por EMILIO CAFASSI*
La verdadera intimidación no proviene de manifestaciones populares, sino de los poderes ejecutivo y judicial sobre la sociedad civil, violando la libertad de expresión.
1.
La atención que viene generando en el convulso ambiente argentino la represión de la movilización contra la aprobación de la segunda versión de la ley “Bases” está disminuyendo peligrosamente. Un manto de incertidumbre envuelve la magnitud de las consecuencias, cuya gravedad todavía parece indescifrable. Recordemos el contexto en el que ocurrieron los hechos. El proyecto superó el umbral de condiciones para ingresar al Senado el miércoles 12 de junio, luego de ser tramitado y aprobado en la Cámara de Diputados, tras arduas negociaciones.
En esa Cámara se esperaban condiciones de aprobación aún más estrictas, en medio de presiones tortuosas, comprando votos a través de favores para cargos personales, lo que generaba la perspectiva de un resultado incierto. Varias organizaciones sociales y sindicales, junto a partidos políticos de izquierda y facciones progresistas debilitadas del peronismo, convocaron a una manifestación frente al Congreso, para expresar oposición a la ley en un amplio espectro de tiempo, según cada sector, desde el desde primeras horas de la mañana, hasta el anochecer, dispersándose las concentraciones de participantes.
Como ha sucedido desde el inicio de la administración de Milei, las distintas fuerzas de seguridad federales estaban equipadas con parafernalia tecnológica inusual. La estrecha síntesis culmina en disturbios y represión, o represión y disturbios, una dualidad indistinta, que enfría registros contables como incendios de un par de coches, una estación pública de bicicletas y contenedores de basura, además de piedras, con 33 ciudadanos detenidos.
Abordaré al final las vandalizaciones y las intervenciones violentas, destacando inicialmente el crecimiento de estrategias represivas particularizadas con las que se implanta una red oscura entre los poderes ejecutivo y judicial, construyendo un clima de asfixia de la expresión pública y de la libertad: una especie de fase superior. del poder de la violencia institucional, que irónicamente se camufla bajo la autoproclamada y burlona etiqueta de “libertaria” de la actual administración.
Sin abrigar nostalgia por los esfuerzos previos del principal aliado del gobierno, el partido del ex presidente Macri, con el mismo ministro de Seguridad, Bullrich, debo admitir que ni siquiera ellos se atrevieron a dar el terrible y palpable salto cualitativo que cristaliza en estos hechos. Intentaré examinarlos.
2.
En el teatro de operaciones de ejecución represiva, la propia Ministra de Seguridad orquesta personalmente la intervención de un triunvirato de fuerzas federales: Policía Federal, Gendarmería y Ayuntamiento, relegando a la Policía Municipal a un papel casi anecdótico o de espectadora de la coreografía ministerial.
La emisión de un tuit surgido de las sombras digitales de una cuenta denominada “oficina del presidente”, cuyo autor sigue siendo un misterio. Afirma que grupos terroristas utilizando palos, piedras y granadas intentaron dar un golpe de Estado, además de felicitar la represión. Gracioso, si no fuera porque el fiscal de turno se lo toma con una seriedad alarmante.
La intervención del fuero federal a través del fiscal Stornelli y el juez Servini de Cubría, se embarcó en una cruzada quimérica para destapar tales acciones “terroristas” e intentos de golpe de Estado utilizando sólo palos y piedras. Expresa una justicia que baila al son del poder ejecutivo.
El ensañamiento punitivo que alcanza su punto máximo con el uso de cárceles de máxima seguridad, alejadas de la ciudad, dependientes del Servicio Penitenciario, que a su vez depende del ministro. Una decisión que contrasta con la realidad de los presos con sentencia pendiente que languidecen en comisarías y centros penitenciarios, víctimas de la crónica falta de espacio carcelario.
La práctica de la tortura física y psicológica de varios detenidos, en los rincones oscuros de las cárceles, donde algunos fueron desnudados, golpeados y sometidos a gas pimienta, o en vagones de transporte de presos. Todos ellos insuficientemente informados.
La demora en el tratamiento judicial y la demora en las sentencias dejan a los procesados e incluso liberados en un limbo prácticamente eterno.
Hipótesis de 6 puntos que pretende reflejar las facetas más oscuras de una profunda e inquietante represión institucionalizada. En lo profundo del oscuro compendio procesal, la decisión del juez declara la falta de mérito de 28. La génesis y, a menudo, el resultado de tales casos judiciales se basan en los testimonios y registros de agentes del orden, cuyas historias son un eco apagado de acusaciones predecibles: “tiró piedras”, “atacó a un oficial”, entre otras expresiones banales. Sin imágenes concluyentes ni pruebas sustanciales, la ausencia de pruebas tangibles es abrumadora.
