por ANA CLAUDIA PAÉS*
La crisis de seguridad pública y el asesinato de Fernando Villavicencio
La muerte de Villavicencio
Fernando VillavicencioEl Movimiento Construye), periodista de investigación y candidato a la presidencia de Ecuador, fue asesinado el 09 de agosto, 11 días antes de las elecciones presidenciales. Fernando Villavicencio -uno de los representantes de la derecha ecuatoriana-, quien osciló entre el cuarto y quinto lugar en las encuestas electorales, recibió un disparo a la salida de un mitin electoral en Quito y no resistió -además de él, otras nueve personas resultaron heridas .
El ataque, ocurrido por la tarde en un acto público, abre la puerta a una serie de preguntas aún sin respuesta: ¿Por qué el asesinato se llevó a cabo en un evento tan publicitado y tan cerca de las elecciones? ¿Por qué a plena luz del día? Además, un video supuestamente grabado por miembros de la facción Los Lobos, fue publicado en las redes sociales y asumiendo la responsabilidad por el asesinato del periodista, en el contenido publicado en Twitter (X), la facción no solo asumió la culpa del crimen contra la vida de Fernando Villavicencio, sino que también afirmó que los ataques serán seguir contra politicos corruptos, que no cumplen sus promesas- a medida que las relaciones entre la política y el crimen organizado en el país se vuelven cada vez más fuertes.
Sin embargo, el pasado jueves (10 de agosto) se publicó otro video, de hombres que también afirmaron ser miembros de la Los Lobos, asegurando que la facción no tuvo nada que ver con los hechos del miércoles. Aunque las autoridades no han comentado oficialmente sobre la conexión entre el asesinato y la facción, Los Lobos es la segunda organización criminal más grande de Ecuador y, según informes gubernamentales, es uno de los principales responsables de fomentar la violencia en el país.
El caótico contexto que rodea el crimen contra la vida del candidato presidencial, sumado a los indicios de involucramiento de una de las bandas más grandes del país y la atención mediática mundial, indica que los involucrados en el ataque buscaron hacer espectacular la muerte, incluso si no se conocen las razones. Además, hay que tener en cuenta las condiciones que hicieron posible el crimen, además de los involucrados directos en el homicidio, también existe una estructura de seguridad defectuosa y – según algunos expertos –, incluso en connivencia, lo que resultó en el éxito del ataque.
La muerte de Fernando Villavicencio conmocionó al mundo, pero representa sólo una pequeña parte de una crisis de larga data en la historia ecuatoriana. El tema de la seguridad pública en Ecuador y la participación de facciones criminales en la política se han agravado significativamente durante la pandemia de Covid-19, y están relacionados con las nuevas rutas de narcotráfico de los cárteles mexicanos y la conexión cada vez más estrecha que tienen con las organizaciones criminales del país. . La violencia en el país alcanza niveles cada vez más altos y los ataques y rebeliones vinculadas a pandillas locales se han vuelto alarmantemente recurrentes, así como las represalias por parte del gobierno.
Pese al crimen, el presidente Guillermo Lasso (movimiento CREO) aseguró que las elecciones, que se realizarán el próximo 20 de agosto, continuarán. Con el asesinato de Fernando Villavicencio, Guillermo Lasso decretó estado de excepción en el país -que permite a las Fuerzas Armadas salir a las calles para ayudar y apoyar el trabajo de la policía-, además, el presidente está autorizado a suspender algunos derechos de la población, como la libertad de circulación, de reunión y de información. Este mecanismo constitucional restringe la libertad de campaña y, cuando se utiliza en la recta final de las elecciones, puede trastornar en gran medida los próximos pasos de los demás candidatos. No es la primera vez que Guillermo Lasso utiliza este dispositivo constitucional en 2023. En julio de este año, el jefe de Estado decretó el estado de excepción en las cárceles tras un levantamiento en la Penitenciaría de Guayaquil.
