por JALDES MENESES*
El gobierno de Lula 3 mantuvo un equilibrio precario hasta 2025, con altibajos y el coste de una derrota electoral en 2024, cediendo espacios privilegiados en el aparato ejecutivo y la cuota de 51 mil millones de enmiendas parlamentarias en el presupuesto para preservar una gobernabilidad atenuada.
1.
La principal consecuencia política de las movilizaciones de 2013 fue la consolidación, paralegal, de un semiparlamentarismo informal. Este fenómeno se desarrolló en el contexto de victorias electorales consecutivas del Centrão —no solo en las disputas nacionales, sino también en las elecciones estatales y municipales—, combinadas con cambios en las reglas electorales.
La fuerza política y electoral y las estructuras de poder de los partidos del Centrão, que ya eran poderosos, no han hecho más que crecer desde 2013. Aunque ahora se manifiesta con mayor intensidad, este proceso no se originó en el actual gobierno de Lula, sino que se remonta al menos al gobierno de Jair Bolsonaro, quien negoció con el Centrão para contener el impeachment debido a las acusaciones de genocidio durante la pandemia —recordemos los 45 casos presentados por Arthur Lira—.
La crisis política del tercer mandato de Lula, aunque con características propias, tiene sus raíces institucionales en este proceso anterior. Existe una marcada discontinuidad con respecto a los dos primeros mandatos de Lula (2003-2010). Se trata fundamentalmente de una crisis política, no económica ni fiscal, aunque el énfasis en la agenda fiscal revela la hegemonía del rentismo en el bloque de las clases dominantes.
Desde la regencia y la crisis de la madurez de Don Pedro II, las formas políticas brasileñas han presentado singularidades. Aquí coexisten una dialéctica histórica de repetición, resultante de la resistencia de las estructuras sociales fundamentales, y la paradójica sensación de una situación crítica permanente.
De esta paradoja entre baja intensidad transformadora y alta temperatura trágica de la política cotidiana deriva un fenómeno peculiar: en el ámbito sociopolítico brasileño proliferan procesos y arreglos institucionales llamados “anómalos”, refractarios a los modelos clásicos del liberalismo político.
Desde al menos 2013, todos los gobiernos federales —Dilma II, Michel Temer, Jair Bolsonaro y Lula III—, lo que constituiría una especie de «ciclo» en términos de duración política, han expresado momentos de crisis orgánica del Estado brasileño. ¿Qué «crisis orgánica» sería esta? Para mí, una crisis del régimen político consolidado en la Constitución de 1988.
La llamada “Constitución Ciudadana” permitió, principalmente durante la disputa entre el PT y el PSDB, una especie de pacto liberal-democrático, operado por el “presidencialismo de coalición”, permitiendo la construcción precaria, frente al neoliberalismo dominante, de un Estado Social que opera al borde del “malestar”, y que denomino un Estado de Bienestar periférico-dependiente tardío, una constelación temprana del antiguo Estado Desarrollista de 1930 (un largo ciclo de implementación del fordismo en Brasil), que entró en debacle al final de la dictadura y que sigue bajo ataque hasta el día de hoy.
2.
Antonio Gramsci, nosotros prisión cuadernos (especialmente en el Cuaderno 13), desarrolló el concepto de crisis orgánica al analizar situaciones de poder y la estructura partidaria en períodos críticos. Superando las interpretaciones economicistas de la crisis de 1929, Antonio Gramsci destacó la relativa autonomía de la política. El parlamentarismo moderno siempre contiene elementos cesaristas, que se amplifican en las crisis. La reconstitución del Centrão no fue accidental, sino resultado de una planificación estratégica.
Las reformas electorales de 2015, bajo la dirección de Eduardo Cunha, redujeron el período de campaña de 90 a 45 días y modificaron la distribución del tiempo en los medios. El Supremo Tribunal Federal, a su vez, restringió la financiación a particulares (limitada al 10% de los ingresos declarados) y a los fondos de los partidos. Estos cambios, junto con el fin de las coaliciones proporcionales y la cláusula de barrera (PEC 2017), se consolidaron en las elecciones posteriores, fortaleciendo a las fuerzas políticas tradicionales.
Rodrigo Maia mantuvo este mecanismo para apoyar a Michel Temer. Con Arthur Lira como presidente de la Cámara de Diputados (2021-2024), el bloque parlamentario mayoritario alcanzó su máximo auge. La Resolución 84/19, al limitar las obstrucciones y agilizar los procedimientos, redujo los instrumentos de la oposición. Bolsonaro, tras el fracaso del intento de crear una base parlamentaria centrada en las bancadas temáticas (Biblia, carne y balas), en lugar de los partidos (un residuo derechista del sentido común antipolítico creado en 2013 y repetido en la Lava-Jato), cedió el control presupuestario a Arthur Lira, creando especialmente el "presupuesto secreto" y las "enmiendas Pix".
Este semiparlamentarismo informal constituyó, de hecho, un cesarismo neoliberal, liderado sucesivamente por Arthur Lira y Hugo Motta. Descrito alternativamente como una «deputadocracia» o un parlamento de «513 empresarios autónomos», este régimen requiere, en palabras del Marqués de Sade, alguien, un presidente parlamentario (cesarista) entre sus pares, una cabeza que se yergue por encima de los demás miembros del rebaño parlamentario, para «poner orden en la orgía».
El gobierno de Lula 3 mantuvo un equilibrio precario hasta 2025, con altibajos y el coste de una derrota electoral en 2024, cediendo espacios privilegiados en el aparato ejecutivo y la cuota de 51 millones de enmiendas parlamentarias en el presupuesto para preservar una gobernabilidad atenuada.
La ruptura de este frágil acuerdo, cuya “punta del iceberg” fue la cuestión de las IOF (como se destaca en el editorial) Folha de S. Pablo el 1/7/25, con cuyo contenido no estoy de acuerdo, pero concuerdo con la obvia metáfora del título), exige al gobierno al menos tres movimientos vinculados para recuperar fuerza y ser competitivo en las elecciones del próximo año: recuperar el apoyo social mayoritario, informar a la población sobre las injusticias del sistema tributario brasileño y ampliar su narrativa en las redes sociales, que pueden ser activos para el regreso de las movilizaciones callejeras.
En otras palabras, y aquí termino este breve artículo, hacer la “gran política” de las ideas fuertes y los proyectos sociales y no sólo la “pequeña política” de la negociación fría y la conciliación.
*Jaldés Meneses es profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad Federal de Paraíba (UFPB).
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