por MANUEL DOMINGO NETO*
En el estado de derecho, las políticas de defensa, como cualquier otra política pública, deben respetar los principios constitucionales
Los horrores de las guerras de la primera mitad del siglo XX, con énfasis en las explosiones atómicas, envolvieron el término “defensa”, que no contiene una promesa de agresión. Los ministerios de guerra se denominaron cada vez más "ministerios de defensa".
Brasil está entre los últimos países en crear un Ministerio de Defensa (1999), que reunió las antiguas carteras del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Para crearlo, Fernando Henrique Cardoso reunió habilidad y coraje.
La “Defensa Nacional” debe entenderse como el conjunto de lineamientos, dispositivos e iniciativas del Estado encaminadas a protegerse de las infracciones externas o reaccionar ante el cercenamiento de su soberanía.
Los ministerios de defensa, formalmente, deben preparar instituciones y ciudadanos para disuadir o confrontar a extranjeros hostiles. Al igual que la guerra, evento de la más alta concentración política, la Defensa trasciende la jurisdicción militar.
En el estado de derecho, las políticas de defensa, como cualquier otra política pública, deben respetar los principios constitucionales. Sus formulaciones requieren amplitud de miras y profundidad en el análisis de procesos y tendencias históricas. Exigen monitorear las configuraciones del orden internacional, es decir, la percepción geopolítica y la sensibilidad estratégica.
Las políticas de Defensa Nacional exigen la sincronía entre el armamento estatal y la sociedad; exigen arreglos sistémicos e iniciativas multisectoriales de gran alcance, siempre combinadas y complementarias; incluyen un vasto repertorio de compases escalonados y no admiten improvisaciones; exigen una planificación especializada e incluyen la eliminación o mitigación de vulnerabilidades del Estado y la sociedad.
La defensa nacional no debe quedar en manos de aficionados o funcionarios capacitados para comandar tropas y manejar armas; necesita ser formulado y administrado por un cuerpo estable de servidores especializados capaces de asistir a los jefes de estado, parlamentos y el poder judicial. Los servidores de la defensa deben demostrar capacidad de interlocución con los responsables de formular y conducir las diversas políticas públicas, con los medios de comunicación, la sociedad y las bases.
Sujeta a la determinación militar, la política de defensa tiende a ser insatisfactoria debido al sesgo empresarial. Las corporaciones militares no pueden deliberar sobre la defensa; no pueden pontificar en su formulación ni administrarlos. Esto representaría la militarización abierta o subrepticia del aparato estatal y de la sociedad. Las corporaciones deben organizarse a lo largo de las líneas de defensa.
El sector industrial de armamento y equipamiento militar, así como los sectores empresariales que se ocupan de tecnologías duales sensibles (uso civil y militar), forman parte del sistema de defensa. Sin embargo, si interfieren en las decisiones políticas, habrá promiscuidad entre intereses públicos y privados.
La producción de armas y equipos, al estar en manos privadas, debe estar sujeta a un estricto control por parte del Estado. Desde el siglo XIX, cuando se consolidaron las grandes empresas de la industria de guerra, mucha sangre se ha derramado en beneficio de este sector industrial.
Las intimidades entre empresarios y militares constituyen uno de los problemas más delicados de la defensa. Las relaciones son inevitables pero peligrosas. El personal militar de reserva empleado en la industria de la defensa puede ser tan perjudicial para el interés público como los exdirectores del Banco Central contratados por bancos privados. Esto se hizo visible con las guerras mundiales, pero es un problema muy antiguo.
Los fabricantes de armas ven la guerra como una oportunidad para un negocio lucrativo. La expresión “complejo militar-industrial”, acuñada por el ex presidente estadounidense Dwight Eisenhower, en 1961, expresaba los dilemas morales que planteaba la industria de guerra, una de las ramas más rentables del sector industrial, hoy impulsada por la especulación financiera, que ignora los principios éticos. barreras
Cada Estado organiza su defensa según condiciones únicas. Las comparaciones entre los sistemas nacionales y estatales son inevitables, pero inducen a error. La medida de las capacidades militares es siempre relativa e imprecisa, tal es el número de variables a tener en cuenta. Listados como "los ejércitos más poderosos" sirven más para alimentar conceptos erróneos que para respaldar un análisis consistente. Establecer relaciones entre personal militar y dimensiones territoriales, demográficas o económicas, por ejemplo, no tiene sentido. Por estas relaciones, Rusia sería una de las potencias militares menos impresionantes del mundo.
Los Estados con pretensiones imperiales pueden tener una gran capacidad militar, pero nunca están a salvo: despiertan desconfianza y enemistad. Están expuestos a las amenazas más variadas y difusas. Están obligados a mantener gigantescos servicios de inteligencia al borde de la esquizofrenia.
Estados con territorios pequeños, recursos naturales limitados, capacidad productiva modesta, legitimados por ciudadanos cohesionados, unidos por la percepción de un destino común y con alianzas sólidas, pueden ser imbatibles. Sin tales condiciones, sobrevivirían como protectorados.
En materia de defensa, cada Estado tiene sus peculiaridades geográficas, históricas, demográficas y culturales. No existen, por tanto, fórmulas de defensa nacional replicables. En este dominio, Brasil no tiene ejemplos a seguir.
*Manuel Domingos Neto es profesor retirado de la UFC, expresidente de la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa (ABED) y exvicepresidente del CNPq.
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