La crisis de seguridad pública y el narcotráfico
La crisis de seguridad pública ecuatoriana es multifactorial. Ecuador es actualmente uno de los países más pobres de América Latina, la inseguridad alimentaria y social y los bajos niveles de educación son conocidos agentes impulsores del aumento de la delincuencia en una nación. Además, la corrupción estatal, otra crisis que se enfrenta desde hace años, también fomenta el crimen organizado e institucionalizado. Sin embargo, en los últimos años, el narcotráfico ha emergido como la razón más significativa de la crisis de seguridad pública en el territorio andino.
Según la ONU en el Informe Mundial sobre Drogas 2022 – Ecuador fue el tercer país con más decomisos de drogas y se ha consolidado como uno de los puntos clave en la ruta internacional para el tráfico de sustancias ilícitas. Sumándose a todas las debilidades que ya encontraba la nación en el ámbito de la seguridad social, las facciones criminales vinculadas al narcotráfico se expandieron por todo el territorio nacional. Desde 2021, Ecuador enfrenta una preocupante crisis de seguridad pública, en la que Los niveles de homicidios en el país se han disparado. Para comprender la situación actual del país, es necesario comprender la posición que ocupa la nación en el flujo del tráfico internacional de drogas, principalmente el tráfico de cocaína.
la ruta de la coca
Históricamente, Ecuador siempre ha estado presente en las trayectorias geográficas del narcotráfico latinoamericano, aunque no haya sido un punto clave de esta geopolítica de la coca. El país está ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, según el Informe de la UNODC. Sin embargo, el territorio ecuatoriano no funcionó como un punto de almacenamiento de drogas, sino como un punto estratégico en el itinerario de distribución de la cocaína.
En los últimos años, la producción de esta sustancia se ha incrementado mucho en los países andinos fronterizos con Ecuador, lo que ha llevado a los gobiernos de estas naciones a buscar ayuda internacional. Colombia, por su parte, pasó años tratando de controlar la situación interna y, con la ayuda de Estados Unidos -que tenía intereses políticos en la región-, entrenó y equipó a su policía para actuar contra las fuerzas colombianas del narcotráfico. Sin embargo, así como los gobiernos han estrechado sus redes de relaciones internacionales en el marco de la “guerra contra las drogas” para contener el crimen organizado, los cárteles encargados de organizar el narcotráfico latino también se han internacionalizado.
En 2016, el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con una de las más grandes de América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC. Con la desmovilización de las FARC en los últimos cinco años, los cárteles mexicanos se adueñaron del espacio dejado por la antigua facción hegemónica en la región. A medida que las áreas previamente controladas por las FARC quedaron bajo la tutela de las autoridades colombianas, se hicieron necesarias nuevas estrategias para permitir la distribución de cocaína latinoamericana al mundo, principalmente a Estados Unidos y Europa.
Ecuador, por su ubicación geográfica, infraestructura portuaria y economía dolarizada (junto con débiles mecanismos de control financiero), se convirtió en la locación perfecta para bandas internacionales de narcotraficantes, quienes encontraron en el pequeño país el hábitat ideal para almacenar, exportar y lavar dinero relacionado con el comercio ilegal.
Desde entonces, las facciones locales han fortalecido sus bases en Esmeraldas -ciudad en la frontera con Colombia, y Guayaquil -ciudad portuaria, responsable de recibir y exportar la mayor parte de las drogas del país- para organizar el papel de Ecuador en estas nuevas rutas de comercio internacional. sustancias ilícitas Dos bandas rivales, Los Lobos e Los Cocheneros, se convirtieron en los principales destaques en el flujo del narcotráfico en la región. Según autoridades gubernamentales, estas organizaciones criminales son financiadas por dos de los principales cárteles mexicanos, respectivamente, los cárteles Jalisco Nova Geração y Sinaloa.
Con el apoyo financiero y militar de las facciones mexicanas, que estaban interesadas en seguir exportando cantidades cada vez mayores de cocaína al resto del mundo, el crimen organizado relacionado con la coca se expandió rápidamente en Ecuador, sin que las autoridades estuvieran preparadas para enfrentar el crecimiento. de esta actividad ilícita, ya que la nación nunca había sido el punto neurálgico de la ruta de la coca antes de la caída de las FARC.
