Elecciones y política de clase

Imagen: Anselmo Pessoa
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por OSVALDO COGGIOLA*

Se debe defender un programa mínimo y básico de clase en los sindicatos y movimientos sociales y también en el ámbito de las elecciones municipales

Así como las elecciones norteamericanas de noviembre próximo tienen un alcance directamente internacional, en el que está en juego buena parte del futuro político de Brasil, las elecciones municipales brasileñas del mismo mes trascienden sus marcos territoriales, para alcanzar un alcance federal. El intento de convertirlas en elecciones plebiscitarias por parte del gobierno fascista de Bolsonaro fracasó, pues el capitán retirado y su clan de milicianos y ladrones carecen de aparato político propio, e intervienen en ellas a través de un dispar sistema (o antisistema) de alianzas con los más diversos colores y formaciones políticas. Para la clase obrera y los sectores populares en lucha, el terreno electoral es una arena, que puede volverse central, para favorecer el desarrollo de un programa y organización política independiente, de clase, para separar a la clase obrera de la burguesía y sus sucedáneos pequeñoburgueses. , como fase preparatoria para transformarse en una alternativa política para todas las masas oprimidas y para el país.

En ese contexto y con esta premisa, la inmensa mayoría de la izquierda brasileña está fuera y en contra de este objetivo, ya que no presenta un programa de clase (propone, como mucho, un programa fiscal) ni candidaturas independientes, ya que se presenta en coalición con políticos y formaciones burguesas, a veces abiertamente reaccionarias, llegando al colmo de presentarse con candidaturas provenientes directamente de los aparatos represivos del Estado, en un país donde estos tienen su propio fuero judicial y donde la represión social, étnica e incluso por orientación sexual llega al límite de genocidio El fortalecimiento del PSOL en detrimento del PT, especialmente en las dos mayores capitales del país, como salida “natural” del voto de “izquierda” (mejor sería decir “progresista”, ya que se basa más sobre la clase media y el movimiento estudiantil que sobre la clase obrera). El diminuto pero activo PCB está, en general, ligado a la política del PSOL.

De los partidos políticos con participación electoral, sólo el PSTU escapa parcialmente a la norma expuesta. En parte, porque publicita más el origen étnico y de género de sus candidatos (propaganda centralmente siendo el partido con mayor porcentaje de candidaturas negras y femeninas) que su origen y desempeño de clase, y un programa acorde con ellos. Es decir, hace enormes concesiones a las políticas anticlasistas conocidas como “identitarias”, por no hablar de un programa que, aunque definido como clasista, hace importantes concesiones al populismo, defendiendo que “los ricos” [categoría referida a ingresos, no valor obtenido mediante la explotación capitalista], no el gran capital, “pago de la crisis”.

Aun así, votar por el PSTU en primera vuelta se justifica por su relación activa (principalmente a través de CSP-Conlutas) con la vanguardia obrera combatiente, a pesar de sus limitaciones programáticas y políticas, algunas simplemente enormes, como su apoyo de facto al golpe militar parlamentario de 2016, y su abstención en los conflictos que oponen el imperialismo al decadente nacionalismo latinoamericano, especialmente en Venezuela, conflicto que tiene repercusiones directas y geográficas en Brasil, por lo que no puede ser considerado como un cuestión de “política exterior”, eso solo afectaría al país indirectamente –el drama de los refugiados venezolanos en el nornoreste de nuestro país está ahí para demostrar lo contrario. Por relativos que sean, los méritos clasistas de las candidaturas del PSTU les están dando entre el 2% y el 3% de las intenciones de voto en São Paulo y Río de Janeiro, muy por delante de todas las candidaturas de las “siglas en alquiler”, es decir , que estas candidaturas logran ser un cauce parcial del interés y movimiento político de la vanguardia obrera y juvenil que lucha.

Aunque es prácticamente innecesario, ya que es casi desconocido, vale la pena mencionar al PCO (que presenta algunos candidatos escuálidos), una formación política minúscula -que sería de menor importancia- que es un ridículo y reaccionario satélite del PT, cuya políticas pasadas y presentes que apoya más allá de lo que el propio PT se atreve a enunciar, llegando a definir a los desafortunados y hambrientos refugiados venezolanos, atacados salvajemente por bandas bolsonaristas en las regiones fronterizas, como “agentes del imperialismo” (porque huyen de la miseria del régimen de Maduro), lo que revela un reaccionario medular, lamentablemente postulado en nombre de “la Cuarta Internacional”, sin que éste mueva un músculo frente a los demás miembros de la fraternidad que se cobija bajo esa denominación, dispersos en distintos partidos. y aparentemente dispuesto a aceptar estas infamias en su mini-ágape, si pagas la entrada. La lucha en defensa del patrimonio y del programa revolucionario legado por León Trotsky, el “programa de transición”, por tanto, no es ajeno a los debates políticos en materia electoral.

