por MARIELLA PITTARI Merkel*
El anarcocapitalismo que pretende extinguir al Banco Central argentino no está lejos de la autonomía del Banco Central brasileño
1.
Aunque ciertas ideas político-económicas parecen estar en extremos opuestos, en realidad están tan estrechamente entrelazadas que se vuelven prácticamente indiscernibles. Mientras Javier Milei, el primer presidente con antecedentes económicos elegido en Argentina, aboga por la extinción del Estado para implementar su quimera de un Estado autofágico anarcocapitalista, Brasil lucha con élites ansiosas por feudalizar espacios en los que la discusión democrática es esencial.
Ambos pretenden amalgamar el dominio de la técnica con las decisiones políticas, como si fuera posible conducir la política bajo el tono de una técnica neutral. En Brasil, la reciente PEC 65/2023 propone ampliar la autonomía operativa del Banco Central a una autonomía operativa total, más allá de los límites conferidos por la Ley Complementaria 179/2021, en la que se otorgó al presidente y a los directores del Banco Central el ejercicio de un mandato de cuatro años.
En Argentina, tras la fuerte devaluación sufrida por el peso, Javier Milei no descarta la reforma constitucional necesaria para eliminar el Banco Central. En Brasil, imbuido del interés de servir los intereses de la deuda, se propone reducir el Estado a la miseria de la deuda pública del país, inferior a la de la mayoría de los países desarrollados y en desarrollo. En otras palabras, Brasil gasta cantidades obscenas en el pago de intereses de su deuda, monto que sólo es superado por los gastos de la Seguridad Social. El consenso sobre la necesidad de reducir las tasas de interés para aumentar la inversión es generalizado, sin embargo, el presidente del Banco Central prevalece sobre la movilización nacional por la necesidad de revisar las tasas de interés.
2.
Este artículo tiene como objetivo traer al escenario nacional los argumentos desarrollados por Clara Mattei en La Orden del Capital. En la nota introductoria de la edición brasileña del trabajo, se señaló en la dirección que ahora se está implementando con la PEC 65/2023, en la que el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, respalda hacer de la austeridad un programa de gobierno permanente, dispensando con cuál será la elección de las urnas. Debido a que dicho discurso aparece encriptado en el lenguaje técnico de cambiar la personalidad jurídica del Banco Central y detalles que parecen reflejar poco sobre la política, la consolidación de la autonomía operativa y de funcionamiento del Banco Central invierte la ecuación de poderes que permite al Ejecutivo lograr alianzas en la Legislatura para definir las opciones políticas más relevantes del país. La gravedad de tal medida consiste en instalar un anarcocapitalismo disfrazado de democracia.
Es la intensificación de la austeridad, es una austeridad con esteroides desprovista del componente ideológico que trae consigo el autoritarismo liberal de derecha. Está permitiendo a economistas que despreciaban la democracia, mientras exaltaban el contenido libertario, como James Buchanan y Milton Friedman, controlar desde sus tumbas las frágiles dinámicas que aplastan a los trabajadores.
¿En qué medida la política de intereses impacta al trabajador? Como lo indica claramente la asignación del gasto público, existe una relación de proporcionalidad directa invertida entre la tasa de interés básica definida por los miembros del Comité de Política Monetaria (COPOM) y todo el gasto social combinado. Cuanto mayor sea la tasa de interés básica decidida por los miembros del Banco Central, menor será la cantidad asignada al gasto social, ya que los intereses de la deuda comprometen otros gastos públicos. Y por si fuera poco lo pernicioso que es comprometer el presupuesto público a pagar los intereses de la deuda, la política actual crea una carga para el futuro.
3.
El futuro tan cacareado al que aludió Stefan Zweig no llegará a las generaciones presentes ni futuras, ya que la fuerza productiva del mañana todavía carece del mínimo que permita a un país tener una clase trabajadora movilizada. La falta de expansión del gasto público en gasto social debilita la capacidad del proletariado para reclamar derechos y comprender la dinámica ensayada en el discurso de la técnica económica.
La economía se superpone al discurso jurídico en el uso de la técnica, ya que el derecho ha sido asimilado como un espacio de comprensión en la sociedad civil, mientras que la economía todavía consiste en un espacio reservado a los privilegiados que se embarcan en la “difícil” tarea de traducir econometría. cantidades a los laicizados en la sociedad disciplina. Si bien la Constitución desempeñó un papel clave a la hora de acercar el discurso jurídico a un lenguaje más cercano al lenguaje cotidiano, tal tarea nunca fue contemplada por los economistas, que prefieren encargarse de la traducción de términos técnicos a un lenguaje incomprensible.
La probabilidad de encontrar una conversación de bar que gravita hacia las decisiones de los ministros del STF es significativamente mayor que una en la que se discute la tasa de interés del país, incluso si el precio de la cerveza es un resultado significativo de las tasas de interés que cobra un país. En otras palabras, la inflación, la tasa de desempleo y la disponibilidad de crédito dependen de los intereses, mientras que un argumento legal puede permanecer en abstracto sin afectar directamente las vidas de las personas que debaten lo que Mendes o Moraes piensan sobre un artículo de la ley electoral. La economía es la encrucijada para entrar en política sin la incomodidad de revocar derechos.
