por MARCELO AITH*
Los procesos de ruptura democrática comienzan invariablemente con el debilitamiento del Poder Judicial, como ocurrió en Hungría con el dictatorial Primer Ministro Viktor Orbán.
El 9 de septiembre de 2024, congresistas del ala bolsonarista presentaron un nuevo pedido de impeachment contra el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. El documento señala los siguientes hechos para fundamentar un delito de responsabilidad: “Cabe señalar que el Ministro Alexandre de Moraes habría utilizado su cargo para falsificar pruebas ilegítimas e ilegales con el objetivo de persecución política, inicio de procesos judiciales, solicitud de , aplicación de medidas legales e incluso sanciones! ¡Esto es un ataque a la democracia, al debido proceso legal, a la instrumentalidad de los actos procesales y a la seguridad jurídica!
El proceso de impeachment de un ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), en Brasil, es un procedimiento complejo que involucra varios pasos. La Constitución, en su artículo 52, fracción II, establece que corresponde al Senado Federal procesar y juzgar a los ministros del STF en delitos de responsabilidad. La Ley nº 1.079/1950, a su vez, es la norma infraconstitucional que tipifica los delitos de responsabilidad y regula el proceso judicial. Los delitos de los que son responsables los ministros del STF están específicamente enumerados en el artículo 39 de la Ley nº 1.079/1950.
Los principales delitos de responsabilidad que pueden imputarse a un ministro del STF son: extralimitación o abuso de funciones judiciales, ejercicio del poder de manera arbitraria o en violación de la legislación vigente (Ejercicio Arbitrario del Poder); dictar sentencia o decisión manifiestamente contraria al texto expreso de la Constitución o de las leyes (Decisiones en Disconformidad con las Leyes); no garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, especialmente en casos de grave violación de derechos fundamentales (Failure to Protect the Constitution); realizar actos que comprometan el honor, la dignidad y el decoro del cargo de ministro del STF (Conducta Incompatible con la Dignidad del Cargo); incurrir en actos de corrupción o aceptar ventajas indebidas por razón de su cargo (Corrupción); interferir en los deberes de otros poderes u órganos, violando el principio de separación de poderes (Interferencia Indebida).
Aunque en Brasil se adopte el sistema acusatorio –diferentes actores en el proceso para investigar, acusar y juzgar– el Reglamento Interno del Supremo Tribunal Federal autoriza que, en los supuestos enumerados en el artículo 43 (RI – STF), el ministro presida la investigaciones y participa del juicio.
De esta manera, las solicitudes de información y determinación de investigaciones dirigidas a otros órganos del poder judicial, formuladas por el ministro Alexandre de Moraes, para investigar la participación de algunas personas en los hechos del 8 de enero de 2023, aunque poco ortodoxas, están dentro del alcance. de límites establecidos por el Reglamento Interno de la Corte – norma con naturaleza de ley –, que descartaría, en teoría, las alegaciones formuladas en el pedido de impeachment presentado por diputados y senadores de Bolsonaro.
En caso de que el Senado Federal considere la admisibilidad y tramitación del pedido de acusación, deberá seguir las reglas procesales previstas en el artículo 41 de la Ley nº 1.079/1950.
En efecto, el procedimiento comienza con la presentación de una denuncia formal, que puede ser presentada por cualquier ciudadano, señalando, fundamentada, incluso indicando pruebas, que un ministro del STF cometió un delito de responsabilidad. La denuncia deberá estar fundamentada y contener prueba de los alegatos.
Tras el protocolo, los expedientes son remitidos al Presidente del Senado, quien decide si autoriza o no la tramitación. Previa autorización se integra una comisión especial, que tendrá la función de elaborar un informe sobre la denuncia y aprobar preliminarmente si cumple o no con los requisitos legales. Una vez elaborado el informe, éste puede aprobarse o rechazarse.
De ser aprobado por mayoría simple (la mitad más uno de los presentes en la comisión), el informe se eleva al Pleno del Senado para que decida sobre su admisibilidad. También por mayoría simple, si el Pleno admite el proceso de impeachment, se iniciará el procedimiento propiamente dicho, con la destitución cautelar del ministro por hasta 180 días.
No puede olvidarse que el ministro imputado tiene derecho a presentar defensa escrita y a ser oído durante el proceso. Debe garantizarse plenamente el derecho al proceso contradictorio y a la defensa plena.
Cumplida la instrucción, el caso pasa a juicio en el pleno del Senado. Vale la pena señalar, sin embargo, que el quórum necesario para la aprobación del impeachment es de dos tercios de los senadores. Una vez aprobado el impeachment, el ministro es inmediatamente destituido de su cargo y puede ser inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta por cinco años.
No hay duda de que los delitos de responsabilidad son instrumentos esenciales para garantizar que los ministros del STF cumplan sus funciones con integridad e imparcialidad. La posibilidad de un juicio político sirve como mecanismo de control y equilibrio, asegurando que el poder judicial actúe dentro de los límites constitucionales y legales, preservando la confianza pública en el sistema judicial.
Sin embargo, debemos tener mucho cuidado de que no sirva como mecanismo para atacar a opositores políticos o incluso a ministros de la Corte Suprema que tienen una posición jurídica diferente. Espero que los senadores tengan la sabiduría de no crear una inestabilidad institucional sin precedentes en el país.
No se puede olvidar que los procesos de ruptura democrática comienzan invariablemente con el debilitamiento del Poder Judicial, como ocurrió en Hungría con el primer ministro dictatorial Viktor Orbán, uno de los grandes bastiones de la extrema derecha. Viktor Orbán enseñó el camino de las piedras, arruinando la independencia del Tribunal Constitucional para establecer su “democracia iliberal” y aumentó el número de escaños en el Tribunal Supremo húngaro de 11 a 15 jueces, nombrando los cuatro nuevos puestos con jueces aliados.
Además, también aprobó mecanismos para forzar el retiro de los magistrados más antiguos de la Corte, con el claro propósito de deshacerse de aquellos que no estaban alineados con sus posiciones conservadoras. Con estas y otras medidas, Viktor Orbán debilitó el poder judicial húngaro, cambiando el equilibrio entre los tres poderes.
Las similitudes entre las acciones engendradas por el dictador húngaro, destinadas a debilitar la Corte Suprema de ese país, con las principales banderas defendidas por los bolsonaristas, no son meras coincidencias, sino métodos de ruptura democrática.
*Marcelo Aith es abogado penalista con maestría en derecho penal por la PUC-SP.
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