por JORGE LUIZ SOUTO MAYOR*
Ha habido varios movimientos y movilizaciones para recuperar el orden democrático, excepto la “reforma” laboral
En una decisión reciente, el ministro del STF, Dias Toffoli, calificó la detención de Lula como “uno de los mayores errores judiciales de la historia del país”. Como dijo el Ministro: “Debido a la gravedad de las situaciones atroces presentadas en estos expedientes, sumadas a las muchas otras decisiones emitidas por el STF y también hechas públicas y notorias, ahora sería posible, simplemente, concluir que la detención del denunciante, Luiz Inácio Lula da Silva, hasta que podría calificarse como uno de los mayores errores judiciales en la historia del país”.
El 21 de agosto, el TRF (Tribunal Regional Federal) de la 1ª Región, en Brasilia, mantuvo una decisión que interpuso una acción de improbidad contra el ex presidente en el caso de los “pedales fiscales”, como se conoció la apertura del crédito presupuestario. sin la aprobación del Congreso.
El 28 de agosto, la bancada del PT en la Cámara presentó un proyecto para anular simbólicamente el impeachment de la expresidenta Dilma Rousseff, sufrido en 2016. Según la noticia: “El objetivo es reparar el pasado reciente, corrigiendo uno de los mayores problemas legales errores políticos perpetrados contra una mujer seria, honesta y dedicada a la causa pública, Dilma Vana Rousseff, cuando fue injustamente sancionada con la pérdida de su cargo de Presidenta de la República”.
Lo cierto es que ha habido varios movimientos y movilizaciones, con repercusión mediática e institucional, para recuperar el orden democrático. De este modo se podrían celebrar las elecciones presidenciales y tomar juramento el candidato electo. El intento de golpe no tuvo efecto y, actualmente, algunos de los actores responsables de los ataques a edificios públicos, instituciones y democracia están siendo castigados.
En otras palabras, la defensa de la democracia está en la agenda del día, generando incluso la creación de héroes inverosímiles; y se está reparando, en cierto modo, a las personas públicas más directamente afectadas.
Pero queda mucho por hacer para lograr una reparación histórica integral, ya que estas “correcciones” ignoran solemnemente el enorme sufrimiento al que fueron sometidos millones de trabajadores brasileños en el mismo período, es decir, a partir de 2016, cuando comenzaron los ataques a la democracia. .
Un sufrimiento que, además, se profundizó durante la pandemia, dado el desprecio por la vida promovido por el entonces Presidente de la República y su necropolítica, ciertamente adoptada, que victimizó a miles de trabajadores, especialmente hombres y mujeres negros, la mayoría en los sectores más precarios. actividades- que, contradictoriamente, fueron declaradas “esenciales”, para que no se paralizaran los servicios que prestan.
De hecho, también en este aspecto las “correcciones” proyectadas han ignorado el sufrimiento experimentado por millones de hombres y mujeres (trabajadores) brasileños, ya que el interés político inmediato y la inserción mediática de ciertos agentes está prevaleciendo sobre el interés público y los postulados de primacía. de Derechos Humanos. Esto se debe a que, en lugar de priorizar acciones encaminadas a la aplicación efectiva de sanciones civiles y penales contra el ex Presidente, por los abusos cometidos contra la vida de millones de personas durante la pandemia, lo que vemos es satisfacción con la “inelegibilidad” del ex Presidente, por la comisión del delito de malversación de fondos en el caso de las joyas.
Esto, aunque idealmente sigue siendo justo y necesario, no logra el propósito de una reparación mínima para las víctimas de la negligencia gubernamental, sirviendo, más precisamente, al deleite de algunos y a las aspiraciones electorales de otros. Y, si se considera un objetivo único y satisfactorio, tiende a esconder bajo la alfombra todas las numerosas y graves irregularidades administrativas y jurídicas cometidas durante la pandemia y que se cobraron miles de vidas.
Dando un paso más atrás, es fundamental recordar que los excesos de Lava Jato, el golpe de 2016 y la detención e inhabilitación de Lula tuvieron propósitos que iban mucho más allá de éstos, que, de hecho, fueron instrumentales para ellos, y que entraron en vigor con la La abrupta subida al poder de Michel Temer y se complementaron con la elección de un representante de la extrema derecha, comprometido con este proyecto.
¿Y qué proyecto, con qué fines, era éste? En definitiva, imponer una reducción general del coste de la mano de obra, para atender a la necesidad de preservar las tasas de beneficio de las grandes empresas multinacionales, lo que evidentemente presuponía reducir las garantías laborales legales, debilitar a los sindicatos de trabajadores, socavar la fortaleza de las políticas obreras y eliminar el Estado y el Tribunal Laboral desde las relaciones laborales, además de abrir un mayor espacio a la iniciativa privada en materia de servicios públicos esenciales.
