por GILBERTO LOPES*
Neoliberalismo salvaje y derechos humanos, una contradicción insoluble
“Después de tantas movilizaciones, represión y dolor, el pueblo chileno dio una señal clara de su rechazo al neoliberalismo salvaje”, dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al conocer la victoria electoral de la coalición. aprecio la dignidad, pacto liderado por Gabriel Boric y constituido por el Frente Ampla y el Partido Comunista. “Y también un mandato de respeto irrestricto a los derechos humanos”, respondió Boric en un Tweet. Y agregó: “un tema en el que ni el presidente Sebastián Piñera ni el Sr. estaban a la altura”.
El 30 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llamó al recién electo presidente chileno para felicitarlo por su victoria. “Hablamos de desafíos comunes como el comercio justo, la crisis climática y el fortalecimiento de la democracia”, dijo después Boric a la prensa.
Ese mismo día, en una entrevista publicada por ex ante, un portal chileno conservador, Robert Funk, experto en relaciones internacionales, se refirió a la agenda de derechos humanos y la cumbre de la democracia impulsada por Biden a principios de diciembre. “Creo que la administración de Biden va a comenzar a impulsar más la idea de promover la democracia y los derechos humanos”, dijo Funk en la entrevista. “Eso sirve para diferenciarse de China”. “Para un país como Chile, que va a intentar jugar con los dos bandos o potencias, será complicado”, agregó.
América Latina y la Democracia
Coincidiendo con la segunda vuelta de las elecciones chilenas, a principios de diciembre, los expresidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Uruguay, José Mujica, se sumaron a las celebraciones en Buenos Aires de otro aniversario del fin de la dictadura militar Argentina ( 1976-1983). En Plaza de Mayo, acompañando al presidente Alberto Fernández ya la vicepresidenta Cristina Kirchner, cada uno se refirió a su propio concepto de democracia. Fernández había subrayado que “la democracia, sin justicia e igualdad, no es democracia”.
“Es la mejor forma de gobierno”, dijo Lula, “pero las élites económicas y políticas se han apoderado de la democracia. Yo gobernaba Brasil cuando Cristina Kirchner gobernaba Argentina; Hugo Chávez fue presidente de Venezuela; el indio Evo Morales, presidente de Bolivia; Tabaré y Mujica gobernaron Uruguay; Lugo fue presidente de Paraguay; y Bachelet y Lagos, de Chile”, recordó Lula. Vivimos mejor en ese período “cuando expulsamos el ALCA, creamos Unasur y Celac…”, y que en esas organizaciones participaba Cuba, pero no participaban ni Estados Unidos ni Canadá.
Un mes después, a principios de enero, los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de la que Argentina asumió la presidencia pro tempore, se conocieron en Buenos Aires. “La CELAC no nació para oponerse a nadie, para confrontar a ninguna institución existente, ni para entrometerse en la vida política o económica de ningún país”, dijo Fernández, mientras los líderes de la alianza conservadora argentina, “Juntos por el cambio”, rechazó la participación de Venezuela, Cuba y Nicaragua, a las que calificó de “dictaduras”.
“La CELAC surgió como un foro a favor de nosotros mismos, que siempre ha promovido el consenso y la pluralidad, en un marco de convivencia democrática, sin ningún tipo de exclusión”, agregó Fernández, marcando una diferencia en relación a “Juntos por el cambio”, a lo que se sumaron otras voces conservadoras, como las que gobiernan en Colombia y Uruguay. Brasil fue el único país ausente, tras el retiro de la Celac decidido por el presidente Jair Bolsonaro.
La comparación entre Maduro y Piñera que hace Boric no parece apuntar a ese esfuerzo por la convivencia democrática, “sin ningún tipo de exclusiones”, del que habló Fernández. A quién invitará a su toma de posesión el próximo marzo: Maduro o Guaidó; Yunior o el presidente cubano Miguel Díaz Canel; Ortega o algún representante de la oposición nicaragüense; ¿Lula o Bolsonaro (quien dijo, en referencia a su triunfo electoral, que no saludaba a los “comunistas”)?
Estados Unidos y los derechos humanos
En su respuesta a Maduro, Boric pidió “respeto irrestricto” a los derechos humanos. Días después, habló con Biden sobre el tema, como destacó al resumir el contenido de la conversación para la prensa. Pero no entró en detalles. El tema tiene una alta prioridad en la agenda internacional de la administración estadounidense, como quedó de manifiesto en la cumbre de diciembre organizada por la Casa Blanca.
Pero hace apenas unos meses, en abril pasado, cuando anunció que levantaría las sanciones aplicadas por el expresidente Donald Trump contra los miembros de la Corte Penal Internacional, el secretario de Estado Anthony Blinken dejó claro el punto de vista de la nueva administración: "nosotros Sigo estando profundamente en desacuerdo con las iniciativas de la Corte relativas a Afganistán y Palestina”.
Trump había dicho que “cualquier intento de la Corte de investigar, arrestar, detener o enjuiciar a cualquier funcionario estadounidense sin el consentimiento de Estados Unidos, o funcionarios de países aliados con Estados Unidos que no son parte del Estatuto de Roma [el acuerdo que creó la Corte en 1998], o que no aceptan la jurisdicción de la Corte, constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”. Sin mencionarlo, Trump también se refería a Israel, cuyos abusos en Palestina la Corte pretendía enjuiciar.
