por GILBERTO LOPES*

La historia de una rebelión o la agonía de una forma política

La forma política chilena venció el 18 de octubre de 2019, cuando estallaron grandes protestas por el aumento de los precios del transporte público, que luego se convirtió en una verdadera erupción social. Eso me dijo Fernando Atria, abogado constitucionalista, entonces miembro de la Asamblea Constituyente, elegido en mayo de 2021 por Juan Antonio Kast.

Hablé con Fernando Atria al día siguiente de la primera vuelta electoral, el 21 de noviembre de ese año, en la que Juan Antonio Kast quedó en primer lugar, con casi el 28% de los votos. Gabriel Boric, en segundo lugar, alcanzó poco menos del 26%. Una gran sorpresa, después de la rebelión real de 2019, que había llevado a la convocatoria de la Asamblea Constituyente.

Las expectativas eran enormes. Ante un resultado inesperado, toda la atención se dirigió a una incierta segunda vuelta, en la que Gabriel Boric acabó obteniendo el 56% de los votos. “La derecha cree que la Constitución de 1980 todavía funciona”, dijo Fernando Atria. “Él cree que, si fracasa el proceso constituyente, volveremos a vivir en paz, bajo estas normas constitucionales”.

Vale la pena volver al escenario de la época que -en mi opinión- Fernando Atria ayudó a iluminar: “No se puede volver a una Constitución que fue aplastada por el 80% de los votos 'aprobados' en el plebiscito que convocó la Asamblea Constituyente. Pero es un error pensar que corresponde al momento constituyente librar (y ganar) todas las batallas. Después de la nueva Constitución, la política seguirá”.

Pensaba entonces en la Constitución que se estaba redactando (y creo que todavía esperaba que se aprobara). Pero la frase sigue vigente, pensando en esta nueva, cuya elaboración recién comienza, en un escenario político diferente al de hace unos años.

El resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, según Fernando Atria, mostró que el derrumbe de una forma política, ante el surgimiento de una nueva, producía “condiciones de extraordinaria fluidez”. “Había una preocupación mucho mayor por la inseguridad, por la violencia, por la incapacidad del sistema político para mantener el orden, y eso fue capitalizado por la extrema derecha”. “Espero que este resultado haga que la Convención sea más consciente del riesgo que está tomando. Y que esto lleve… (Atria se detiene, piensa… le costó encontrar las palabras…) a una discusión constituyente más consciente de los límites a los que se enfrenta”.

A su juicio, lo fundamental de una Constitución es establecer el esquema en el que se resolverán las disputas políticas del país. Construir una forma política eficaz: esa es la tarea de la Asamblea Constituyente, garantizó Fernando Atria. “Espero que lo ocurrido el domingo (resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales) haga conscientes a los constituyentes de esto, de la necesidad de que lo que surja de la Constituyente sea reconocido por la cultura chilena como una discusión sobre la forma política de que Chile necesita. Esto es lo que conduce al éxito del proceso constituyente”.

Como sabemos, eso no sucedió. La propuesta fue rechazada meses después por una abrumadora mayoría del 62% de los votos. Para Juan Antonio Kast esto fue “la negación de la transformación que Chile necesita”. Cree, dijo en su momento, como el presidente Sebastián Piñera, en las fórmulas neoliberales y piensa insistir en ellas.

Se refería a la posibilidad de Juan Antonio Kast como Presidente de la República. Esto no sucedió. Pero ahora Kast tiene en sus manos, y en las de sus seguidores, la elaboración de una nueva versión de esa constitución que sustituya a la que se originó en el golpe de 1973 (que admira y defiende Juan Antonio Kast).

En opinión de Fernando Atria, Juan Antonio Kast y sus partidarios podrían presentar su propuesta, si gana la presidencia de la República. Pero que esto represente una solución a los problemas de Chile, ¡no! “Va en la dirección opuesta. Esto no es lo que necesita Chile: lleva a la inestabilidad, a la ingobernabilidad”.

¿Qué necesita Chile?

Visto después de 50 años del golpe, parece que Chile necesita retomar el camino de reformas interrumpido por la dictadura. El carácter controvertido del tema puede ilustrarse con una reflexión del periodista Patricio Bañado, recientemente fallecido y recordado por conducir el espacio televisivo “No” en el plebiscito de 1988, que decidió en contra de la continuación del régimen militar. En diciembre pasado, en una última entrevista, Patricio Bañado afirmó que nunca había sido simpatizante de Allende. Y agregó: "Creo que el gobierno de Allende fue uno de los grandes errores históricos de Chile".

Una frase dramática, sin duda. En su opinión, lo que debió haber ocurrido fue la continuación de las reformas iniciadas por el democratacristiano Eduardo Frei, antecesor de Allende: una reforma agraria y la nacionalización de parte del cobre. Para él, “si la izquierda se hubiera unido a la Democracia Cristiana para profundizar estos cambios y avanzar paso a paso, este proceso no podría detenerse”.

