por ANDRÉ LARA RESENDE*
El Plan Real y la estabilidad de precios no restablecieron el crecimiento rápido, no redujeron la distancia con los países desarrollados y, sobre todo, no superaron el “terrible abismo entre el Brasil rico y el Brasil miserable, privado de todo”.
El Plan Real se basó en dos premisas: En primer lugar, que al final de un largo ciclo de aumento de precios, la inflación adquiere un componente inercial autónomo, independiente de sus causas primarias, lo que la hace crónica, muy resistente a cualquier intento de reducirla. a través de mecanismos tradicionales de control de la demanda y el nivel de actividad. También se vuelve propenso a acelerarse ante cualquier shock de oferta negativo.
En segundo lugar, para garantizar que la inflación no resurja, una vez superada la inercia, es imperativo que se hayan eliminado sus causas principales. Superar la inflación crónica es un proceso que lleva tiempo.
Tras los sucesivos fracasos de los intentos de superar la inercia mediante el congelamiento de precios, el Plan Real innovó. Adoptó una unidad de cuenta virtual, indexada diariamente según la inflación actual y, por tanto, con un valor real estable. La URV, la “moneda indexada”, inspirada en dos artículos originales de ALR y uno en coautoría de ALR y PA, fue el Huevo de Colón que permitió superar la inercia de la inflación.
En cuanto a las causas principales de la inflación, el diagnóstico de Real fue una mezcla de ortodoxia y heterodoxia. El componente ortodoxo fue la observación del desorden fiscal y la falta de transparencia en las cuentas públicas. El componente heterodoxo fue el diagnóstico de que gran parte de este desorden fiscal tenía su origen en el conflicto distributivo, en reclamos, tanto legítimos como ilegítimos, sobre el ingreso nacional, que no pasaban por los canales institucionales adecuados.
El PEC del Fondo de Emergencia Social, que no era ni un fondo ni un fondo social, sino una disociación de ingresos, fue la solución encontrada para encontrar espacio y dotar de un mínimo de realismo y transparencia al presupuesto. La medida de mayor alcance fue la posterior Ley de Responsabilidad Fiscal, que estableció límites y criterios estrictos para la deuda pública a nivel federal, estatal y municipal.
Las causas principales de un proceso inflacionario son más complejas y más difíciles de diagnosticar de lo que sugeriría el consenso convencional. La macroeconomía predominante actualmente asocia la inflación, principalmente, si no exclusivamente, con el déficit de las cuentas públicas y la presión de la demanda sobre la capacidad de oferta. Por tanto, se supone que, bajo cualquier circunstancia, hay que combatirlo subiendo los tipos de interés y austeridad fiscal.
Resulta que la inflación no es un fenómeno único, sino un síntoma que puede tener causas muy diferentes. Además de adquirir un componente de inercia, la inflación crónica desorganiza y torna inviable el control de las cuentas públicas. Es por ello que el documento que sirvió de base a la exposición de motivos de la Real Enmienda Constitucional de diciembre de 1994 afirma que “el reordenamiento fiscal es la piedra angular del proceso de estabilización”.
El reordenamiento fiscal debe entenderse como un presupuesto plurianual, completo y transparente, que refleje y organice las aspiraciones de la sociedad, dentro de los límites de la capacidad de la economía y con una carga fiscal que no haga inviables las inversiones y asfixie la productividad del sector privado.
Ésta no fue la reorganización fiscal implementada durante las últimas tres décadas. El saldo de caja anual del Tesoro se convirtió en el objetivo principal de la política económica y el tipo de interés básico, determinado por el Banco Central, se fijó en un nivel extraordinariamente alto.
Los altos tipos de interés, inmediatamente después del Real, podrían estar justificados. Era necesario superar la desconfianza frente a otro plan de estabilización, cuando aún no se había restablecido el crédito externo. Menos de un mes antes del anuncio de Real se había firmado el acuerdo que puso fin a la moratoria de la deuda externa, pero el país tenía bajas reservas de divisas y dependía del flujo de capital a corto plazo. Las altas tasas de interés garantizarían la atracción de capital especulativo, al menos inicialmente, lo cual es esencial para estabilizar el tipo de cambio.
