por CARLO ALDROVANDI*
Dentro de la psique colectiva de Israel, los recientes procedimientos de la Corte Internacional de Justicia representan un inquietante revés de la historia.
En los últimos días, Sudáfrica presentó su caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, acusando al gobierno israelí de cometer genocidio con su ataque de 100 días contra Gaza. Con el número de muertos acercándose a 24.000 en el territorio palestino, los abogados sudafricanos han presentado los motivos por los que acusan a Israel de violar la Convención sobre el Genocidio de 1948, mientras que el equipo legal de Israel ha presentado sus contraargumentos.
El argumento de Sudáfrica es esencialmente que el ataque de Israel “tiene como objetivo provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino, que es la parte del grupo palestino en la Franja de Gaza”. Israel, a su vez, lo negó, argumentando que ha ejercido su derecho fundamental a la legítima defensa según el derecho internacional.
La convención de las Naciones Unidas fue adoptada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1948. Fue el primer tratado de derechos humanos en respuesta a las atrocidades sistemáticas cometidas por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
Fue un judío polaco, Raphael Lemkin, quien acuñó por primera vez el término “genocidio”. Lemkin era un abogado que huyó a Estados Unidos en 1939 después de que Alemania invadiera su país. Combinó dos palabras: el genos griego (raza o tribu) y latín cide (por caer, que significa matar).
Según el artículo 2 de la convención, la característica principal del crimen supremo contra la humanidad es doble. En primer lugar, las víctimas del genocidio son siempre “objetivos pasivos”. Fueron señalados por su pertenencia a un grupo nacional, étnico, racial o religioso y no por nada de lo que hicieran. Además, este delito también establece una “intención específica” de destruir, total o parcialmente, a ese grupo.
El vínculo entre las dos disposiciones es la columna vertebral de la convención. Marca límites legales que diferencian el genocidio de otros crímenes de lesa humanidad. Si bien las altas cifras de muertes a menudo generan, con razón, la condena internacional, como categoría legal, el genocidio no depende del número de víctimas civiles que puedan resultar del uso desproporcionado de la fuerza militar por parte de un Estado.
Declaraciones incendiarias
Los abogados sudafricanos hicieron todo lo posible para demostrar la intención genocida. Apoyaron esta afirmación citando algunas de las declaraciones más incendiarias de miembros de extrema derecha del gobierno israelí. El 5 de noviembre, el Ministro de Patrimonio de Israel, Amichai Eliyahu, declaró que “no hay civiles no involucrados en Gaza” y que lanzar un arma nuclear allí era una “opción”.
Eliyahu no es miembro del gabinete de guerra de tres personas de Israel. Pero la orden de Sudáfrica también informó sobre otras declaraciones controvertidas de estos altos líderes.
Poco después de los ataques del 7 de octubre, el Ministro de Defensa, Yoav Gallant, argumentó que un bloqueo completo de la ciudad de Gaza –impidiendo que el agua, los alimentos, el gas o los suministros médicos llegaran a los civiles– era una táctica de guerra legítima. El presidente israelí Isaac Herzog dijo que todos en Gaza fueron cómplices del ataque terrorista de Hamás: “La responsable es toda una nación”. El primer ministro Benjamín Netanyahu, a su vez, lanzó fuertes insinuaciones con repetidas referencias a la historia bíblica, invocando la exhortación de Dios a Israel a tratar con dureza a uno de sus enemigos para “borrar la memoria de Amalek de debajo del cielo”.
Refutación contundente
El equipo legal israelí presentó una contundente refutación. Sostuvieron que la campaña de las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza estaba justificada por el derecho inalienable a la autodefensa. Por tanto, estaba dentro de los estrictos parámetros del Derecho Internacional Humanitario. Fue Hamás, sugirieron, quien maliciosamente puso en peligro las vidas palestinas al proteger su ala militar dentro de áreas residenciales mientras lanzaba ataques contra escuelas, mezquitas, hospitales e instalaciones de la ONU.
Al abrirse a Israel, Tal Becker, asesor jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores, argumentó que Sudáfrica estaba “pidiendo al tribunal de la ONU que reemplace la lente de un conflicto armado entre un Estado y una organización terrorista sin ley por la lente de una llamada “ genocidio” por parte de un Estado contra una población civil”. Al hacerlo, Sudáfrica no le estaba dando a la CIJ una lente, sino una “venda”.
Tal Becker leyó extractos descriptivos de un vídeo compilado por el gobierno israelí que describe algunas de las supuestas atrocidades cometidas durante el ataque de Hamás del 7 de octubre. También mostró una entrevista con el alto líder de Hamás, Ghazi Hamad, hablando en la televisión libanesa el 24 de octubre, en la que parecía afirmar que Hamás apuntaba a la aniquilación total de Israel.
Ghazi Hamad dijo: “Debemos darle una lección a Israel, y lo haremos dos y tres veces. La inundación de Al-Aqsa [el nombre que Hamás dio a su ataque] es sólo la primera vez, y habrá una segunda, una tercera, una cuarta”. Esto se ofreció como prueba de que, al contrario de lo que ocurre en Sudáfrica, era Hamás quien albergaba intenciones genocidas contra los israelíes.
Cuenca histórica
Cualesquiera que sean las determinaciones finales del tribunal, la acusación formulada contra Israel constituye un hito histórico con profundas ramificaciones simbólicas. Los palestinos tradicionalmente han buscado legitimidad y reconocimiento tratando de incorporar sus aspiraciones y derechos nacionales al léxico del derecho internacional. Ahora pueden sentir cierta catarsis al ver que los representantes israelíes se ven obligados, por primera vez, a defender la conducta de su país en la guerra ante un panel de jueces de la ONU.
Dentro de la psique colectiva de Israel, los recientes procedimientos de la Corte Internacional de Justicia representan un inquietante revés de la historia. Ahora se ha invocado el crimen de genocidio contra Israel, un Estado establecido el mismo año de la convención de la ONU y con la misma lógica: proteger al pueblo judío de futuras persecuciones y destrucción.
Sin una intención demostrada, la reclamación sudafricana podría carecer de fundamento, como insistió el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, desde un punto de vista legal. Pero esta reversión por sí sola podría conservar suficiente influencia simbólica para asestar un golpe decisivo al estatus internacional de Israel.
*Carlo Aldrovandi es profesor en la Escuela de Religión del Trinity College Dublin.
Traducción: Eleutério FS Prado
Publicado originalmente en el portal Europa social.
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