por REGINALDO S. FERNANDES*
Governo es como los frijoles, solo funciona en la olla a presión
Debatir la reacción de los movimientos sociales y los sindicatos ante las políticas y acciones gubernamentales no es fácil de entender. Los movimientos sociales y el movimiento sindical son componentes esenciales de la dinámica de las luchas sociales, representando los intereses de los trabajadores en sus relaciones con los empleadores y el Estado. Dentro de este movimiento, es común observar un flujo y reflujo, una alternancia entre momentos de fuerza e influencia y momentos de debilitamiento y retroceso. Esta oscilación está estrechamente ligada a la situación política, económica y social, influyendo directamente en la capacidad de los sindicatos para exigir políticas públicas más favorables a la sociedad.
Es en este entorno que nos damos cuenta de que las huelgas en las instituciones educativas federales no deberían ser algo inesperado, ya que el entorno de debates y enfrentamientos presupone una diversidad de opiniones. La actualidad requiere un análisis cuidadoso, ya que los argumentos y las preguntas son válidos.
Desde los acontecimientos del impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, han pasado seis años sin que los funcionarios federales obtengan ajustes salariales en línea con la inflación, lo que tuvo un impacto significativo en los empleados federales. Los dos gobiernos que se sucedieron tuvieron como agenda la austeridad fiscal, con menos gasto en mantenimiento del Estado. Es como si un estudiante recibiera una calificación de cero en un examen, sugiriendo que nada de lo que hizo merecía reconocimiento, lo que no refleja la realidad, especialmente considerando el aumento anual de la productividad en las instituciones educativas federales.
Durante los gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro, los programas educativos sufrieron recortes sistemáticos de recursos, en parte debido al Techo de Gasto PEC, que limitó las inversiones del gobierno federal durante 20 años. Los expertos advirtieron que esta medida supondría importantes recortes en los presupuestos de Educación y Sanidad.
Ante condiciones políticas adversas, predomina entre las opiniones la narrativa que sugiere que las instituciones educativas federales no estuvieron involucradas en luchas políticas durante los gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro y que recién ahora, durante el gobierno de Lula, iniciaron una huelga, precisamente en en medio de tensiones con sectores de extrema derecha y la inmensa mayoría del legislativo no alineado con el gobierno.
Aunque esta pueda parecer la primera respuesta, debemos ser cautelosos. Veamos: todavía en 2016, hubo una huelga durante el gobierno de Michel Temer, en reacción al Ceto dos Gastos PEC, aprobado por el parlamento, haciendo ineficaz nuestra lucha política en ese momento. Además, no podemos olvidar las protestas de estudiantes y docentes universitarios de 2019, conocidas como el “tsunami de la educación”.
Sí hubo manifestaciones, que se desarrollaron a lo largo de 2016 a la fecha, en diferentes fechas, siendo la primera gran movilización contra el gobierno de Jair Bolsonaro, también por los recortes en educación y congelamientos en el área de ciencia y tecnología, hubo una gran huelga en el sector docente, acompañada de protestas encabezadas por estudiantes y profesionales de la educación. También es importante considerar el movimiento de lucha y protección de la salud, ya que, a partir de 2020, nos enfrentamos a la epidemia de Covid-19, con todas sus consecuencias. En ese momento tuvimos que enfrentar no sólo el bolsonarismo, sino su brutalidad y negación de la ciencia.
En cualquier caso, sería oportunista continuar con nuestras demandas en un momento en que el país y el mundo afrontaban problemas de subsistencia y desempleo. Tampoco es apropiado considerar que los trabajadores de la educación se acobardaron ante Jair Bolsonaro y que ahora están aprovechando un momento favorable.
Con la victoria de Lula sobre Jair Bolsonaro se esperaba la implementación de las promesas de su programa de gobierno. Prometió invertir en educación de calidad, fortalecer la educación básica y coordinar acciones coordinadas entre los diferentes niveles de gobierno, retomando las metas del Plan Nacional de Educación y revirtiendo el desmantelamiento del gobierno anterior. La victoria electoral de Lula y la fuerte presión de las demandas sociales, especialmente en medio de la pandemia, resultaron en una PEC de transición que inicialmente amplió el gasto en alrededor de R$ 145 mil millones.
El gobierno de Lula fue elegido en la composición conocida como Frente Amplio y Democrático, que trae consigo alianzas con la clase política que va desde el centro hasta la derecha brasileña. Es en esta correlación de fuerzas e influencias que el gobierno Lula vive la necesidad de alcanzar el objetivo de déficit cero, y como sabemos, esto tiene un costo social importante. Pero para lograrlo, el gobierno necesita aumentar sus ingresos y recortar el gasto. Desde la implementación del objetivo de déficit cero impulsado por el Marco Fiscal (nueva denominación que recibe el techo de gasto), diseñado por Fernando Haddad, los recurrentes recortes presupuestarios y bloqueos en el área de Educación han sido evidentes.
La actual Ley de Presupuesto Anual (LOA) prevé que las universidades tendrán un recorte de R$ 310 millones respecto al año anterior. Lo mismo ocurre con los Institutos Federales de Educación, que tendrán un recorte de R$ 30 millones en 2024. Además, los recursos destinados a becas de posgrado por la Capes, que fueron reajustados en un 40% en 2023, sufrieron un recorte de R$ 40 millones en 2024. Incluso con este aumento presupuestario, la Capes vuelve al nivel de inversión propuesto hace diez años, en 2013.
Con las políticas de “contención del gasto” adoptadas por Michel Temer, Jair Bolsonaro y ahora con el gobierno de Lula (aunque es mejor el diálogo), con el objetivo de cumplir las metas establecidas en las leyes de “techo del gasto”, tienen un impacto directo no no sólo en las infraestructuras y las políticas sociales del país, sino también en el personal técnico de sus empleados.
Jair Bolsonaro, ciertamente enemigo de las universidades y reacio al conocimiento científico, fue el primer presidente en 20 años que completó su mandato sin conceder ningún ajuste salarial a los funcionarios, esto es innegable. Más de 1 millón 200 mil empleados y pensionados activos e inactivos vieron vulnerados sus derechos. Esto nos lleva a recordar la “granada en el bolsillo de los sirvientes”.
Frei Beto, en entrevista con el diario Brasil de traje En abril de 2023, argumentó que hay legados que no deberían desaparecer pronto. Mencionó que en el área económica la relación con el Banco Central se ha mantenido tensa desde el inicio, y en el Congreso el propio gobierno aún no entiende el tamaño de su base y cómo puede actuar para garantizar votos importantes en futuros proyectos. Para Frei Beto, “el gobierno es como los frijoles, sólo funciona en una olla a presión”.
Frente a la precariedad acumulada en seis años, los funcionarios se encuentran con la continuidad habitual, en la devaluación del servicio público y de las instituciones educativas brasileñas. La huelga de los funcionarios federales es necesaria y tiene su papel histórico.
*Reginaldo S. Fernández Máster en Cultura y Territorio por la Universidad Federal de Tocantins Norte (UFNT).
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