por EMILIO CAFASSI*
Frente a la “ley de autobuses”, la sociedad argentina ha demostrado una dinámica de movilización y protesta ante el deterioro del nexo político representativo
Poco más de 22 años después de uno de los estallidos insurreccionales más importantes de la historia moderna, Argentina se acerca una vez más a la evocación de las condiciones cualitativas que dieron origen a esa rebelión épica. La llamada "argentinozoLa crisis de diciembre de 2001 no sólo comenzó cuando el gobierno de De la Rúa asestó un nuevo y poderoso golpe a los ingresos, el empleo y el ahorro populares, sino también cuando, simultáneamente, pretendía blindar la ofensiva de las clases y corporaciones dominantes mediante una represión sangrienta legalmente amparada en el manto del estado de sitio.
No es objetivo de estas líneas establecer analogías y diferencias precisas entre aquellos momentos y el actual, sino simplemente dejar algunos apuntes que puedan ser retomados en otra oportunidad, no sin expectativas respecto de un nuevo resultado que revoque competencias gubernamentales, como en realidad sucedió entonces. ¿Quién no querría una versión que supere pacíficamente tales déjà vu historia, incluso en tus sueños? Cualquier despertar requerirá el reconocimiento de la realidad como una pesadilla: no sería un pequeño avance a la luz de regresiones muy recientes y no menos alucinatorias.
Es incuestionable que una abrumadora parte de los ciudadanos decidió arriesgarse electoralmente con un candidato que, con inflexión desconectada, se anticipó al actual consejo económico, custodiado por una represalia despiadada y furiosa por cualquier logro social, libertad civil o protección al rostro. de la implacable dirección económica. Anticipó su rumbo tanto en el poder de las armas en manos de la fuerza pública como en el poder simbólico de la exigencia de terrorismo de Estado y genocidio en el campo de la comunicación pública y la lucha político-cultural. Por si fuera poco, apoyó sus certezas en fuerzas celestiales custodiadas por un irascible consejero mastín.
Ante las protestas, una de sus actuales espadas legislativas proponía “prisión o bala”. Sin embargo, la importante minoría restante, por asombro (como en mi caso) o por convicción (en otros), expresó su apoyo a una facción que ahora huye de los dirigentes y que, en el mejor de los casos (haciendo una indulgente contrafactual), Ejercicio metodológico- habría intentado un “gobierno de unidad nacional”, es decir, algún tipo de acuerdo como el que intenta consolidar estos días Javier Milei, quizás un poco más lento o con aliados menos voraces, aunque nunca desinteresados. El hecho de que el castigo para la facción política que se fue fue mediante un caos triunfante debería exponer la magnitud del sufrimiento popular y el repudio a la indiferencia de la primera.
Las alternativas que convergieron en las elecciones, el peronismo en todas sus variantes, incluidos, digamos, los antikirchneristas (Massa y Schiaretti), por un lado, y el antiperonismo “gorila” (Bullrich y Milei), por el otro, fueron ambos heterogéneos (internamente y entre sí), y acabaron conformados por la decantación convergente de cuatro de las cinco opciones de la primera vuelta.
Quienes, en conjunto, han hecho gala de una habilidad inigualable en el uso sin escrúpulos de la “política” y de los recursos públicos materiales y simbólicos para sus propios privilegios y ostentación, para los negocios personales y para las empresas a cuyos intereses responden, entre ellos, sin duda, su principal confidente, Javier Milei, entonces miembro de la alianza con el más importante adquirente de tales recompensas: el partido del expresidente Mauricio Macri. Este último es garante de posibles incumplimientos contractuales, así como de gendarme, tras hacerse cargo de los ministerios de Seguridad y Defensa, a través de sus candidatos a presidente y vicepresidente. Así, de manera simplificada, Javier Milei sería el capitán del acorazado económico, con el macrismo al frente de las fragatas de escolta, protegiéndolo con la artillería más pesada.
La ironía de la historia, reiterándose como farsa, para usar una vieja alegoría de Marx, al elevar a lo grotesco al repentino ganador, obligó a improvisar equipos de trabajo y medidas con las que ha sido difícil reunir mecánica y dócilmente a la mayoría. necesaria de aliados y adversarios. Hasta ahora, el bufón no sólo ha recibido respeto y cortesía, sino también disponibilidad para el diálogo y lubricante para su motosierra. Pero no la sumisión. De la mayoría de los gobernadores y sus representantes legislativos chantajeados por el poder federal, que se involucran en reuniones y exigencias de intercambio, y de los muchos transgresores empedernidos que el peronismo produce ampliamente, incluso más que los clones caninos del presidente.