Desde 2018, el país se ha vuelto cada vez más violento, particularmente en la región de Guayaquil, el epicentro del crimen en este territorio. Desde la pandemia del COVID-19, con el recrudecimiento de la crisis económica, social y política, esta ola de violencia se ha extendido con fuerza por todo el Ecuador. Con los índices de vulnerabilidad social disparados como consecuencia de la pandemia, muchos jóvenes fueron reclutados por facciones criminales, aumentando la actividad y control de estas organizaciones y multiplicando los índices delictivos en todo el territorio. En 2022, el índice de delitos graves subió exponencialmente, Guayaquil se convirtió en escenario de varias masacres, tanto entre bandas rivales, Los Lobos e Los Cocheneros, como entre la policía y los miembros de estas asociaciones.
crisis carcelaria
En 2021, Ecuador enfrentó el inicio de una situación que se sigue repitiendo hasta el día de hoy: las masacres al interior de los centros penitenciarios. Con niveles cada vez más altos de violencia, las tasas de ocupación en las cárceles ecuatorianas continúan aumentando. En febrero de 2021, alrededor de 75 presos murieron en una serie de rebeliones simultáneas en tres cárceles del país -una de ellas, ubicada en Guayaquil-, provocadas por el enfrentamiento de facciones criminales que buscaban hacerse con el control de las cárceles. En septiembre y noviembre del mismo año, fueron asesinados respectivamente 119 y 58 presos. bajo custodia del Estado, en el penal de Guayaquil y, según las autoridades, el enfrentamiento también estuvo relacionado con la rivalidad entre las principales organizaciones criminales ecuatorianas.
Las tensiones entre la población carcelaria no cesaron en 2023, en julio de este año, 31 presos fueron descuartizados y quemados en el penal de Guayaquil -y otros 14 resultaron heridos-. Una vez más, las Fuerzas Armadas fueron llamadas por el gobierno -que volvió a declarar el estado de excepción- para contener la situación con la misma fórmula ineficaz: violencia y represión, culpando a las organizaciones criminales de la guerra carcelaria.
Sin embargo, la situación de vulnerabilidad de los presos no se trata solo de la rivalidad entre facciones, muchas rebeliones entre los presos también parten de denuncias de hambre y malos tratos, además de las condiciones insalubres que enfrentan en las celdas de hacinamiento de los centros penitenciarios. El propio Estado, con una mala política de gestión de crisis y el constante irrespeto a los derechos humanos, hace de las prisiones un verdadero concentrado de bombas de relojería –que han estallado varias veces desde 2021–.
Los residentes alrededor de las prisiones también sufren. Con las masacres y rebeliones se vuelve insostenible realizar las actividades básicas del día a día. Muchos negocios no pueden abrir, las escuelas no se sienten seguras para recibir a los niños, los trabajadores tienen miedo de salir de sus casas y la falta de sueño es una constante, al fin y al cabo, durante los días que duran las rebeliones carcelarias, el ruido de los disparos y el humo de las incendios hace imposible que las personas que viven cerca puedan dormir.
Los conflictos no solo ocurren dentro de los confines de las prisiones, los ataques y la violencia de las pandillas toman forma dentro de las prisiones, sino que se extienden por todo el país. Las explosiones de bombas y las balas perdidas, anteriormente concentradas en la vida cotidiana de los residentes de Guayaquil y Esmeraldas, los principales centros de delitos graves, se han extendido por todo el estado. Además, la economía ecuatoriana, ya profundamente sacudida desde 2015, no tiene posibilidades de reconstruirse en medio de un escenario de pánico generalizado, en el que los ciudadanos se ven constantemente imposibilitados de salir de sus casas para iniciar sus jornadas laborales.
El papel del gobierno de Lasso durante la crisis
Desde que asumió el cargo en 2021, Guillermo Lasso ha enfrentado tanto la inestabilidad política y la desaprobación de su gobierno como la crisis de la seguridad social en Ecuador. La principal estrategia de Guillermo Lasso es fomentar la represión policial y confiar en el uso de las Fuerzas Armadas para ayudar a la policía cuando sea necesario. Al finalizar su primer año en el cargo, en noviembre de 2021, Guillermo Lasso declaró el estado de emergencia para combatir los motines carcelarios y los altos índices de criminalidad.