Y bajo todos los disfraces meticulosamente creados por quienes deciden en el país, ni siquiera es necesario afrontar la amarga medicina, pues es un hecho. Dado que las tasas de interés en el país son altísimas y que las tasas de interés reales fluctúan entre el primer y segundo lugar del mundo, el gasto social que permite la emancipación de los trabajadores no será abordado, ya que está limitado por algo previamente impuesto. Y así, la austeridad, forjada bajo el fascismo italiano y en las élites de los círculos británicos, recibe una carta de indemnización como orientación neutral y apolítica, que debe probarse en los países de la modernidad tardía.
La ampliación de la autonomía del Banco Central no es una medida capaz de permitir la independencia del Banco Central para que no ceda a los caprichos de posibles mayorías en el poder. Por el contrario, convierte la política que aspira a cumplir las promesas de las urnas en rehén de un círculo no elegido y, por tanto, antidemocrático, que decide el destino del país. Basado en la flagrante ideología libertaria, el país comenzará a operar la maquinaria estatal para pagar los intereses de la deuda. Incluso la idea de contener el gasto primario bajo una propuesta de austeridad pierde su importancia, ya que la austeridad está “acoplada” a las tasas de interés.
Si los ingresos son un límite y los intereses impiden realizar de golpe el gasto público o asumir nuevas deudas, la impagabilidad de la deuda con tipos de interés astronómicos impide considerar cualquier alternativa de redistribución de la riqueza. Es imaginar el escenario de la economía clásica que alude a la idea de hogar –ya que la etimología de economía proviene de oikos – si, a nivel interno, el 50% de los intereses se gasta en deudas y los intereses tienden a aumentar, se deduce que el principal de la deuda nunca se pagará y que cada día se comprometerá más para cubrir los intereses.
4.
Un Estado reducido al mínimo imprescindible hace que cada uno actúe por sí mismo y cada uno por los bancos. Un Estado así es el estado de cosas anárquico, y por paradójico que parezca, es tan anárquico-capitalista como el que propone la extinción del Banco Central. La diferencia es que, en el Estado anarcocapitalista de Javier Milei, cada uno actúa por sí mismo y el gasto público no se dedicará a hacer cumplir la ley del más fuerte, mientras que, en Brasil, los más fuertes, no satisfechos con su condición, son locupletas de la que el público concentre más poder, más autoridad, con la violencia del aparato estatal a su disposición. Para lograr la tautología del discurso, con perdón para quienes no están interesados en conocer el Teoría de los Sentimientos Morales de Adam Smith, sirve como jurista.
No son sólo los economistas fallecidos los que siguen influyendo desde sus tumbas; una figura despreciada por el público también ejerce su dominio sobre la sociedad. Vale recordar que la ley complementaria 179/2021 constituye una aventura con el sello más genuino del bolsonarismo. Roberto Campos Neto, la elección de Jair Bolsonaro para el Banco Central, ahora está avanzando en su legado de reformar la Constitución e imponer un límite perpetuo al gasto en el país disfrazado de austeridad.
Lo que a primera vista parece simpatizante del servicio público, ya que la autonomía de funcionamiento suele percibirse como algo positivo, en el caso que nos ocupa es más bien un escudo inmune a la política. Además de grave, es anárquico, pues busca crear una estructura que ignora la orientación política del Ejecutivo; es capitalista salvaje, ya que autoriza tasas de interés decididas por un cónclave para beneficiar a los bancos e inversores que ganan más en Brasil que en cualquier otro lugar de la Tierra; y es autoritario, ya que ignora las opciones democráticas de las urnas, permitiendo que una redistribución regresiva hacia los más favorecidos sea un engranaje perenne en la dinámica nacional, haciendo poco o nada de las opciones originales de los constituyentes.
La intención de crear un enclave feudal de res público para controlar sin ser considerado responsable (cuentas), es el motivo último para justificar el legítimo descontento de la dirección gubernamental, que se encuentra indignada y rehén sin tener argumentos que puedan transmitir al pueblo para que comprenda la gravedad de lo que está por venir. Se requiere de un esfuerzo argumentativo exhaustivo para entrar en una esfera cuyo secreto está codificado no en leyes, sino en gráficos que pocos saben afrontar. La economía ha logrado la hazaña de crear un discurso que oprime sin violencia, pues no es el aparato policial el que viene a apoyar las decisiones económicas, sino el simple desinterés y el aburrimiento en analizar el fondo de los problemas.
El proyecto de neutralizar el discurso económico tuvo éxito, se derramó infinidad de términos técnicos y la audiencia quedó indiferente ante lo que no pudo validar. Mientras que la orientación política se demarca en las disputas hostiles, la ideología de los economistas parece comprensiva, sin explicar que quitó el poder adquisitivo al trabajador y se lo entregó al banquero. Sin embargo, la profundización de los efectos de la Ley Complementaria 179/21 a través de la PEC 65/23 es una catástrofe que influirá en la vida de los brasileños más que cualquier elección política que pueda tomarse en las urnas.
En un momento tan delicado de la política nacional, se requiere sentido común para afrontar las responsabilidades autoritarias que dejó el predecesor y no permitir que la austeridad entre en la política sin al menos la oportunidad de debatir. Las reformas constitucionales no son caprichos sellados a puerta cerrada, sino que requieren un debate exhaustivo y ideológicamente desvelado sobre las verdaderas intenciones al promoverlas. La reforma constitucional que pretende otorgar autonomía funcional al Banco Central, digámoslo una y otra vez, es ideológica, política y perpetúa la austeridad como una nueva cláusula constitucional.
*Mariella Pittari Merkel es estudiante de doctorado en derecho comparado en la Università Degli studi di Torino.
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