Sobre el PSOL, vale citar aquí las palabras de Renata Souza, candidata del PSOL a la alcaldía de Río de Janeiro, donde el partido consumó su alianza electoral más escandalosa y reaccionaria: “Marcelo Freixo, con quien trabajé durante casi 10 años y cuyo trabajo Di continuidad como diputada estatal en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea de Río, siempre recuerda que el campo de izquierda ha evitado hacer debates centrales, como el tema de la seguridad pública, hoy dominado en gran medida por sectores conservadores... Es hora de luchar por las instituciones y no abandonarlas. La democracia está en riesgo y no la abandonaremos. En ese sentido, apostar por la renovación de los cuadros políticos, como mencioné, ayuda a Río a ganar pluralidad. La pluralidad también está apostando a un proceso amplio de participación de los movimientos de base, fortaleciendo los consejos y garantizando la voz de sectores históricamente marginados” (en Correo de ciudadanía). Ni que decir tiene que entre esas “instituciones” que hay que preservar está nada menos que la Policía Militar (¡en RJ!), legalmente dotada de “licencia para matar”, uno de cuyos mandos se postula como candidato a vice- presidente alcalde de Rio por el partido, es decir, que aunque presenten (algunas) candidaturas de sectores bárbaramente oprimidos, el programa y la política del PSOL no pueden ni siquiera ser considerados consecuentemente democráticos.

En momentos en que, frente a todas las dificultades creadas por la pandemia de Covid-19, diversos sectores de trabajadores (Correos, Casa de la Moneda, Embraer, trabajadores de la salud, universidades, trabajadores de telemarketing, repartidores de aplicaciones) reaccionan contra los despidos y los reaccionarios, superexplotadores y políticas privatizadoras, frente a la generalización del flagelo del desempleo, con métodos de clase (huelgas, manifestaciones callejeras, ocupación de lugares públicos, bloqueos), una campaña electoral clasista debe ser el terreno político de proyección de estas luchas, y de otras en preparación. No es lo que sucede con las campañas de la mayoría y de la mayor de las formaciones “de izquierda” (PT y PSOL). Y, también, cuestionar las políticas de conciliación de clases puestas en práctica por las direcciones mayoritarias del movimiento obrero, defendiendo propuestas Políticas alternativas, como ejes de la lucha política general.

Los directivos de las centrales sindicales en el Consejo Deliberante de la Caja de Apoyo a los Trabajadores (Codefat) tuvieron la iniciativa de presentar una propuesta de prórroga del seguro de cesantía en dos cuotas, con carácter excepcional, para los trabajadores asegurados despedidos en el período comprendido entre marzo de este año hasta el 31 de diciembre de 2020. Estimaciones del Dieese indican que esa medida atendería cerca de seis millones de trabajadores y costaría R$ 16 mil millones, considerando un promedio de 1,27 salarios mínimos por cuota de los trabajadores desde 2015, cuando aumentó nuevamente, llegando a alrededor de 2017 millones de personas en 13.

La crisis sanitaria del Covid-19 ha hecho aún más dramático el problema del desempleo, pues en marzo -inmediatamente- alrededor de 12 millones de personas se quedaron sin trabajo, 20 millones fueron apartados del trabajo por el aislamiento social y la paralización de actividades productivas, y más de 8 millones comenzaron a trabajar desde casa. La “protección social” promovida por la ayuda de emergencia de R$ 600 llegó a 70 millones de trabajadores que no tenían protección contra el desempleo. La política de “protección salarial”, suspensión de labores o reducción de jornada, abarcó a otros 15 millones de trabajadores. Pero estas políticas terminan en diciembre (después de las elecciones). Debemos defender un impuesto progresivo permanente al gran capital, gravando, en primer lugar, y de forma expropiatoria, las escandalosas ganancias récord del gran capital financiero, desconociendo la deuda pública con los tiburones del dinero, para garantizar la supervivencia y, a través de una vasta plan de obras públicas, esencial para reactivar la economía nacional, trabajo digno y socialmente útil para todos los brasileños, preservado a través del control popular a las medidas destinadas a contener la pandemia en espera de la vacuna.

Porque la enfermedad, que ha vuelto a sus niveles de contagio y muerte (más de mil muertos por día, en un total que ya se acerca a los 150 mil), es el otro flagelo a combatir con métodos. de clase, porque la desigualdad social ante ella es cada vez más evidente. Solo un ejemplo: desde el comienzo de la pandemia de coronavirus en Goiás hasta agosto, 136 personas han muerto en la fila para una cama de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) exclusivamente por la enfermedad. Más de la mitad de estas muertes ocurrieron en julio. Entre los motivos se encuentran la demora en la primera consulta, la falta de una cama con la especialidad necesaria, el empeoramiento del estado de salud, que imposibilita el traslado del paciente, y la cancelación del traslado por parte de los familiares cuando la primera opción porque una vacante es para un hospital considerado demasiado lejano. No más muertes innecesarias, por ausencia de médicos, lugares de atención o equipamiento básico. Nacionalización y centralización democrática de todos los recursos de salud del país, bajo control popular que impida la corrupción desenfrenada, castigo severo para esta corrupción (Witzel y sus compinches deben ser encarcelados bajo máxima seguridad, sin postergar las consecuencias de su repugnante corrupción en los tribunales), inmediata contratación de formación permanente de médicos y profesionales de la salud, formación gratuita y pública para ellos (en colegios y universidades públicas).

Este es un programa mínimo y básico de clase, que debe ser defendido en los sindicatos y movimientos sociales, y también en el campo de las elecciones municipales, por las candidaturas y organizaciones de clase, con o sin candidatos.

*Osvaldo Coggiola. Es profesor del Departamento de Historia de la USP. Autor, entre otros libros, de Trotsky ayer y hoy (Nuestro tiempo).

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