por FLAVIO TAVARES DE LYRA*
El actual aparato institucional fue diseñado y es funcional para la valorización del capital financiero.
La pérdida de dinamismo de la economía brasileña y el proceso de desindustrialización asociado a ella se remontan a principios de los años 90 del siglo XX, durante el gobierno de Fernando Collor. Fue en este momento, después de la “década perdida” (1980-90), cuando se afianzó definitivamente el pensamiento neoliberal, con su concepción de que correspondería a las fuerzas del mercado entregar las decisiones que determinarían la futura expansión económica del país. Desde entonces, el papel del Estado como impulsor del proceso de desarrollo y regulador de las fuerzas del mercado ha sido cada vez más limitado.
Sin embargo, a pesar de que la Constitución de 1988 fue redactada con una concepción que atribuía al Estado y sus instituciones el papel protagónico en el proceso de desarrollo económico, se fueron introduciendo sucesivamente cambios en las instituciones económicas para adaptarlas a la cosmovisión neoliberal, en la que el El Estado tenía un papel meramente de apoyo a las fuerzas del mercado. En otras palabras, la dirección del proceso de desarrollo pasó a estar determinada por las decisiones del sector privado.
Dentro de la concepción neoliberal, el país privatizó los complejos petroquímicos, siderúrgicos y no ferrosos y, más recientemente, Eletrobrás. La apertura del comercio exterior y del mercado de capitales fueron las causas directas de la crisis monetaria de 1999, que obligó al país a caer en los brazos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la OMC, agentes internacionales del “ Consenso de Washington”.
El relativo buen desempeño económico que el país logró durante los gobiernos de Lula (2003-6 y 2007-10) y el primer gobierno de Dilma Rousseff (2011-2014), bajo instituciones neoliberales, produjo la gran ilusión de que era posible retomar la recuperación económica. dinamismo de la era del desarrollo dentro de la concepción de la política económica neoliberal.
En realidad, se trató del “boom” de las exportaciones internacionales, gracias a la demanda generada por la expansión de China, un fenómeno especial y transitorio que determinó en gran medida la favorable situación que se gestaba. Una vez atenuado este impacto positivo, se hizo evidente que era inviable generar dinamismo económico y avances sociales, bajo la institucionalidad neoliberal y el predominio de las fuerzas del mercado.
La exitosa lucha contra la hiperinflación bajo la acción del Plan Real (1994) dejó como legado los cambios institucionales que hicieron dominantes en el escenario económico la búsqueda de la austeridad fiscal y la política monetaria restrictiva del Banco Central, debilitando, a partir de entonces, la acción del Estado como instrumento rector de la política inversora del país.
El fracaso del segundo gobierno de Dilma Rousseff en retomar el proceso de desarrollo con el aparato institucional neoliberal, abrió espacio para un nuevo avance de las instituciones neoliberales en la conducción de la vida económica del país, con políticas concebidas bajo el paraguas de “El Puente para el futuro”. del gobierno de Michel Temer (2016-17) y del desastroso gobierno de Jair Bolsonaro (2018-21), que sumieron al país en un estancamiento económico y una crisis social sin precedentes.
El regreso de Lula a la presidencia en 2022 ha resucitado las esperanzas de una reanudación del proceso de desarrollo dentro de una concepción orientada a transformaciones estructurales de la economía que conduzcan a la aceleración del crecimiento con la reindustrialización, la transición hacia una economía que avance en la mejora de la distribución del ingreso y que protege el medio ambiente, aprovechando el amplio y diversificado potencial existente para mejorar la competitividad internacional de la producción.
En sus dos primeros años de gobierno, la nueva administración ha buscado romper los grilletes institucionales que le impiden gobernar con miras a los cambios de largo plazo que requiere la reindustrialización.
En este sentido, el gobierno lanzó la “Nueva Industria de Brasil”, una ambiciosa propuesta de política industrial orientada a la reindustrialización del país en un concepto que enfatiza la promoción de la innovación tecnológica, la densificación de las cadenas productivas, el uso del potencial energético para Generar energía “limpia” y sustentabilidad ambiental. Todo ello, con el objetivo de impulsar la actividad económica y la capacidad competitiva del país en el escenario internacional.
Las instituciones actuales, sin embargo, no fueron diseñadas para promover cambios estructurales en la economía y moverse dentro de una visión neoliberal que descarta el papel fundamental del Estado en el impulso del proceso de desarrollo.
La cuestión central del financiamiento del proceso económico no puede resolverse sin una reforma del sistema fiscal para proporcionar al Estado recursos para financiar el gasto social y de inversión.
El marco fiscal recientemente aprobado no resuelve el problema ya que es sólo un instrumento más para contener el gasto fiscal con un recorte neoliberal, más que una herramienta para un Estado que promueve el desarrollo.
El instrumento de deuda pública, en la arquitectura actual, no puede utilizarse para fortalecer la capacidad de financiación del Estado. Aunque el índice de deuda pública es mucho menor que el observado en las economías desarrolladas.
El Banco Central se ha convertido casi exclusivamente en un instrumento para combatir la inflación y favorecer la acumulación de capital ficticio en detrimento de la acumulación productiva. Hay fuertes indicios de que las agencias reguladoras que operan en infraestructura y el Banco Central están controladas por el sector privado y no responden adecuadamente a los propósitos del nuevo gobierno.
El Estado no cuenta con mecanismos de planificación adecuados para orientar las decisiones de inversión de largo plazo. El Ministerio de Planificación se convirtió en un organismo de preparación y control del presupuesto anual y en una herramienta exclusiva para las políticas de austeridad.
El Estado tiene prácticamente prohibido invertir en actividades básicas para el desarrollo del país. Las alianzas público-privadas, consideradas una forma de expandir la inversión productiva, no son más que un disfraz para que los recursos públicos se destinen a fortalecer la expansión y rentabilidad del capital privado.
Recientemente se han hecho evidentes las dificultades que enfrenta el gobierno para orientar a la principal empresa estatal del país, Petrobras, para que invierta un mayor porcentaje de sus ganancias en inversiones productivas. El mercado de capitales da preferencia a la distribución de dividendos a los accionistas, con una visión de corto plazo y desconectada del papel de la empresa en el desarrollo energético del país.
En definitiva, el actual aparato institucional fue diseñado y es funcional para la valorización del capital financiero. Sin cambios profundos en su constitución, será difícil que el país avance hacia un sistema productivo más dinámico, más respetuoso con el medio ambiente y más comprometido con el desarrollo social.
*Flávio Tavares de Lyra, Economista jubilado del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA).
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