Me parece que el enunciado, así formulado, se aleja de la realidad política de la época. Se especula sobre un camino que no está sobre la mesa desde hace 50 años. Como sabemos hoy, Eduardo Frei fue una figura importante en la trama golpista, pero también fue asesinado por los mismos golpistas, envenenado cuando comenzaba a distanciarse de una dictadura que ya mostraba sus rasgos más criminales.

¿Qué necesita Chile hoy? O, analizando el tema más ampliamente, ¿qué proyecto de desarrollo necesita la izquierda latinoamericana para avanzar en las reformas que desmantelan el mundo neoliberal? Un mundo que robó los recursos públicos y destruyó todas las redes de solidaridad social, desde las organizaciones sindicales hasta las cajas de pensiones, pasando por los recursos naturales.

La esencia del modelo neoliberal es la privatización de los recursos públicos. Allende dijo que el cobre era el salario de Chile. Fue más allá de las reformas de Frei y lo nacionalizó. Con el golpe, la minería pasó a manos privadas (con excepción de los recursos que financiaban las fuerzas armadas). Pero la historia continúa. Ahora el Congreso chileno está discutiendo un aumento en derechos de autor de la minería y la política de exploración de litio.

En septiembre se cumplirán 50 años del golpe cívico-militar. Estos 50 años de historia chilena sólo pueden entenderse como la lucha por recuperar este camino. En Chile (como en Argentina y otros países), quizás nada representó un mejor ataque a los recursos públicos que la privatización del sistema de pensiones. Significó la transferencia de inmensos recursos a pequeños grupos de interés a expensas de las miserables pensiones de los contribuyentes. Manuel Riesco y su Centro de Estudios del Desarrollo Nacional Alternativa publicado estudios detallados sobre el sistema (uno de ellos, publicado en 2008, puede consultarse aquí).

A pesar de las condiciones favorables de la economía chilena, que se recuperó de una profunda crisis a principios de la década de 80, al final, “la mayoría de los afiliados simplemente no recibirían las pensiones de las AFP” (como se conoce a las entidades administradoras de pensiones). “Sus fondos acumulados al momento del retiro serían tan magros que sus pensiones alcanzarían montos irrisorios, del orden de 10 a 20 dólares mensuales para millones de afiliados, y menos del mínimo de 150 dólares para dos tercios de la fuerza laboral”, dice Manuel riesgo.

A pesar de lo clave de este tema como factor de descontento en el país, el proyecto constituyente sólo aludió a generalidades cuando dijo que “las personas mayores son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile". Agregó que “tienen derecho a envejecer dignamente; obtener mensualidades de seguridad social suficientes para una vida digna”.

Los diferentes senderos a lo largo del camino.

La lucha por recuperar el camino perdido tiene muchos senderos, rutas de rebeldía y rebeldía. La historia de Chile en esos años no se puede entender sin seguir estas luchas. La lucha de 2019 terminó por sacudir las instituciones. Pero no se caracterizó por cimentar los pilares de otros nuevos. En 2007 había ocurrido otro, el de los alumnos de secundaria, los “pingüinos”. Se repitieron en 2011, con las protestas contra la privatización de la educación. Allí se forjó Gabriel Boric y su grupo.

Pero el proyecto constituyente no recogió adecuadamente la fuerza de estas demandas. Como veremos, los temas medulares para retomar el rumbo del país solo se mencionan en el proyecto de constitución rechazado, y creo que eso fue fundamental para su rechazo por casi dos tercios de los votantes.

En lugar de un texto con una visión política que sirviera de paraguas para incorporar las diferentes demandas sectoriales, el texto reúne las posiciones de diferentes sectores, sin esa visión política que las articule. Pone a todos en competencia con todos los demás.

En este texto se expresaron con particular fuerza dos reclamos: la representación igualitaria entre hombres y mujeres en las más diversas esferas políticas y la definición de espacios para los pueblos indígenas, en especial los mapuche, en un ambiente de renovadas tensiones en la Araucanía, en el sur de la país, donde se asentó con más fuerza. El tratamiento de ambos temas no contribuyó a reunir votos a favor del proyecto que, como sabemos, también fue rechazado en las zonas con mayor presencia de pueblos indígenas.

El debate constituyente

Antes de continuar, quisiera señalar que aquí no se discute la validez de las reivindicaciones, sino el escenario, y la forma, elegida para reclamarlas.

Creo que el debate en torno a los derechos de los pueblos indígenas tiene mayor capacidad explosiva porque tiene que ver con la propiedad de la tierra. Sin desconocer la importancia de la discusión sobre la naturaleza del Estado, la tensión entre la reafirmación de su unidad y la definición de su carácter plurinacional. “Chile reconoce la convivencia de diferentes pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado”, dice el texto. “Los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos colectivos fundamentales”. En particular, “tienen derecho a la autonomía, al autogobierno ya la cultura propia”.

El texto vuelve sobre estos temas en reiteradas ocasiones, pretendiendo resolver, con estas afirmaciones, un conflicto que se encuentra en pleno apogeo, sin una visión madura sobre el tema en la sociedad. Si este tema me parece el más “explosivo”, hay otro, cuya reiteración está presente a lo largo del texto: el de la paridad en la representación de hombres y mujeres en las instituciones públicas.

