por DIANA CAROLINA ALFONSO*
Paro Nacional: jaque mate al uribismo
Esta semana, la encuesta “Polimetría de figuras y conceptosreveló que las opiniones a favor de Iván Duque aumentaron al 65%. Hasta este momento de gobierno, el presidente colombiano ha visto dos veces degradada su imagen. El primero, luego de las movilizaciones de 2019. Este es precisamente el lapso de tiempo que marca la caída del modelo uribista luego de dos décadas de presidencialismo.
Según la Agencia Internacional para el Control de Estupefacientes, la producción de cocaína en Colombia se ha duplicado en los últimos cinco años, acentuando la curva de crecimiento del principal producto de exportación de Colombia. El país productor de café no producía esta cantidad de cocaína ni en la época de Pablo Escobar. La estructuración del poder en Colombia, es decir, la peculiar fusión de potentados ilegales con el Estado, incluso transformó la estructura de clases. Para la diputada opositora Aida Avella, en Colombia ya no se puede hablar de burguesía; la clase dominante está ligada al narcotráfico, “es una clase de narcotraficantes”. La élite colombiana es una casta del sistema del narcotráfico y el paramilitarismo es su instrumento de coerción para la acumulación de tierras y la “pacificación” de la sociedad.
El presidente Iván Duque fue cabildero financiero en Wall Street antes de ser nominado por Uribe para la presidencia. La campaña del candidato electo por el expresidente fue financiada con dinero del narcotráfico, así lo indica el audio interceptado entre el narcotraficante “Ñeñe” Hernández y el exsecretario personal de Álvaro Uribe, conocido como “Caya” Daza. El escándalo conocido como “ñeñepolítica” comenzó a crecer desde 2018, como una bola de nieve sin ninguna intervención mediada por la justicia.
La pandemia encubrió los saqueos
En abril de 2020, el gobierno colombiano solicitó al FMI US$11 millones para evitar la crisis financiera en medio de la pandemia. En agosto, el gobierno de Urib anunció que el Comité Gestor del Fondo para la Mitigación de Emergencias (FOME) autorizó la participación de la nación en la reestructuración de Avianca para garantizar la protección de la prestación de servicios aéreos, financiando hasta 370 millones de dólares, como parte del proceso de la empresa de acuerdo con el capítulo 11 de la Código de bancarrota [Código de Quiebras] de los Estados Unidos.
La medida fue ampliamente rechazada y el crédito terminó por no otorgarse. Sin embargo, el drenaje de los recursos públicos procedió con igual descaro. En siete meses, el gobierno de Duque transfirió 5 billones de pesos a grandes empresarios privados, con el objetivo de ayudarlos en la crisis económica. El programa de Duque, que rechazó la iniciativa de la renta básica, solo sirvió para engrosar los bolsillos de millonarios, entre ellos el conocido banquero Sarmiento Angulo, gerente y articulador de la red bancaria “Grupo Aval”. Según Camilo Enciso, exsecretario de transparencia de la presidencia de la república entre 2014 y 2017, además del dinero del narcotráfico, la campaña presidencial de Duque fue financiada en un 66% por Sarmiento Angulo a través del Banco de Bogotá, que también forma parte de dicho Respaldo del grupo
Además de la cleptomanía empresarial, se suman los gastos de guerra. Después de Brasil, Colombia fue el segundo país de América Latina con mayor gasto militar, con 9,2 millones de dólares, según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), y el primer país en gasto militar durante la pandemia. Por si fuera poco, el gobierno derrochó 2 billones de pesos en la compra de una flota de camionetas blindadas para la presidencia y otros 9 mil millones de pesos en la adquisición de 23 camionetas para la Policía Nacional. Esta institución fue la responsable de la represión policial del 11 de septiembre de 2020. Luego de esa masacre, el mandatario apoyó las acciones terroristas de la fuerza pública y decidió garantizar su funcionamiento con una insólita inversión en armas, camiones y uniformes.
En medio del drenaje de los recursos públicos, y de no poder seguir aprovechando la deuda, el gobierno decidió adelantar una reforma tributaria en la que los principales rubros de la canasta básica colombiana, como el café, el azúcar, los huevos y la gasolina, tributan al 18%. La Comisión Nacional de Paro, surgida al calor de las movilizaciones de 2019, emprendió una agenda de movilizaciones para enfrentar el atropello del gobierno uribista que inició el 28 de abril.
En los días previos, el gobierno colombiano desaprobó el Paro Nacional por el Covid-19, argumentando que lo fundamental era preservar la vida.
El argumento del gobierno para desacreditar el paro sonaba a muy mal chiste. Solo en 2020, el Human Rights Watch registró 90 masacres. En 2021, Colombia conoció que, durante el gobierno de Uribe Vélez, 6.402 ciudadanos fueron ejecutados extrajudicialmente para presentar bajas en la lucha contra la insurgencia. Además, 54 líderes sociales han sido asesinados en lo que va del año, y 1.164 desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016. Los tres ministros de Defensa de la era Duque bombardearon campamentos integrados por niños y adolescentes en zonas donde aún persiste el enfrentamiento armado con la disidencia de las FARC. persiste A pesar de todo y contra todos, el bloque uribista pretende revocar la agenda de paz surgida de los acuerdos de La Habana. Al contrario, pretende relanzar la guerra, esta vez contra Venezuela.
El Paro Nacional en curso es el corazón de la movilización popular contra el modelo uribista. Un golpe fatal a su reputación empañada. No se trata sólo de la reforma fiscal. Esta es la crisis fundamental del modelo paramilitar/neoliberal que tiende a expandirse desde Colombia a todo el continente. El contexto histórico relanza la oportunidad de romper la hegemonía del gobierno más sanguinario de la historia continental, especialmente en medio de la carrera presidencial más polarizada desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. En ese sentido, la oposición destaca el repliegue violento de la derecha paraestatal y se coloca al frente de la disputa electoral de 2022 con el senador de izquierda Gustavo Petro. Sin embargo, el duquismo intenta acabar con la historia del uribismo con una política de tierra arrasada.
* Diana Carolina Alfonso es historiador y periodista.
Traducción: Fernando Lima das Neves.
Publicado originalmente en el portal Nodal.
