por ROBERTO BOYER*
Es completamente contraproducente afirmar que una reforma es la única forma posible
Tras los informes del Consejo de Orientación para la Jubilación [Consejo de Orientación para el Retiro] (COR) y las muchas discusiones que suscitaron, ¿no es abusivo hablar de improvisación? Esta es, sin embargo, la hipótesis obligatoria para analizar la estrategia de los gobiernos, desde el primer mandato de Emmanuel Macron.[ 1 ]
Inmediatamente, la renovación de 2019…
La reforma previsional puntual ya se había presentado como imprescindible, como productora de justicia social y como única salida para evitar la crisis del reparto. Durante las discusiones que implicó esta reforma estructural, se hizo evidente que la cantidad de categorías sociales que fueron sancionadas requerían medidas compensatorias de tal complejidad y volumen que la efectividad de la propuesta se volvió problemática. Por coincidencia, el brote de Covid ratificó el abandono del proyecto.
Lo que se sometió a discusión en el Parlamento es lo contrario al primer proyecto, ya que consiste en un simple ajuste paramétrico basado en una única variable: la edad legal de inicio de la jubilación. Este proyecto de ley esencialmente coloca la carga de la reforma sobre la fracción de la población que ya se encuentra en mayor desventaja en términos de esperanza de vida en relación con la edad efectiva de jubilación. La presentación de este proyecto a la opinión pública manifiesta los mismos errores y estimaciones.
En un primer momento, se anunció que el objetivo es promover la justicia social antes de que los voceros del gobierno reconocieran que, de hecho, las mujeres y los asalariados de larga duración serían penalizados. Esto plantea enmiendas para corregir estas carencias, siguiendo el mismo proceso de deconstrucción punto por punto del proyecto de retiro punto por punto.
En un segundo momento, la reforma se presentó como la única solución para evitar el aumento de los déficits, mientras que los últimos escenarios del COR muestran que la urgencia es completamente relativa y que hay muchas otras soluciones, siempre que el gobierno acepte asumir todas las responsabilidades. parámetros que son el nivel y número de años de cotización y el nivel de vida relativo de los jubilados frente a los trabajadores activos.
La elección de la desigualdad
Hay una justificación para esta restricción con respecto a los parámetros de la reforma. Uno de los principios rectores de la presidencia de Emmanuel Macron es reducir los impuestos y las cargas sociales de las empresas para hacer que Francia sea más atractiva y así impulsar el crecimiento y el empleo. Además, los jubilados son numerosos entre el electorado de centro y de derecha.
Pero, ¿es inteligente la actual reforma viable? ¡De algún modo! De hecho, la implementación de una lógica contable entra en conflicto abierto con los cambios en el trabajo y las expectativas de los ciudadanos. No basta con anunciar un aumento de los rangos salariales para que las empresas decidan formar mejor a sus empleados, para que sigan siendo efectivos cuando envejezcan. En efecto, las profesiones más insalubres son las que más probabilidades tienen de desembocar en una situación de invalidez y en las que la obsolescencia de las competencias no ha sido compensada con la formación permanente, por lo que las personas mayores se encuentran en el paro.
La reforma se enfrenta a una segunda fuente de desigualdad: el acceso a la educación y luego a la formación profesional. Además, la contundencia de las manifestaciones recuerda al Gobierno que el desgaste laboral es un fenómeno decisivo que se ha acentuado con la desregulación, que hace aún más preciado el período de jubilación. El sistema de reparto y la edad legal de inicio de la jubilación forman parte de un pacto social fundacional. Esta percepción prevalece sobre la fría lógica de la evolución del índice entre jubilados y activos.
Las tres vías para salir del callejón sin salida
¿Cómo resolver el interbloqueo? Reconocer un triple imperativo. En primer lugar, es ilusorio declarar la emergencia por fenómenos demográficos y económicos que ocurren durante un largo período de tiempo: debe prevalecer el principio de anticipación. En segundo lugar, es totalmente contraproducente afirmar que la reforma es la única posible: el lema “no hay alternativa” ha resultado ser la causa de grandes crisis y debe ser sustituido por el principio de deliberación entre todas las partes interesadas implicadas (representantes de los trabajadores, empresas, sistema de educación y formación, especialistas en la organización de la salud laboral, investigadores que trabajan con el proceso de envejecimiento y las enfermedades crónicas, etc.).
¿No fue este el gran mérito de la planificación a la francesa, que ahora se ha olvidado? De hecho, permitiría construir un pacto social, aunque sea implícito, para ordenar las prioridades de todas las políticas públicas, coordinadas por un objetivo común: sacar a la luz otra forma de desarrollo. Además, esta instancia también podría ser responsable de la planificación ecológica, horizonte en el que debe incluirse el tema de las pensiones.
*Roberto Boyer es director de investigación del CNRS en la École normale supérieure. Autor, entre otros libros, de Teoría de la regulación: fundamentos (Estación de la libertad).
Traducción: Ángela Lazagna.
Publicado originalmente en Alternativas económicas.
nota del traductor
[1] En 2019, se presentó en el Parlamento un Proyecto de Reforma de la Seguridad Social que movilizó una huelga nacional en Francia. Las manifestaciones se desarrollan entre diciembre de 2019 y febrero de 2020. La pandemia de Covid 19 interrumpe el análisis del proyecto en el parlamento, así como el movimiento que lo opone. Por lo tanto, el proyecto se elimina de la agenda de la agenda de votación.
El proyecto se presenta nuevamente en 2023, desencadenando manifestaciones masivas en el país en febrero y el inicio de una huelga general el 7 de marzo. El paro afecta, sobre todo, al sector del transporte, al sector de la energía, al sector de la recolección e incineración de basura y al sector de la educación primaria y secundaria.
El principal punto que luchan los movimientos sindicales es el aumento de la edad de inicio de la jubilación de 62 a 64 años. Otro aspecto muy criticado (que ya fue votado y aprobado por el Senado el sábado 04/03) es el fin del régimen especial de jubilación, a partir del 1 de septiembre de 2023, para los futuros empleados de los sectores de energía y transporte.
El gobierno se basa en un único argumento: el incremento demográfico de los jubilados en relación a los trabajadores activos, sin considerar otras variables del mundo laboral actual (precariedad, desregulación de los contratos por tiempo indefinido, etc.).
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