganancias competitivas derivadas no de la eficiencia sino del retraso en la introducción de innovaciones que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero.
Sólo a partir del 1/01/2026 el importador tendrá que pagar, si su producto emite más que el producido en la Unión Europea. Pero todavía será en 2023 cuando los importadores tendrán que movilizar los dispositivos que les permitirán rastrear los procesos de producción de lo que importan.
Otro ejemplo de la búsqueda de transparencia (y que requiere seguimiento) como forma de abordar los problemas socioambientales contemporáneos es la aprobación, por el Parlamento Europeo en abril de 2023, de una legislación que impide la importación de productos procedentes de zonas deforestadas a partir de diciembre de 2020. XNUMX: carne de vacuno, cacao, café, aceite de palma, soja, madera, carbón y papel son los productos a los que se dirige la legislación, que también exige que los productos no violen los derechos humanos y especialmente los derechos de los pueblos indígenas.
Los importadores deberán recopilar las coordenadas geográficas del territorio donde se producen los bienes que comercializan en el mercado europeo. Además, la legislación clasifica a los países (o parte de ellos) como de riesgo bajo, medio o alto. Cuanto mayor es el riesgo, mayor es el control sobre las empresas importadoras.
Aunque Estados Unidos no ha adoptado este tipo de legislación, existe una gran presión (con apoyo bipartidista en el Senado) para seguir los pasos de Europa. También en Gran Bretaña el Ley de Medio Ambiente del Reino Unido – Anexo 17 va en la misma dirección. A diferencia de la legislación europea, la ley británica y la que están examinando los diputados en Estados Unidos sólo prohíben la deforestación ilegal.
En los mercados asiáticos, China ya cuenta con legislación vigente desde 2019 (Ley Forestal) que prohíbe la importación de madera procedente de la deforestación. Todo indica que estas restricciones se ampliarán bajo la inspiración de la legislación norteamericana y británica, es decir, prohibiendo el ingreso al país de productos provenientes de la deforestación ilegal.
Esta rápida presentación trae dos conclusiones importantes. La primera es que no son sólo los nichos de mercado sino, cada vez más, la totalidad de la producción social la que será monitoreada en su composición socioambiental. Esta es (y será cada vez más) una forma para que los propios mercados incorporen los costos de los servicios ecosistémicos que las empresas utilizan, a menudo destruyen y por los que no pagan nada.
Los análisis del ciclo de vida y el uso de tecnologías digitales en este sentido permiten masificar lo que, no hace mucho, requería controles costosos y de alcance limitado. oh blockchain, por ejemplo, tiene el potencial de fomentar el intercambio de información en una red de manera auditable y se ha utilizado en diferentes segmentos de los sectores agrícola, forestal y minero.
La segunda conclusión es que monitorear el contenido material, energético, biótico y las bases sociales de lo que la economía ofrece a la sociedad tiene costos que inevitablemente recaerán sobre las empresas. Rechazar estos costos significa perpetuar el uso destructivo de los recursos de los que depende la vida económica misma.
*Ricardo Abramovay es profesor de la Cátedra Josué de Castro de la Facultad de Salud Pública de la USP. Autor, entre otros libros, de Infraestructura para el Desarrollo Sostenible (Elefante). Elhttps://amzn.to/3QcqWM3]
*Alesandra Mate, zootecnista, es docente de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná (campus Santa Helena).
Publicado originalmente en el diario Valor económico.
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