Y, concretamente, todos estos objetivos se lograron y siguen vigentes hoy. Y lo peor es que, sin esa percepción de causa y efecto, todas las repercusiones de estas aberraciones jurídicas y excesos políticos están siendo legitimadas por los mismos agentes que se presentan como defensores de la democracia y la regularidad jurídica.
Así es como, por tanto, sale indemne: la PEC del fin del mundo (CE 95/17); “reforma” laboral y “reforma” de pensiones.
Es importante darse cuenta de que todas estas iniciativas legislativas (impuestas desde arriba hacia abajo, en un momento de clara ruptura democrática) están al servicio de un proyecto social basado en: la privatización de los servicios públicos; aumento del poder del capital en las relaciones laborales; debilitamiento de los sindicatos y de la fuerza política de la clase trabajadora; priorización de la tasa de beneficio de las grandes empresas; condiciones laborales precarias.
Este proyecto ha victimizado a millones de trabajadores y se puede ver en los datos sobre: (a) de la recurrente bajada del salario medio; (segundo) el aumento de la informalidad; (C) el aumento de los casos de trabajo en condiciones similares a la esclavitud, resultado también de la subcontratación; (re) aumento del sufrimiento en el trabajo; (mi) aumento de accidentes y muertes en el trabajo.
Sin mencionar las miles de vidas perdidas durante el período de la pandemia, como resultado del abandono institucional y también de la condiciones de trabajo precarias.
Sí, hay millones de personas (trabajadores) que sufrieron y aún sufren las consecuencias de las aberraciones jurídicas y abusos políticos cometidos en Brasil a partir de 2016, y no podemos, por tanto, hablar de corregir el rumbo hasta que tengamos los ojos puestos en esta realidad y en la Los efectos producidos desde entonces no se revierten.
Para que no queden dudas sobre los vínculos mencionados anteriormente, es importante refrescar un poco la memoria sobre el proceso histórico en cuestión, sobre todo porque la cronología de los hechos es, en sí misma, reveladora.
Entonces, veamos:
– 2003 a 2015: hay un movimiento de múltiples cambios jurisprudenciales favorables a los intereses de los trabajadores; – 2012: la CNI (Confederación Nacional de la Industria), como reacción a este movimiento, publica el documento “101 Propuestas de Modernización Laboral”, atacando directa y explícitamente los avances laborales; – 29/10/15: El PMDB anuncia su programa “Un Puente hacia el Futuro”, en el que, incluso como parte del gobierno, se ofrece como una alternativa al sector económico, prometiendo realizar reformas laborales y de seguridad social;
– 02/12/15: Eduardo Cunha acepta la solicitud de acusación por Dilma Rousseff; – 04/12/15: comienza a tramitarse el impeachment en la Cámara;
– 14/12/15: FIESP y CIESP se manifiestan expresamente a favor de la acusación, reconociendo la oportunidad de lograr las reformas prometidas por Michel Temer; – 05/04/16: la CNA se pronuncia a favor de el proceso de destitución; – 14/04/16: el CNI y la CNT se pronuncian a favor del acusación; – 16/04/16: el presidente de la FIESP, Paulo Skaf, en una entrevista con el periódico El Estado de S. Pablo, anuncia: “Con la recuperación de la confianza [léase: con el impeachment de Dilma y un gobierno de Temer], la economía retomará el crecimiento, y no tardará mucho. Hay que darle crédito al presidente que asume el poder. (…) No había manera de solucionar la economía sin cambiar el gobierno”.
