por RENATO DAGNINO*
El proceso político en marcha para generar una reindustrialización del país no piensa en términos de una reindustrialización solidaria
Este texto pretende ser el primero de una serie diseñada para buscar el diálogo con quienes están siguiendo el proceso de redacción de la política de “neoindustrialización”. Un proceso que, mucho antes de que fuera posible enunciar como política pública, venimos discutiendo y denominando, siguiendo la literatura de la época, “reindustrialización empresarial”. Y, contrastándolo con la, evidentemente no excluyente, “reindustrialización solidaria”.
En esta ocasión mantengo esta posición ideológica. Y también el foco del análisis de políticas. Ese enfoque multidisciplinario que lo entiende integrado por movimientos de política y política realizadas por los actores involucrados. Y destaca que siempre es necesario examinar las relaciones que se dan entre ellos a lo largo del ciclo sistémico, también iterativo e interactivo, de los momentos de formulación, implementación y evaluación.
Las personas a las que privilegio aquí y que han leído documentos gubernamentales sobre la neoindustrialización en los medios de comunicación estarán de acuerdo conmigo en que su actor clave es la empresa nacional. Allí aparece como el responsable de su éxito.
Hasta el punto que un colega del Departamento de Política Científica y Tecnológica de la Unicamp (desconfiado, dado que está lejos de admitir, entre otras cosas de las que vengo hablando, el concepto de “tecnociencia solidaria”) repite de manera irónica entonan la máxima garrinchiana: “¿Y ya habéis pactado con los rusos?”
Ante la imposibilidad de responder a la pregunta, y por desconocer las posibles “combinaciones” (entendidas como condiciones) en las que está involucrado este actor, la manifestación pública más importante que encontré, y por eso la tomo como referencia, Es el discurso de toma de posesión del actual presidente de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), Ricardo Albán, el pasado 31 de octubre.
No lo volveré a hacer aquí, pero el ejercicio que hice cuando leí el texto fue similar a uno de esos acertijos en los que, dadas dos listas, teníamos que unir cada oración de ambas con un guión.
El primer listado fue el que se desprende de lo publicado en los documentos a que me referí, y el otro, las declaraciones explícitas y, principalmente, implícitas que contienen el magistral discurso del presidente del CNI. Que tomo, con todas mis reservas, como la del actor empresario.
El material que hace referencia al discurso lo presenta en un lenguaje hábil (que, me ayudó Google, significa: certero, perfecto, correcto, claro) que admite dos interpretaciones: una basada en una lectura “racial” y, otra, orientada al escrutinio. las intenciones que fueron comunicadas a quienes lo prepararon. También está “articulado” de manera que permite que las declaraciones hechas en cada momento basadas en argumentos sólidos, incluidos empíricos, nacionales e internacionales, se debiliten en el período siguiente. O, también, como susceptible de ser interpretado de manera antagónica.
Aunque el estilo suele ser elíptico, el discurso dialoga con cada una de las exigencias gubernamentales que la actual etapa de neoindustrialización impone a la política pública de la empresa. Aquellos que, en mi ejercicio (que me gustaría proponer como investigación a algún estudiante del departamento), aparecen en la primera lista.
Es como si, al reconocer las demandas y avalarlas como pertinentes, el actor empresarial estuviera cumpliendo con lo que él (y buena parte de los hacedores de politicas) entiende como su papel. Es decir, presentar las condiciones –a ser satisfechas a través de medidas de otras políticas públicas– que harían posible su necesaria participación (citada como algo que se puede deducir claramente de esos documentos).
Del discurso se desprende la impresión de que el actor empresario expresa, o mejor dicho, reproduce, un “sentido común” presente en la sociedad. Lo cual, como suele ocurrir, se vende como “sentido común”.
Más que eso, al respaldar la neoindustrialización y aceptar implícitamente la noción de que podría convertirse en algo similar a la política de industrialización a través de la sustitución de importaciones (cuando los aspectos políticos, económicos, cognitivos, sociales, etc., se guiaran por ella), está alineándose ideológicamente con quienes lo formulan.
Lo que el discurso reproduce es la narrativa del promoción de políticas formado por la élite científica y la tecnocracia de la política cognitiva brasileña (esa con la que vengo combinando Educación y CTI). El que, hegemónicamente, ha guiado la forma en que nos relacionamos con el conocimiento durante décadas.
Al igual que otros compañeros alineados con el pensamiento latinoamericano sobre ciencia, tecnología y sociedad, también he buscado durante décadas deconstruir esta narrativa (que he llamado innovacionista), enfocándome en sus puntos que parecen dignos de crítica.
Hoy, lo que más me preocupa es tratar de evitar que la narrativa innovacionista nos lleve a desperdiciar la oportunidad, contenida en la curricularización extensionista, de reorientar las agendas de docencia, investigación y extensión de la universidad pública.
En medio de una multiplicidad de aspectos urgentes y acciones de diferente naturaleza relacionados con esta reorientación, hay una preocupación que más me moviliza.
Se trata de la necesidad de que nosotros, como trabajadores y trabajadores del conocimiento, aprendamos a identificar, en las necesidades materiales colectivas que actualmente no están satisfechas, la demanda tecnocientífica que es responsabilidad de nuestra universidad “profesoral”.
Es en este contexto que aparece el concepto, visto en el escenario global y en sus diferentes denominaciones como esencial para prolongar en paz nuestra vida en este planeta, de “economía solidaria”.
Y asoció, como condición para su expansión, el concepto de “tecnociencia solidaria”. La que debemos desarrollar a través del rediseño y adaptación sociotécnica de la tecnociencia capitalista. La hecha por y para las empresas, que interactúa con la guerra y contribuye a hacer inviable la vida que queremos dejar a los que vienen después.
Más que lo que hice en el caso anterior, dado que ya publiqué los resultados de mi análisis, pretendo proponer otro acertijo.
¿Por qué la propuesta de reindustrialización solidaria ni siquiera se considera en los documentos gubernamentales? ¿Cuál es la culpa de los argumentos y acciones que contiene? Y, si hay algunos que son defendibles, ¿cómo pueden operacionalizarse dentro de la actual correlación de fuerzas?
*Renato Dagnino Es profesor del Departamento de Política Científica y Tecnológica de la Unicamp. Autor, entre otros libros, de Tecnociencia solidaria, un manual estratégico (luchas contra el capital).
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