El proyecto de ley afirmaba que Chile se constituía como una “república solidaria” y que su democracia era “inclusiva e igualitaria”. El Estado debe promover “una sociedad en la que participen las mujeres, los hombres, las diversidades sexuales y de género y las disidencias en condiciones de igualdad sustantiva”. Es difícil imaginar que formulaciones de este tipo cuenten con un respaldo mayoritario, como se deduce del resultado de la consulta.

Pero hay algo que me interesa aún más, y es el tratamiento de un tema relevante para el que la izquierda no ha encontrado una forma consensuada de incorporarlo a su proyecto. Naturalmente, no es mi intención resolver aquí este desafío. Pero me gustaría sugerir algo.

Uno de los problemas más relevantes para esta participación no es el establecimiento legal (o constitucional) de la paridad –que no tiene relevancia política, como veremos–, sino las tareas de cuidado. El fallido proyecto de constitución se centró, sin embargo, en la paridad.

Muy poco, o casi nada, se dijo sobre el cuidado -de niños y ancianos- que recae casi en su totalidad en las mujeres. En términos generales, se utilizó “trabajo no remunerado” para referirse a las tareas de cuidado. Esto me parece ser otro gran error. Desde mi punto de vista, este es un trabajo remunerado, y el problema es exactamente cómo se paga este trabajo.

La forma de solucionar el problema es no compartir los cuidados entre hombres y mujeres. Esto no es posible, excepto en algunos aspectos no sustantivos. La solución es que las tareas de cuidado sean asumidas por el Estado, con guarderías, guarderías y residencias de ancianos adecuadas. No se trata de pagar a los cuidadores por su trabajo. El cuidado debe ser asumido por el Estado. Es la única forma de garantizar un cuidado adecuado. Es consecuencia de los cambios económicos y sociales que han abierto las puertas del mercado laboral a las mujeres, a quienes se les debe pagar no por las tareas de cuidado, sino por su trabajo.

Nada de eso estaba contemplado en el proyecto de constitución construido sobre el concepto de “paridad”, que pretendían presentar como un gran avance. Casi nadie lo entendió así (y con razón, me parece), excepto la derecha. “Si me pones en un Congreso lleno de mujeres y todas pensaran como Margaret Thatcher, me sentiría bien representado, no tendría ningún problema”, dijo al diario. La pantalla Johannes Kaiser, un congresista republicano conocido por su enfoque conservador. La nueva constituyente estará compuesta por igual número, con igual número de hombres y mujeres, la mayoría de los cuales son conservadores.

Haciendo cambios en el país

La de 2021 no fue mi primera conversación con Fernando Atria. Tres años antes, en noviembre de 2017, se realizaron elecciones en las que Piñera ganó su segundo mandato presidencial. Fernando Atria no pudo ser elegido diputado.

Pero hablamos: “Ha habido un cambio de época en la política chilena desde las manifestaciones de 2011. Estas manifestaciones, que no fueron solo de estudiantes, produjeron un desafío al modelo neoliberal. “Todavía estamos bajo el efecto de estas movilizaciones”, dijo Fernando Atria. “Pero durante este gobierno (habla al final del segundo mandato de Michelle Bachelet), aprendimos cuál es realmente nuestro problema: es una forma política incapaz de producir transformaciones significativas en el país”.

En su opinión, la política fue “neutralizada”. No se permitían transformaciones. “Si miramos los últimos 27 años en Chile, prácticamente no ha habido cambios significativos”, dijo. “No importa cuántas personas marchen contra las AFP. No existe la posibilidad de discutir seriamente su eliminación”. “Aunque las transformaciones sean constitucionalmente posibles, no se pueden hacer porque las formas institucionales contienen una idea de lo que conviene y lo que no, de lo que es una política seria y de lo que no lo es”. “Esta política neutralizada no es lo suficientemente fuerte para hacer frente al poder económico. Sólo funciona cuando responde a los intereses de ese poder económico”.

Fernando Atria tampoco creía que fueran posibles a través de grandes acuerdos. “Cuando hay reformas que interesan al poder económico, vienen rápido. Cuando vienen de los ciudadanos, se ignoran”. Por eso dijo que la única salida era una Asamblea Constituyente. “El problema constitucional se resolverá, para bien o para mal”, dijo. “Un día, algo tiene que suceder; no mañana, tal vez, sino un día.” Para los de izquierda como nosotros, concluyó, “la prioridad es la unidad”. “Si no hay unidad de izquierda, tendremos dos izquierdas, que verán como un desafío la destrucción de la otra”. Me gustaría continuar este diálogo cuando regrese a Chile para las ceremonias del 50 aniversario del golpe.

*Gilberto López es periodista, doctora en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica (UCR). Autor, entre otros libros, de Crisis política del mundo moderno. (Uruk).

Traducción: Fernando Lima das Neves.

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