por LAURA CARLSEN*
Para el gobierno colombiano, su gente es el enemigo
El paro nacional en Colombia ya tiene un mes, su movilización alcanza proporciones históricas para la nación y para América Latina. Las protestas contra el gobierno nunca cesan. Esta fase de resistencia comenzó como un grito de protesta contra una reforma tributaria que aumentaría los impuestos sobre productos y servicios básicos, elevando el costo de vida en un país donde el desempleo, la pobreza y la desigualdad están en niveles sin precedentes. Ahora se ha convertido en una lucha entre el exterminio y la emancipación.
Incluso después de que el gobierno de Iván Duque se retirara de su propuesta de gravar la “canasta básica familiar”, las movilizaciones se extendieron rápidamente para incluir demandas populares relacionadas con una serie de agravios, entre ellos la falta de educación, empleo y salud; la violencia constante, ya sea gubernamental, paramilitar, criminal, patriarcal o racista; sabotaje del proceso de paz; ejecuciones en curso de defensores de derechos humanos y líderes sociales; ocupación militar de territorios indígenas; y, más recientemente, la represión de los manifestantes. Millones arriesgan su vida al participar en las protestas, especialmente jóvenes, porque, como le dijo un grupo de la ciudad de Cali a la periodista Angélica Peñuela, “hasta aquí nos ha traído el hambre, no tenemos nada que perder”.
Jhoe Sauca, de la Autoridad Tradicional del Pueblo Kokonuco y del Consejo Regional Indígena del Cauca, explica que la reforma tributaria fue inaceptable y se convirtió en un agravante que finalmente provocó la movilización de millones. "No podemos soportarlo más", dijo. “Con la pandemia nos hemos estado muriendo de hambre, y nuestros negocios han quebrado, mientras el gobierno apoya a los bancos y a las grandes empresas”. Según él, los pueblos de Colombia luchamos desde hace 50 años bajo el principio de la unidad, y la reforma “ha inclinado la balanza a favor del mensaje que le hemos transmitido a la sociedad colombiana, que tenemos que luchar por nuestros derechos. "
Y agregó que “en ese marco podemos elevar la capacidad organizativa a nivel de un movimiento indígena, pero también a nivel de la sociedad en general”. Destacó que en 2017 la espinas Defensa Social de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz. Mientras movilizaban sus territorios, Minga [trabajo colectivo en quechua] trajo grandes contingentes a las protestas, especialmente en Cali.
En el mismo conversatorio, Vilma Almendra Quiguanás, del pueblo Nasa-Misak y miembro de la Pueblos en Camino, subrayó el carácter histórico de la unidad lograda. “Muchas personas del área rural están en el movimiento. Según datos de Indepaz, de los 1.123 municipios del país, 800 se movilizaron. Somos 15 millones en un movimiento sin precedentes”. Ella ve las protestas como la culminación de 529 años de colonización y resistencia, milenios de patriarcado y las falsas promesas y expectativas que vinieron con el Acuerdo de Paz.
“Casi cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz, bueno, sí, se ha asegurado el desarrollo en 'áreas duras'. Pero, ¿qué es el desarrollo? Son la concesión minera, la concesión petrolera, la ampliación de las fronteras agrícolas, los monocultivos, la concesión del agua, proyectos de muerte que están expropiando, matando y criminalizando a los movimientos campesinos y populares. Nos engañaron diciendo que habría paz. No hay paz ni dinero”, explicó Vilma.
Para el gobierno colombiano, su pueblo es el enemigo. El Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registra 71 muertos desde el inicio del paro el 31 de mayo, casi todos a manos de las fuerzas de seguridad y milicias aliadas. Alrededor del 65% de las muertes ocurrieron en Cali, “el centro de la resistencia”. El domingo 30 de mayo, el presidente ordenó “el máximo despliegue de asistencia militar a la policía” en Cali y Popayán. Las conversaciones con el Comité de Huelga no van a ninguna parte, ya que el gobierno insiste en que se desmantelen los bloqueos como condición previa, sin comprometerse con ninguna medida de desmilitarización. El fracaso del diálogo no es el problema -las negociaciones ni siquiera han comenzado formalmente- sino la falta de voluntad política por parte del gobierno.