Por el contrario, cuando hay imágenes, rápidamente prevalece la inocencia, incluso por el hecho mismo de que algunas de ellas ni siquiera son manifestantes, sino vendedores ambulantes. Sin embargo, la sola detención bastó para que el fiscal Carlos Stornelli calificara a los capturados de golpistas y terroristas, en fiel eco del guion del gobierno, llevándolos a prisión, incluso a instalaciones de máxima seguridad federal. Entre los cinco que siguen detenidos, no hay argumentos sólidos que respalden las acusaciones de un riesgo potencial de fuga o de obstrucción de la justicia.
A estos se les aplica el concepto de “intimidación pública”, pretexto bajo el cual se alega una alta expectativa punitiva, perpetuando así una vieja doctrina que impone, de hecho, una pena temprana y preventiva. La búsqueda policial llegó incluso a los domicilios particulares de los manifestantes, interrogando a vecinos y a una de las mujeres liberadas, por si había abandonado el país.
3.
Dentro de este absurdo laberinto judicial, aún permanecen tras las rejas cinco almas, procesadas por cargos de “intimidación pública”, una clasificación tan arcaica como draconiana. Cristian Valiente enfrenta acusaciones de haber arrojado piedras y posesión de una granada, aunque insiste en que no fue más que spray lacrimógeno, desechado por la policía, objeto que él, en un acto de probable ingenuidad, decidió recoger. Daniela Calarco y Roberto de la Cruz Gómez son identificados como los artífices del incendio que consumió una estación de bicicletas y contenedores de basura. Fernando Gómez está acusado de tirar piedras e intentar saltar una valla.
David Sica, por su parte, enfrenta acusaciones de agredir a un policía durante su detención. Se trata de un hombre desempleado que recorría la ciudad en busca de comida para personas sin hogar. Aún no se han presentado pruebas de estas acusaciones. Todas las detenciones son improcedentes, aunque se pruebe que Calarco y Gómez provocaron los incendios. Porque no son pirómanos, pero lo habrían hecho en un contexto de protesta social, ni Valiente tira piedras a todos sus vecinos. No hay riesgo de complicar la investigación ni peligro alguno para la sociedad. Simplemente perseguir la crueldad y asustar a toda la sociedad de manera ejemplar.
Es evidente que la verdadera intimidación no emana de las calles tumultuosas, sino de los poderes ejecutivo y judicial hacia la sociedad civil, desalentando y vulnerando la libertad de expresión, la convocatoria de organizaciones civiles y políticas y el ejercicio de la protesta. No sólo por la acción persecutoria de esta cacería real, sino también por la omisión de investigación. De hecho, los actos de vandalismo más graves, los mismos utilizados para justificar la represión y la conclusión absurda de un intento de golpe de Estado, quedaron inexplicablemente fuera del escrutinio judicial.
Único párrafo del juez sobre el incendio del vehículo radio “Cadena3Dice que se trata de una “circunstancia reproducida por los medios periodísticos” y sería juzgada por la “justicia ordinaria”. Precisamente la acción principal, perfectamente grabada por las cámaras, sobre la que se levantan sospechas de haber sido una puesta en escena orquestada por la propia policía para justificar la posterior cacería. Las fuerzas de seguridad no sólo no brindan la seguridad que se les pide, sino que también parecen estar involucradas en la creación de pretextos para su propia intervención represiva.
No quiero escapar de la polémica de que en algunos círculos, como las asambleas populares y las organizaciones de derechos humanos, cuentan con el apoyo de ciertos autoproclamados izquierdistas, que defienden la legitimidad de las acciones violentas de resistencia, la virtud supuestamente estimulante del enfrentamiento físico o la negación de cualquier delito contra personas o bienes en el contexto de protestas o ante actos represivos.
Además de las posibles nobles intenciones que pueden animar tales argumentos, creo que comprometen no sólo a las víctimas de estas verdaderas cacerías que describo, sino también el futuro de las movilizaciones y las metodologías de resistencia. Al defender la violencia justificada, sin darse cuenta podrían socavar la legitimidad y la eficacia de los movimientos sociales, así como desalentar el atractivo más amplio posible de diversas voces para las movilizaciones.
La fuerza de la libertad expresiva no es física, pero su poder radica en la atracción de un amplio espectro de la sociedad aplastada por la ofensiva expropiatoria, donde cada individuo, independientemente de su capacidad física, encuentra un rol y un espacio para intervenir.
No menos importante es la aterradora demostración del gobierno de desalentar la protesta social y la libertad de expresión. Es fundamental evitar cualquier aportación, incluso involuntaria, que pueda justificar o fomentar una mayor pasividad por parte de los ciudadanos para no sentirse “Rambos” de la resistencia.
Tal contribución es una táctica sustractiva de participación e incluso de represión, aunque no de los agresores directos, sino de todas las demás formas de disidencia no relacionadas con el combate físico. Incluyendo el ejercicio de la razón.
*Emilio Cafassi es profesor de sociología en la Universidad de Buenos Aires.
Traducción: Arturo Scavone
Publicado originalmente en el portal Caras y muecas.
la tierra es redonda hay gracias a nuestros lectores y seguidores.
Ayúdanos a mantener esta idea en marcha.
CONTRIBUIR
