por CARLOS AUGUSTO CALIL, LEDA PAULANI e SERGIO ROSEMBERG*
Proceso de expulsión de estudiantes se basa en normativa de 1972, en el gobierno biónico de Laudo Natel
1.
La Universidad de São Paulo tomó medidas disciplinarias para expulsar a cuatro estudiantes de la carrera de ciencias moleculares “por conductas que toleran y difunden (minutos y redes sociales) el odio y la discriminación contra los estudiantes”. La investigación, que se lleva a cabo bajo secreto, se basa en el Reglamento General de la USP, decreto n. 52.906/1972, norma dictada durante el gobierno biónico de Laudo Natel.
Este regimiento fue objeto de análisis por parte de la Comisión de la Verdad de la USP, presidida por los eminentes profesores Dalmo Abreu Dallari y Janice Theodoro da Silva, teniendo en cuenta el patrón de violaciones de derechos humanos en la USP durante la dictadura.
El informe final emitió varias recomendaciones. El número 5 determinó “Adecuar el Reglamento General de la Universidad, en materia de sanciones disciplinarias al personal docente y estudiantil, a fin de compatibilizarlas con la gestión democrática de la docencia, principio integrante de la Constitución Federal”.
Lamentablemente, la USP no cumplió con esta recomendación de eliminar de las regulaciones las disposiciones manifiestamente inconstitucionales. En consecuencia, la acusación invoca el artículo 250 del régimen disciplinario: “Acto que atenta contra la moral o las buenas costumbres” (formulación vaga que permitió a la dictadura incluir bajo esa etiqueta lo que las autoridades quisieran); “perturbar el trabajo escolar, así como el funcionamiento de la administración de la USP” (negando el derecho de huelga, consagrado en la Constitución de 1988); “promover manifestaciones o propaganda de carácter político, racial o religioso, así como incitar, promover o apoyar ausencias colectivas a los trabajos escolares” (esta astuta combinación tenía como objetivo reprimir cualquier crítica a la dictadura y prohibir las protestas estudiantiles).
El sustento del actual proceso es el acta de la asamblea estudiantil del Centro Académico Favo 22, de la carrera de ciencias moleculares, del 10/10/2023, que decidió la continuación del paro estudiantil en curso. Contiene un informe sobre la situación en Palestina después del 7 de octubre en Gaza, publicado por el periódico FSP del 24/10/2024, considerado por el coordinador del curso de ciencias moleculares y por autoridades superiores como una manifestación de odio y antisemitismo. En el informe, además de las críticas a Israel, no hay nada que constituya un crimen de odio o antisemitismo.
2.
En un informe publicado el pasado jueves (14), la ONG Human Rights Watch estima que las repetidas órdenes de evacuación en la Franja de Gaza, que imponen desplazamientos forzados a la población, constituyen un “crimen de guerra”. Y afirma que “las acciones de Israel también parecen ajustarse a la definición de limpieza étnica” en zonas donde el Ejército ordenó a los palestinos salir sin poder regresar.
El 8 de noviembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, publicó un informe que muestra cómo los civiles palestinos fueron los más afectados por los ataques resultantes del “asedio completo” inicial de Gaza por parte de las fuerzas israelíes, que destruyeron la infraestructura civil y promovieron repetidos desplazamientos masivos. Esa conducta ha causado niveles sin precedentes de asesinatos, muertes, hambrunas y enfermedades.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya, máximo órgano judicial de la ONU, ha destacado, en órdenes desde 2023, las obligaciones internacionales de Israel de prevenir, proteger y castigar actos de genocidio. También declaró que la ocupación israelí de territorios palestinos es ilegal, al igual que los asentamientos de colonos judíos en esas zonas.
El informe de los estudiantes informó sobre todos estos temas, confirmados por decisiones e informes de la ONU durante los 12 meses posteriores a su publicación en esas actas. Si el Comité de Procesamiento, al examinar el texto de los estudiantes, no tiene en cuenta lo ocurrido en Gaza en los últimos 12 meses, incurrirá en una injusticia flagrante, así como en un anacronismo inaceptable.
Esperamos que los colegas del Comité de Procesamiento no se dejen intimidar por la presión de los grupos de interés que intentan instrumentalizar los órganos de la Universidad de São Paulo a favor de su agenda política. Hacemos un llamamiento a los compañeros: eximir a los estudiantes de acusaciones y sanciones de origen autoritario que pesan sobre sus carreras, hasta el punto de hacerlas inviables, dando ejemplo de justicia.
Carlos Augusto Calil, profesor de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la USP, es ex secretario municipal de Cultura de São Paulo (2005-12).
*Leda Paulani, profesor titular de la Facultad de Economía de la USP, fue secretario municipal de Planificación de São Paulo (2013-2015).
*Sérgio Rosemberg Es profesor titular de la Facultad de Medicina de la USP y profesor emérito de la Facultad de Ciencias Médicas de la Santa Casa de São Paulo..
Publicado originalmente en el diario Folha de S. Pablo.
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