Con tasas de interés excepcionalmente altas, el servicio de la deuda rápidamente se convirtió en una parte relevante de los gastos del Tesoro. Las políticas monetaria y fiscal son interdependientes y no pueden aplicarse de manera descoordinada o contradictoria. Sin embargo, el resultado primario del Tesoro, que excluye el servicio de la deuda, ha llegado a ser adoptado como referencia para una buena política macroeconómica. Aunque la tasa de interés es el principal instrumento del Banco Central, la ortodoxia financiera y fiscal se exime de responsabilidad por el costo del servicio de la deuda.
Si bien la austeridad requiere recortar gastos y aumentar la carga fiscal para hacer viable un superávit primario, la política monetaria tiene libertad para aumentar las tasas de interés e imponer un alto costo fiscal al país. Con el pretexto de financiar un déficit fiscal cuyo origen es precisamente la política de tipos de interés, el BC está autorizado a mantener altos los tipos de interés.
Desde el inicio del segundo mandato del FHC, una vez ganada la confianza en la nueva moneda y superadas las restricciones externas, mantener altas tasas de interés fue un error que sobrevivió a los gobiernos posteriores y persiste hasta el día de hoy, más de dos décadas después de la estabilización del Real.
Es comprensible celebrar los 30 años de un plan que logró superar casi cinco décadas de inflación crónica. No es necesario recordar los costos, dramáticos para todos, pero especialmente para los más pobres y asalariados, de la desorganización inflacionaria, que amenazaba con conducir a una hiperinflación abierta.
El Real fue un gran logro, pero la esperanza de que el fin de la inflación, como dice el documento base de la exposición de motivos del Real, pudiera por sí solo “mejorar la distribución del ingreso, combatir el hambre, permitir que la economía crezca y crear empleo”, no fue un gran logro. confirmado. La estabilidad de precios no restauró el crecimiento rápido, no redujo la brecha con respecto a los países desarrollados y, sobre todo, no superó el “terrible abismo entre el Brasil rico, industrializado, moderno y eficiente, y el Brasil miserable, desprovisto de todo”. , sobre lo que el documento llamó la atención. La inflación fue derrotada, pero ambos Brasil, lamentablemente, persisten.
Quizás sea precisamente esta frustración, esta esperanza incumplida, la que, hoy, tres décadas después, explica la fiesta de celebraciones y reinterpretaciones de lo que fue el Plan Real. Se celebra el fin de la inflación, para no verse obligados a reflexionar sobre las frustraciones del pasado reciente y los desafíos del presente.
Las celebraciones de este trigésimo aniversario reinterpretaron el éxito del Real como debido a la adopción de un protocolo macroeconómico convencional y conservador, basado en el trípode de altos tipos de interés, tipos de cambio flotantes y equilibrio fiscal, que se convirtió en el Santo Grial de la política económica convencional. Su adopción sería condición suficiente para la reanudación del crecimiento y cualquier desviación conduciría al desastre y al regreso de la inflación.
Se intentó vincular el éxito de Real a una agenda macroeconómica conservadora convencional y asociar el regreso de la inflación descontrolada a cualquier desviación del guión del conservadurismo ortodoxo, del fiscalismo de austeridad. Un plan de estabilización, que partió de una idea innovadora para superar una característica de la inflación crónica, nunca comprendida por la teoría convencional, ha sido ahora reinterpretado como una camisa de fuerza en defensa de la ortodoxia macroeconómica.
Dada la flagrante incapacidad de la receta conservadora para sacar al país de la mediocridad en la que está sumido, la insistencia en el guión de austeridad y altos tipos de interés, actualmente prevalente entre los analistas y los grandes medios de comunicación, a pesar de ser cada vez más criticada en el extranjero, pide una explicación.
Tengo la impresión de que el predominio del neoconservadurismo macroeconómico se debe a la falta de imaginación de la izquierda. Se debe a su insistencia en una receta de bienestar anacrónica y a su incapacidad para enfrentar los viejos vicios del patrimonialismo y el corporativismo. El contrapunto al reduccionismo fiscal no puede ser una alianza con las fuerzas del patrimonialismo y el corporativismo. Por el contrario, es necesario reconocer y combatir las fuerzas de “captura” ilegítima de ingresos, que se oponen a las fuentes “creadoras” de ingresos. Las fuerzas para captar ingresos se encuentran hoy tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo y, cada vez más, también en el poder judicial, las agencias y las autoridades locales.
