por LUIS FELIPE MIGUEL*
Al nombrar el golpe de Estado de 2016, Lula da un paso importante hacia la redemocratización
La derecha se enfureció por las referencias de Lula al golpe de Estado de 2016.
Un oscuro diputado bolsonarista vio esto como una razón para presentar una solicitud de juicio político contra el presidente. El jefe de la debilitada y envejecida ala juvenil del neofascismo brasileño (MBL), Kim Kataguiri, llamó a la Fiscalía General de la República (AGU) contra Lula por “desinformación”.
Factoides baratos, pero que ganan un espacio desproporcionado en la prensa convencional. Editoriales y columnistas también arremeten contra Lula, por el delito de llamar por su nombre a la destitución de Dilma Rousseff.
El argumento siempre es que el juicio político es un instrumento previsto en la Constitución, por lo que su uso es legítimo. La pregunta, sin embargo, es si este instrumento se implementó correctamente.
Rubens Casara explica de manera didáctica: “El cheque es una orden de pago. El cheque 'Bulky', sin embargo, es una estafa. El juicio político es un instrumento de control del poder. La acusación sin 'crimen de responsabilidad', sin embargo, es un golpe. Esta no es una cuestión 'ideológica', sino técnica”.
En 2016, Dilma Rousseff fue destituida de su cargo con pretextos débiles, que de ninguna manera constituyen un delito de responsabilidad. Incluso Michel Temer, en sucesivos actos fallidos, ya ha calificado el episodio de “golpe de Estado”.
Un golpe ocurre cuando partes del aparato estatal deciden unilateralmente cambiar las reglas del juego, para su propio beneficio. Así sucedió en 2016. Como suele ocurrir en los “golpes de nuevo tipo”, las Fuerzas Armadas jugaron un papel discreto –aunque adquirieron mayor protagonismo en sus desarrollos.
Y no fue una intervención puntual, encaminada a destituir a un gobernante no deseado por algunos, lo que ya sería ilegal. Fue el momento fundacional de un amplio realineamiento político y la puesta en marcha de un proyecto político que, sujeto a las reglas vigentes, había sido repetidamente derrotado en las urnas.
La ruptura de 2016 propició la puesta en marcha de un proyecto que no contó con el apoyo popular. Por tanto, aunque se afirme que el juicio político no fue un golpe (y lo fue), es claro que al menos se utilizó para dar un golpe de Estado.
Es importante señalar esto para dejar en claro que el bolsonarismo es solo la metástasis de un proyecto de retracción democrática que lo precede y lo trasciende.
Al llamar al golpe de 2016 por su verdadero nombre, Lula demuestra que sabe que el principal desafío de la reconstrucción democrática es reincorporar el campo popular como interlocutor legítimo del debate político. Eso es lo que el golpe y su derivación, el bolsonarismo, intentaron impedir.
*Luis Felipe Miguel Es profesor del Instituto de Ciencias Políticas de la UnB. Autor, entre otros libros, de Democracia en la periferia capitalista: impasses en Brasil (auténtico).
Publicado originalmente en periódico GGN .
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