El tratamiento legislativo de la ley de autobuses con la que el presidente pretende arrancar su excavadora se ha pospuesto dos veces, se ha modificado cada hora y todo parece indicar que el único interés ahora es la aprobación general, aunque cada artículo sea rechazado después, como mientras se mantenga el capítulo sobre la delegación de poderes legislativos, al que me referiré más adelante.
En relación con la quinta alternativa electoral en la primera vuelta, la autodenominada “izquierda” (en estricto singular, como le gusta definirse exclusivamente), si bien no es cómplice de estas prácticas políticas cada vez más degradantes, también tiene no hay posibilidad de constituir una opción real mientras se trate simplemente de una alianza electoral de autoconservación de pequeños grupos frente al número mínimo de votos requerido por el sistema electoral para la participación política formal y la consiguiente recepción de fondos y espacios publicitarios.
El simple hecho de celebrar (sin autocrítica) el crecimiento de centésimas porcentuales (sobre un total inferior al 3%), obtener sólo un diputado sobre 130 (38 veces menos que el partido de Javier Milei) y ningún senador. , refleja el testimonialismo irrelevante que articula esta herramienta oxidada e impotente. Nunca en la historia posdictatorial de Argentina ha sido tan evidente la descomposición política del orden institucional, combinada con un aumento similar de los niveles de pobreza e indigencia, y mucho menos con la reimplementación explícitamente reforzada del programa económico de la dictadura bajo Martínez de Hoz, quien, de paso, nunca se habría atrevido a emprender el expolio de recursos, las privatizaciones y la fuga de capitales que inmediatamente se proyectan.
Quizás algunas de las medidas se pospongan. Pero el proyecto legislativo “Bases y puntos de partida -vergonzosa paráfrasis del texto fundacional de Alberdi- para la libertad de los argentinos”, que ha sufrido incesantes modificaciones apresuradas desde su tratamiento original en comisiones, si bien elimina el capítulo fiscal, pretende mantener el capítulo. de delegaciones legislativas que, de ser aprobada, permitirán al presidente, junto con el jefe de gabinete, ejercer funciones legislativas a través de decretos. Se sugiere interés en caso de votación en contra de artículos de emergencia en materia económica, financiera, fiscal, seguridad social, salud, energía, administrativa y tarifaria.
O incluso sobre la privatización de unas 40 empresas, la transferencia al Tesoro del “fondo de garantía de sostenibilidad” para las pensiones o la pretendida reforma del Estado. También en materia represiva, ya que, caso por caso, la ley original de autobuses establecía que una reunión de tres personas en un espacio público podía considerarse manifestación, aunque, en un acto de consideración a los niños en los parques infantiles, se modificó, aumentando este número a 30. No sólo amenaza con acabar con los recursos públicos, sino también con las libertades civiles elementales, el derecho de reunión y asociación, de expresión y protesta, los derechos humanos y sus garantías, algo completamente antiliberal, aunque disfrazado de libertario.
No es casualidad que un proyecto de este tipo requiera poderes delegados y que gran parte de la dirigencia política esté dispuesta a otorgarlos. Les gusta asumirlas cuando no hay control ni obligaciones y delegarlas cuando implican responsabilidad. Los conservadores radicales conciben la democracia como un vínculo fiduciario representativo, es decir, basado exclusivamente en la confianza, desprovisto de responsabilidad jurídica o inmediatamente extinguido en el mismo acto de la votación, con representantes inmediatamente autónomos.
Sin embargo, la sociedad argentina ha demostrado una dinámica de movilización y protesta ante el deterioro del nexo político representativo. Y la única manera de romper con la desconfianza es la derogación, algo que carece de instituto político en la constitución y las reglas electorales argentinas, aunque es posible en la práctica, como lo fue en 2001. Es en esa dirección que podría avanzar la protesta popular, incluso en casos como la última marcha, convocada por la burocracia sindical “gorda” de la CGT, quienes apenas vieron la luz en la ventana llamaron a la puerta con el timbre de un paro parcial para ser atendidos. Incluso estos, llamando a las calles, logran ahogar parcialmente el espantoso rugido del felino.
*Emilio Cafassi es profesor de sociología en la Universidad de Buenos Aires.
Traducción: Fernando Lima das Neves
Publicado originalmente en el portal Caras y muecas.
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