Al anunciar que suspendían las sanciones y amenazas impuestas por Trump contra los miembros de la Corte, Blinken reiteró que rechazan cualquier intento de someter a esta Corte a funcionarios de estados que no la reconocen, como Estados Unidos e Israel. “Creemos que nuestras preocupaciones sobre estos casos podrían resolverse mejor con la participación de todas las partes interesadas y no mediante la imposición de sanciones”, dijo.
Esta no es la posición de Estados Unidos frente a Estados a los que acusa de violar los derechos humanos, aplicando, en algunos casos, sanciones devastadoras, como Cuba y Venezuela. Y eso posiblemente también se aplique a Nicaragua. Estados Unidos, a diferencia de muchos otros Estados, no ha ratificado una gran cantidad de instrumentos en la materia, comenzando por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
La CADH fue firmada a raíz de la Conferencia Interamericana de Derechos Humanos, celebrada el 22 de noviembre de 1969 en Costa Rica, y entró en vigor en julio de 1978. En junio de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que el argelino Djamel Ameziane sufrió violaciones a estos derechos y al derecho internacional humanitario mientras estuvo preso en la base militar estadounidense de Guantánamo, en territorio cubano ocupado.
El caso, sin embargo, no llegó a la Corte Interamericana porque Estados Unidos no ha ratificado la Convención ni acepta la jurisdicción de la Corte. Este no es el caso de prácticamente todos los países latinoamericanos, que están sujetos a esta jurisdicción. Washington se ha esforzado por frenar otras iniciativas internacionales sobre derechos humanos. Cuando Costa Rica, junto con otros países, propuso un mecanismo internacional de visitas a las prisiones en 1991, Estados Unidos fue uno de los principales opositores a esta iniciativa.
Junto con Japón, Australia y otros aliados, trató por todos los medios de impedir la aprobación del Protocolo opcional a Convención de la ONU contra a La tortura e Otros tratos o castigos crueles, Inhumano o Degradante. Finalmente, el protocolo fue aprobado en diciembre de 2002, con el voto en contra de Estados Unidos, Palau, Islas Marchall y Nigeria.
Los derechos humanos como arma política
La defensa de los derechos humanos fue un instrumento importante en la resistencia a las dictaduras militares del siglo pasado, tanto en América del Sur como Central. Cuando los militares secuestraron, desaparecieron, asesinaron o torturaron a sus ciudadanos, denunciar las violaciones de derechos humanos fue un esfuerzo de supervivencia. Todas estas dictaduras fueron impuestas y gobernadas con el apoyo de Washington.
En Chile, el “Informe de la Comisión Nacional sobre Presos Políticos y Tortura”, el “Informe Valech”, publicado en 2005, dejó al descubierto el contexto en el que se produjo la prisión política y la tortura en el país, así como los métodos utilizados por torturadores Es un documento espantoso.
Luego se conocieron más detalles y se ubicaron nuevos lugares de detención y tortura, algunos de los cuales ya conocía y otros que visité el año pasado, cuando estuve en el país para cubrir la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Pero los derechos humanos se han ido transformando, poco a poco, en un arma política en manos de grupos conservadores que los utilizan para acomodar sus intereses. Con esta visión conservadora, fueron incorporados a instrumentos jurídicos regionales, como la “Carta Democrática Interamericana”, aprobada en Lima en 2001.
Puede leerse en el primer párrafo que “la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los objetivos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa , dentro del respeto al principio de no intervención”. Un párrafo que contiene todas las contradicciones con las que se ha tratado el tema. Por un lado, establece una única forma de organización política para todos los estados. Pero, dada la historia de intervenciones en la política interna de cada país, se introdujo una condición al final del párrafo: “dentro del respeto al principio de no intervención”.
un dilema
El año 2022 podría ser un año de importantes cambios políticos en América Latina. El 27 de este mes, Xiomara Castro, representante de sectores expulsados del poder en junio de 2009 por un golpe de Estado contra su esposo Manuel Zelaya, entonces presidente de la República, asumirá la presidencia de Honduras. El 11 de marzo asume Gabriel Boric en Chile. El 29 de mayo habrá elecciones en Colombia, en las que el favorito es el candidato de “Pacto Histórico”, Gustavo Petro. En Colombia, principal aliado de Estados Unidos en la región -que mantiene una fuerte presencia militar en el país-, sumida en una tradicional violencia política que los acuerdos de paz de 2016 no pusieron fin, una victoria de Petro podría tener importantes repercusiones en política regional. Y, en octubre, habrá elecciones en Brasil, donde el expresidente Lula es, por el momento, un fuerte favorito.
Podría ser un escenario propicio para la aplicación de lo que el presidente argentino, Alberto Fernández, definió como objetivos de la CELAC: “un foro a favor de nosotros mismos, que siempre ha promovido el consenso y la pluralidad, en un marco de convivencia democrática, sin ningún tipo de exclusiones”. Esto es diferente de un “respeto incondicional” por los derechos humanos.
*Gilberto López es periodista, doctora en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica (UCR). autor de Crisis política del mundo moderno. (Uruk).
Traducción: Fernando Lima das Neves