– 17/04/16: la apertura del proceso de acusación; – 12/05/16: Michel Temer asume la Presidencia, de manera interina; 21/05/16: a menos de 10 días de asumir la Presidencia, Michel Temer anuncia la “reforma laboral”;
– Posteriormente, en el contexto de una serie de avances y retrocesos del gobierno en relación a la implementación de reformas y con el fin de “convencer” al gobierno y a los políticos de la urgencia de las “reformas”, es posible verificar repetidas noticias publicaciones de políticos involucrados en Lava Jato, especialmente cuando el tema de las reformas parece carecer de fuerza (ver, al respecto, el texto: “Cómo Lava Jato impulsó la ‘reforma’ laboral”, de Jorge Luiz Souto Maior, publicado el 18/04/21;
– 15/06/16: propuesta PEC 241 (la “PEC del fin del mundo”); -10/12/16: se filtra información a la prensa (directa y comprometidamente interesada en la “reforma”) de que el nombre de Michel Temer había sido mencionado 43 veces en las declaraciones de Odebrecht; – 13/12/16: PEC 214 aprobado; – 15/12/16: Publicada la Enmienda Constitucional nº 95 (CE 95). El límite del gasto público, a expensas de la inversión en servicios públicos, estará vigente durante veinte ejercicios; – 17/12/16: el gobierno de Temer (a través del Ministro de Trabajo) anuncia que volverá al tema de la “reforma” laboral;
– 22/12/16: se realiza una gran plataforma en el Palacio do Planalto, para anunciar la presentación del proyecto de ley de “reforma” laboral (y la noticia Lava Jato sale de escena); – Febrero de 2017: comienza a tramitarse el Proyecto de Ley en cuestión; – 11/07/17: a menos de seis meses del inicio del proceso, la “reforma” laboral, modificando (reemplazando y agregando) más de 200 disposiciones de la CLT, todas a favor de intereses empresariales, es aprobada definitivamente en el Senado Federal;
– En la votación en el Senado destaca el discurso del senador Romero Jucá, quien reconoce las inconstitucionalidades del PL, pero sin embargo lo aprueba: “Para asegurar la aprobación del texto, que cambia puntos importantes de la Consolidación de Leyes del Trabajo ( CLT), el líder del Gobierno y relator de la reforma laboral en el Pleno, senador Romero Jucá (PMDB-RR), volvió a afirmar que el Palacio do Planalto debe promover ajustes al PLC 38/2017, ya sea por veto o medida provisional”. https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/07/11/aprovada-a-reforma-trabalhista);
– 12/07/17 (al día siguiente, por tanto): Como una especie de trofeo y agradecimiento por el objetivo alcanzado, Moro publica la sentencia de condena de Lula; – 13/07/17: gran ceremonia se realiza en Planalto, cuando el gobierno sanciona el proyecto de “reforma”; – 14/07/17: Publicada la Ley nº 13.467/17 – mientras los medios solo destacan la condena del ex Presidente; – 02/08/17: la denuncia contra Michel Temer es rechazada en la Cámara de Diputados (y ninguna investigación contra Temer continúa).
– A partir de ahí, lo que resulta evidente es la prisa por evitar la elección de Lula, para no poner en riesgo la “reforma” laboral aprobada y también para avanzar con el proyecto de aprobación de la “reforma” previsional, que no ha sido aún se ha completado; – 24/01/18: con notable rapidez, el proceso de Lula se desarrolla en 2ª instancia (TRF4), con confirmación de la condena: – 05/04/18: Decisión del STF (6×5) – Rechazo de Habeas Corpus – Autorización la detención del paciente (Lula), incluso sin que la decisión sea firme, rompiendo una tradición jurídica brasileña; – 07/04/18: Lula es llevado a prisión; – 1/9/18: el TSE rechaza el registro de la candidatura de Lula.
Lo que sí tiene efecto es la elección de un candidato que se comprometa a llevar a cabo la “reforma” previsional y a mantener e incluso profundizar la “reforma” laboral, lo que hizo, incluso, durante la pandemia a través de la MP 927 y la MP 936, posteriormente reproducido en MP 10.045 y MP 10.046.
Este presidente elegido para continuar el proceso de ruptura democrática iniciado en 2016 inicia en su primer día (01/01/2019), a través de una Medida Provisional, extinguiendo el Ministerio de Trabajo. Y, el 13 de noviembre de 2019, ofrece al poder económico la “reforma” de la Seguridad Social.
Vale la pena subrayar que, como resultado de la “reforma” laboral, los trabajadores están sufriendo y un gran número de ellos perdieron la vida en la pandemia debido a la precariedad: – debilitamiento de los sindicatos; – obstáculo al acceso a la justicia; – castigo a los trabajadores que acudieron a los tribunales con costas y honorarios del abogado del empleador; – mecanismos legales para aumentar la jornada laboral, incluso sin pago de las respectivas horas extraordinarias; – reducción de derechos mediante negociación (negociada sobre legislación); – facilitación de los despidos; – expansión de la subcontratación; – trabajo intermitente; – fin de la ultraactividad; – influencia en la postura del poder judicial laboral (asediado por los grandes medios de comunicación y el fortalecimiento del poder económico), para hacer prevalecer los intereses económicos; – naturalización de fraudes e ilegalidades laborales.
A raíz de este choque jurídico a la protección jurídica de los trabajadores y en oposición al postulado normativo del Derecho Social de poner límites al poder económico, han sido numerosas las decisiones, en el ámbito del STF, que autorizan la retractación de derechos laborales, como la ampliación de la subcontratación (ADPF 324 y RE 958252); lo negociado sobre lo legislado (Tema 1046); la consagración de obstáculos al acceso a la justicia (ADI 5766), además de la remoción intencionada (en decisiones monocráticas –RCL 59.795, por ejemplo) del Tribunal del Trabajo en la resolución de conflictos pertinentes al reconocimiento de la relación laboral.