Sin embargo, el presidente usó el estado de emergencia como muletas, ya que este mecanismo político permite mayores niveles de represión. Con el creciente descontento de la sociedad ecuatoriana en relación a Guillermo Lasso, las protestas y manifestaciones se popularizaron en todo el país, convirtiéndose en blanco de la represión ante los ojos del presidente, quien utilizó estrategias generalizadas de miedo y emergencia constitucional, en beneficio propio.
En 2022, la situación siguió deteriorándose. Apenas un año después de su mandato, Ecuador alcanzó la tasa de homicidios más alta de la historia y Guillermo Lasso declaró tres veces el estado de excepción, en intentos fallidos de tratar de controlar las actividades criminales en el estado. El año 2023, sin embargo, supera al 2022, y el país cerrará tasas de homicidios para el año con unas 40 muertes por cada 100 habitantes. Aún con la probada ineficiencia del gobierno de Lasso para combatir el crimen con represión policial –ya que los delitos solo se multiplicaron– la estrategia del gobierno se mantuvo durante 2023.
En vez de enfocarse en políticas públicas para paliar la catastrófica situación en la que se encuentra el país, Guillermo Lasso estaba más preocupado por equilibrarse para mantenerse en el poder, en medio de múltiples escándalos de corrupción. y el intento de impeachment–, que prestar atención a la construcción de políticas públicas efectivas para mitigar el caos establecido en toda la región. Bajo el viejo discurso de la “guerra contra las drogas”, Guillermo Lasso no sólo no buscó políticas públicas y medidas de contención de daños efectivas para el escenario de seguridad, sino que siguió fomentando el miedo de la población y subcontrató el tema de seguridad a la sociedad civil al anunciarlo. , en abril de este año, se aprobó un decreto presidencial que permitía portar armas a todos los civiles que cumplieran ciertos requisitos (ser mayor de 25 años y contar con un certificado de evaluación psicológica y toxicológica emitido por el Ministerio de Salud).
La medida ha sido ampliamente criticada, después de todo, los índices de violencia se exacerban y no hay evidencia de que portar armas sea capaz de reducir los índices de criminalidad. Muchos estudios demuestran exactamente lo contrario.. Las medidas que tomó Guillermo Lasso ante el contexto caótico de la seguridad social no hacen más que comprobar los motivos del descontento de la población con su gobierno y demuestran que Guillermo Lasso no sólo no logró contener la crisis, sino que también fue en gran medida responsable de perpetuarla.
Elecciones y seguridad ciudadana
A menos de 10 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, el asesinato de Fernando Villavicencio se convierte en un símbolo más de la fragilidad y profundidad de la crisis que vive el Estado ecuatoriano, tanto en su seguridad como en su democracia. El clima de tensión e inestabilidad se hizo aún más fuerte en la nación andina y no hay garantías de seguridad para el día de las elecciones, que tendrá lugar el próximo domingo (20), sólo queda el alegato del presidente del Consejo Nacional Electoral de que habrá redoblada seguridad en las zonas electorales, a través de la policía y las Fuerzas Armadas.
La precaria situación humanitaria es una emergencia inmediata, las posiciones de los candidatos en relación a la seguridad social serán decisivas tras el episodio del miércoles. El próximo presidente tendrá que lidiar con una compleja red de crisis históricas, agudizada por la mala gestión de Guillermo Lasso, que deja un país aún más dividido y vulnerable que al inicio de su gestión.
Aún es pronto para evaluar cómo los hechos de la semana pasada podrían impactar en las urnas del día 20, pero la muerte de Fernando Villavicencio podría atraer votos para propuestas alineadas con su espectro e ideales políticos -que consistían en la militarización de los puertos, alta- cárceles de seguridad y el fortalecimiento de las fuerzas militares del país-, lo que podría socavar las posibilidades de Luiza González -representante de la izquierda en las elecciones y candidata con mayor intención de votos- de ganar la carrera presidencial y colocar a Ecuador como uno de los países donde la izquierda está en ascenso en América Latina.
Ana Claudia Paes es estudiante de posgrado en Relaciones Internacionales en la UFABC.
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