por COMITÉ ARNS*
Nota Pública sobre la Masacre de Jacarezinho
La Comisión Arns hace público su más vehemente rechazo al operativo lanzado por la Policía Civil de Río de Janeiro esta mañana, en la comunidad de Jacarezinho, en el norte de la ciudad. Este es el ataque policial más mortífero en el estado desde 1989, con al menos 25 muertos confirmados y tiroteos que continuaron sin descanso durante todo el día.
Es inaceptable que esta masacre se produzca en medio de la pandemia que azota al país desde hace más de un año, con alrededor de 415 muertos. El Supremo Tribunal Federal, reconociendo el aumento del riesgo de violencia en el período, aceptó la ADPF 635, propuesta por el Partido Socialista Brasileño con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Así, los operativos policiales en las sierras y favelas de Río quedan suspendidos mientras dure la pandemia, salvo casos de alta excepcionalidad, previa información y con el seguimiento del Ministerio Público del Estado.
Lo que se está viendo en Río -una nefasta acción contra cientos de personas, autorizada por el actual gobernador, Claudio Castro, bajo el difuso pretexto de investigar la seducción de niños y jóvenes por el narcotráfico- configura claramente una situación de violencia de Estado, inspirada por instintos sádicos y ejecutados con gran brutalidad. Cuerpos ensangrentados están en las calles y callejones de Jacarezinho, las casas han sido invadidas, los teléfonos celulares confiscados, los residentes viven horas de desesperación.
¡Es necesario reaccionar ante la matanza! Que el gobernador de Río, juramentado hace apenas cinco días, asuma la responsabilidad de esta nefasta operación. Que las autoridades competentes garanticen la preservación de los lugares donde ocurrieron las muertes. Que la labor de peritaje del IML se realice dentro de los criterios técnicos exigidos, bajo la atenta mirada de la sociedad en su conjunto. Y que la decisión del STF, de suspender estas operaciones, sea plenamente respetada.
*Comisión Arns es un grupo de 20 personalidades del mundo político, juristas, académicos, intelectuales, periodistas y activistas sociales de distintas generaciones, cuyo denominador común ha sido la defensa permanente de los derechos humanos. El grupo actúa de forma voluntaria y entre partidos, junto con miles de defensores de los derechos humanos en todo el país.