Es cierto, por tanto, que la recuperación del orden democrático, sustentada en el respeto a la Constitución, no podrá completarse si se mantiene este nivel de descenso de los derechos sociales que son, como se ve, causa y efecto de todas las aberraciones jurídicas. y los excesos políticos cometidos a partir de 2016.
Y como información adicional para demostrar el vínculo entre rupturas democráticas, priorización de intereses empresariales y “reforma” laboral. Esta semana se dio a conocer la noticia. que uno de los que se autodenominaban “padre de la reforma laboral” fue destituido de su cargo porque permaneció en un entorno virtual en el que los empresarios tramaban los atentados del 8 de enero. Lo que ocurrió es, en sí mismo, bastante esclarecedor. Pero hay otros…
El hecho concreto es que mantener inalterados los términos de la “reforma” representa una forma de legitimar todas las ilegalidades y atrocidades políticas cometidas. Es lo mismo que decir que los ataques a la democracia pueden ser apoyados si los efectos son aquellos que sirven a los intereses del capital y sirven para oprimir aún más a la clase trabajadora. Es importante recordar que la ruptura democrática para hacer cumplir la “reforma” laboral llegó a ser defendido expresamente por uno de los medios de comunicación que dice ser defensor de la democracia.
Es más: sin revertir la situación, por el motivo que sea (dificultades en el Congreso, conveniencia electoral, etc.), lo que se promueve es una especie de alianza histórica con todas las fuerzas conservadoras y exploratorias que se unieron para imponer la acusación de la detención de Dilma Rousseff y de Lula. Así, no hay legitimidad en los argumentos reparadores de estos personajes si no se entrelazan con la derogación de los efectos producidos sobre la clase trabajadora en el mismo contexto.
La debilidad en la defensa de la Constitución, respecto de los intereses de la clase trabajadora, es, además, lo que ha favorecido el debilitamiento institucional y democrático e incluso ha socavado las fuerzas políticas necesarias para cumplir la promesa del Estado Social de elevar las condiciones sociales, económicas y humanas de trabajadores.
Vea, por ejemplo, cómo, incluso después de nueve meses de asumir el gobierno de elección popular, no fue posible llevar a cabo un proceso político para implementar una norma que garantice a los repartidores y conductores que prestan servicios a empresas propietarias de plataformas digitales el reconocimiento de la relación de trabajo y todos los demás derechos laborales.
Mucho menos se ha podido comprender la importancia de nombrar para el STF a personas cuya historia esté, de hecho, ligada a la defensa de los intereses de la clase trabajadora, y, sobre todo, a un jurista negro, para que el proceso de llevar al Poder Judicial y otras instituciones la cosmovisión de los negros, víctimas históricas de la violencia del poder económico y de las fuerzas conservadoras.
Es urgente y necesario que las fuerzas sociales se movilicen en este sentido, adoptando como prioridad absoluta la agenda intransigente de revocar la “reforma” laboral y la “reforma” de la seguridad social.
La derogación total de la “reforma”, como forma mínima de reparación para millones de personas que fueron (y siguen siendo) víctimas del golpe de 2016, la soberbia del capital, los estallidos autoritarios y los recurrentes errores judiciales, es el punto básico y esencial para que toda esta historia pueda aclararse.
De lo contrario, eso sí, si se mantiene la “reforma” laboral, incluso después de la victoria electoral de 2022 y con la implementación de medidas que reparen a Dilma y Lula y castiguen a quienes atacaron la democracia el 08 de enero, los explotadores, los oportunistas y los enemigos declarados. de la clase trabajadora seguirán siendo los grandes ganadores de todo este proceso.
Una situación similar, con tonos menos graves, se produjo en el periodo de 2003 en adelante, en el que los gobiernos y todas las instituciones jurídicas y políticas, especialmente volcadas en implementar la Constitución, en la que los derechos laborales se enuncian como Derechos Fundamentales y se integran en los principios de progresividad. y la no regresión, no pudieron (o ni siquiera se preocuparon por) revertir la situación de trabajo precario impuesta en el período neoliberal de los años 1990.
Ahora, frente a una situación mucho más grave desde el punto de vista de los efectos y mucho más evidente en términos del origen antidemocrático de la degradación jurídica, económica, social y política impuesta a la clase trabajadora, y en el contexto en el que se encuentra que fuerzas se unen para reparar los daños personales y los trastornos democráticos experimentados, es inconcebible que la historia se repita.
Esta vez no será una mera tragedia. ¡Será una gran farsa!
*Jorge Luis Souto Maior. es profesor de derecho laboral en la Facultad de Derecho de la USP. Autor, entre otros libros, de Daño moral en las relaciones laborales (Editores de estudio).
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