La extrema derecha está publicitando cada vez más su preferencia por la guerra como estrategia para justificar el control autoritario y el exterminio de la oposición y de gran parte de la población. Fernando Londoño, exministro, expresó esto en forma de desafío al presidente Duque: “…si no eres capaz de usar la fuerza legítima del Estado para desbloquear el puerto de Buenaventura para bien o para mal, no tienes otra opción sino a resignarse”. Esto no es un mero discurso político; las fuerzas de extrema derecha de Álvaro Uribe, el expresidente que es el poder detrás del trono, son especialistas en hacer las cosas “para el mal”. En estos días han vuelto a la palestra prácticas perversas como la falsificación de pruebas para ejecutar o criminalizar a personas tildándolas de terroristas, la reactivación de paramilitares que en realidad nunca se desmovilizaron y las masacres selectivas. Abundan las pruebas en Internet de paramilitares y agentes encubiertos disparando a sangre fría contra los manifestantes. El uso de grupos paramilitares y operaciones encubiertas por parte de las fuerzas de seguridad para reprimir las protestas es una violación de la Constitución.
Manuel Rozental, médico colombiano y miembro de la Pueblos en Camino, advierte: “Si este proceso de levantamiento popular le permite al Estado colombiano exterminar masivamente al pueblo, exterminará. La pregunta es si aquellos que dicen 'negocios son negocios' se volverán cómplices incluso mientras gritan que lo sienten”.
La respuesta internacional a la crisis de derechos humanos en Colombia será un factor determinante.
“Mientras Joe Biden y el gobierno de Estados Unidos no se pronuncien a favor de suspender la ayuda militar al gobierno genocida de Colombia, no solo serán cómplices, sino mucho más que eso”, subrayó Rozental. “No hay una bala policial, un gas soltado, una política de represión que no haya sido financiada, impulsada y apoyada por Estados Unidos”.
Es importante resaltar que Biden fue el principal artífice e impulsor del Plan Colombia y lo sigue ensalzando como un gran éxito de la política estadounidense en América Latina.
Rozental destaca que las causas estructurales del conflicto son anteriores al actual enfrentamiento entre el levantamiento popular y las autoridades. Más que eso, explica, el capitalismo ha llegado a una etapa en la que el propio pueblo es un obstáculo para el Estado y gran parte del empresariado. “Nuestra historia, como la historia del capitalismo, se puede resumir diciendo que aquí hubo explotación de parte de ellos, entonces se explota lo que les sirve, luego se excluye lo que queda de gente en el territorio. Terminan participando en el exterminio porque cuando la codicia es sagrada, robar y matar es ley”. Explica que en Colombia hay una sobrepoblación que hace imperativo captar recursos escasos.
Que el pueblo sea considerado un estorbo es evidente en la actuación del gobierno. Las autoridades estatales se sienten incómodas con los jóvenes, que son reprimidos a balazos por protestar por la falta de oportunidades en un país que figura entre los más desiguales del mundo, con una tasa oficial de desempleo superior al 15%. Se sienten incómodos con los defensores de derechos humanos que exige el pueblo. Indepaz registra que solo este año asesinaron a 67 defensores de derechos humanos que firmaron el Acuerdo de Paz, convirtiendo a Colombia en el país que más asesinó a este tipo de activistas en el mundo. Se sienten incómodos con los pueblos indígenas que intentan proteger los recursos naturales que los sostienen a ellos y al planeta, así como protegerse del despojo de las grandes empresas y la élite política. Se sienten incómodas con las demandas de las mujeres por sus derechos, que han sido duramente atacadas por el gobierno conservador y la brutal reafirmación del patriarcado. La idea de la paz también parece molestarlos: 25 excombatientes de las FARC que firmaron el Acuerdo de Paz han sido asesinados o desaparecidos este año, lo que envía un mensaje claro de que la paz no está en la agenda del gobierno. De hecho, ha habido 41 masacres solo este año, con 158 víctimas.
El pueblo colombiano lo juega todo en su lucha contra el sistema neoliberal de muerte en su país; representa la lucha de toda América Latina. Es una responsabilidad general no dejarlos solos. Un muro en los medios bloquea la información sobre lo que sucede en esta histórica movilización, mientras la narrativa gubernamental intenta desviar la atención hacia los bloqueos y el vandalismo, y lejos de la vida humana y las legítimas demandas del pueblo.
Debido a la falta de movilidad, pocos periodistas han podido informar desde muchas zonas por la prensa internacional y los ataques policiales a quienes lo intentan. Además, los medios comerciales suelen hacerse eco de las versiones oficiales. Sin embargo, la izquierda, las feministas, la juventud y otros sectores están promoviendo campañas masivas de solidaridad en las redes sociales en todas partes del mundo. Sin embargo, esta campaña tiene que ser más grande y más intensa para poder brindar el apoyo y la protección adecuados a las manifestaciones en este momento crucial.
*Laura Carlsen es director del Programa de las Américas en la Ciudad de México y asesor de Just Associates (JASS).
Traducción: Carlos Alberto Pavam para el portal Carta Maior.
Publicado originalmente en Contragolpe.