El caso de la PEC 65/2023, que otorga autonomía administrativa y financiera al Banco Central, es ejemplar. Con el pretexto de consolidar la autonomía del BC, retira su presupuesto del LDO, vinculando sus gastos a un supuesto ingreso procedente del “señoreaje”, un concepto de la época de las monedas metálicas, que hoy, en un rápido avance hacia las monedas escriturales digitales, es prácticamente irrelevante. La propuesta es sólo una manera de vincular los ingresos que pertenecen al Estado al presupuesto de BC. Un expediente corporativista clásico para escapar de la disciplina presupuestaria democrática. Esta balcanización del presupuesto, a través de la proliferación de vínculos, es precisamente lo que condujo al desorden fiscal de la época de la inflación crónica, como se diagnostica en el documento que dio origen al Real.
El patrimonialismo y el corporativismo no son vicios exclusivos de la izquierda, como una vez más resulta evidente con la propuesta de autonomía financiera del BC, pero es la incapacidad de la izquierda para distinguirlos del bienestar legítimo lo que abre espacio para el predominio de una receta conservadora anacrónica y flagrantemente equivocada.
Ante el predominio de recetas conservadoras entre los analistas, los grandes medios de comunicación y, sobre todo, el mercado financiero, los gobiernos de izquierda recurren a un “pacto tecnocrático”. La tecnocracia opera el Estado en áreas vitales, incluidas y principalmente las finanzas y el Banco Central, mientras que las otras áreas del ejecutivo, “no vitales”, se distribuyen entre representantes de las fuerzas de captura de ingresos del Legislativo, el Poder Judicial y la sociedad. Condición que se defiende como necesaria para la gobernabilidad, en un presidencialismo de coalición sin verdaderos partidos políticos.
La combinación del pacto tecnocrático con el presidencialismo de coalición, que mantuvo al país en un atolladero de mediocridad durante tres décadas, ahora muestra signos de haber llegado a su límite.
Mientras la tecnocracia fiscal insiste en aumentar la carga fiscal, el BC, que con el PEC 65 se suma a las fuerzas corporativistas y patrimoniales, insiste en mantener tipos de interés extraordinariamente altos. Intereses supuestamente necesarios para financiar el déficit primario, pero cuyo resultado es un aumento del déficit nominal y una reducción del crecimiento económico. El aumento de los tipos de interés aumenta la deuda y reduce la inversión, lo que, combinado con un aumento de la carga fiscal, asfixia la economía y reduce el crecimiento. No existe receta más efectiva para una trayectoria explosiva en la relación deuda/PIB, actualmente elegida como el principal indicador de riesgo económico. Esto refuerza el coro de la ortodoxia financiera/fiscal en relación con un supuesto “riesgo fiscal”.
Concluyo con el esbozo de una hoja de ruta para escapar de la dictadura de la falta de imaginación y devolver al país al camino del verdadero desarrollo.
(i) Reformar la gobernanza del Estado con el objetivo de controlar el patrimonialismo y el corporativismo y hacerlos a favor del ciudadano, y no una fuente de dificultades burocráticas. Garantizar la seguridad, el saneamiento, la salud y la educación de calidad. Valorar el servicio público, con formación y mejora permanente, no con un enfoque exclusivo en la contención de costes.
(ii) Regulación inteligente para acercar la economía al tipo ideal de economía competitiva, algo diametralmente opuesto a “dejar hacer“Neoliberal, más cercano al ordoliberalismo alemán, donde el Estado fuerte es el garante de las instituciones que posibilitan la productividad de la sociedad.
(iii) Programa plurianual de inversiones públicas y privadas, basado en grandes objetivos de largo plazo, con seguimiento permanente y transparente de la evolución de costos y retornos.
(iv) Coordinación de las políticas monetaria y fiscal: interdependientes e inseparables a través de un pequeño consejo de expertos, de notorio conocimiento, capaz de oponerse al corsé ideológico de la macroeconomía adoptado por los analistas financieros y los grandes medios de comunicación.
Sin rescatar nuestra imaginación, secuestrada por la ortodoxia financiera y fiscal, estaremos condenados a la mediocridad, a la camisa de fuerza de la ortodoxia.
*André Lara Resende Tiene un doctorado en economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y es ex presidente del BNDES. Autor, entre otros libros, de Consenso y disparate: hacia una economía no dogmática (Pingüino). Elhttps://amzn.to/3YCZNrx]
Publicado originalmente en el diario Valor económico.
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