por GILBERTO LOPEZ
Gabriel Boric busca un alineación política que resultó imposible en Chile
Parecía que existía: un derecho democrático. "Pero fue porque tenían el control, el poder de veto". “Cuando vieron que la democracia podía permitir que otros tomaran el control, entonces estaban en contra de la democracia”, afirmó Fernando Atria. Estoy nuevamente sentado con Fernando Atria, abogado constitucionalista, ex constituyente, en su casa de Santiago, en una conversación que dura seis años. El mismo hilo conductor de siempre.
“La forma política chilena caducó el 18 de octubre de 2019, cuando estallaron grandes protestas por el aumento del transporte público, que pronto se convirtieron en una verdadera erupción social”, me dijo el 21 de mayo, cuando era diputado de la Constituyente. Asamblea. . Tres años antes, cuando buscó sin éxito un asiento en la Cámara de Diputados –y Sebastián Piñera ganó su segundo mandato presidencial– habló de un cambio de era en la política chilena, desde las protestas de 2011. Se dio cuenta de que el país estaba sometido a una forma de gobierno incapaz de producir las transformaciones significativas que necesitaba.
Una crisis sin resolver
Hace seis años, en 2017, usted me dijo que hubo un “cambio de época” en la política chilena. Pero las exigencias de desafiar el modelo neoliberal no podrían satisfacerse sin una nueva constitución. Hubo avances en esa dirección, pero creo que pocos imaginaban que llegaríamos al punto actual, con el proceso constituyente en manos del pinochetismo. “¿Y ahora qué?”, le pregunté en vísperas de las celebraciones del 50 aniversario del golpe contra la Unidad Popular, cuando la redacción de un nuevo proyecto de constitución entraba en su fase final.
“Sigo creyendo que Chile necesita una transformación y que la Constitución lo impide”, afirmó Fernando Atria. “Esta situación lo que produjo fue una deslegitimación progresiva, hasta que el proceso explotó. Sólo entonces se abrió la posibilidad de una verdadera transformación. Esta posibilidad ha fracasado y no se materializará ahora. Una de las razones es que llegó demasiado tarde. La crisis seguirá sin resolverse”.
En un Consejo Constitucional de 50 miembros, la derecha tiene una amplia mayoría. Sólo los republicanos, encabezados por José Antonio Kast, cuentan con 22 representantes, además de seis de la UDI y cinco de Renovación Nacional-Evópoli. Desde el 16 de septiembre votan (y aprueban) prácticamente todas las reformas que el grupo hizo en el texto más consensuado elaborado por un Comité de Expertos.
“Quienes controlan la mayoría en este proceso están transformando su proyecto de Constitución en una fuente de odio sectario y mezquindad”, afirmó Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, el 21 de septiembre. “Lo que vemos en el Consejo es un pantano en el que se revuelcan personajes mediocres”. Al final, el 17 de diciembre los chilenos tendrán que acudir nuevamente a las urnas para aprobar o rechazar el texto que les presentan, cuya radicalidad ha comenzado a generar malestar en sectores de la propia derecha.
50 años después del golpe
Cincuenta años después del golpe, parece que Chile necesita retomar el curso de reformas interrumpidas por la dictadura. La hija de Allende, la senadora Isabel Allende, defendió el trabajo de su padre y el programa de la Unidad Popular en su discurso del 11 de septiembre. La derecha respondió a este programa con un golpe de estado, que lo suspendió durante los últimos 50 años. ¿No cree que es necesario retomar este hilo político? Le pregunté a Fernando Atria al comienzo de nuestra conversación.
"Sí, por supuesto. Tenemos que volver al camino. Continuar con la construcción de este estado social, eso es lo que necesita Chile”, me dijo. “Pero este no es el 12 de septiembre del 73”, añadió. “El programa de Allende, la experiencia de la UP, debe verse en el contexto del desarrollo chileno en el siglo XX. En los años 1960, durante el gobierno de Frei (64-70), se intentó redefinir el papel de la propiedad y la presencia del Estado en la economía. Esto tenía que ver con la propiedad como forma de redistribuir el poder y fue explícito en el caso de la reforma agraria”.
La senadora Isabel Allende recordó este proceso histórico al hablar en La Moneda el 11 de septiembre. “Mi padre viajó por todo Chile, recorrió el país durante más de la mitad de su vida, desde las sierras y valles hasta el mar, desde el desierto hasta los campos de hielo de la Patagonia. Representó al Norte, Centro y Sur en el Congreso como representante y senador; y, en sus cuatro campañas presidenciales, escuchó las voces de miles de personas e impulsó la construcción de movimientos sociales amplios, diversos y plurales”. “En esos años, el 60% de las familias ganaban el 17% de los ingresos del país, mientras que el 2% de las familias controlaba el 46% del ingreso nacional. La mortalidad infantil superaba las 200 muertes antes de cumplir la edad de uno por cada mil nacidos vivos, la pobreza era brutal y, por supuesto, multidimensional”.
“El gobierno de la Unidad Popular adoptó su pensamiento”, recordó. “A pesar de sus dificultades y errores, redistribuyó el ingreso, aumentó significativamente el salario mínimo y las pensiones, democratizó el crédito, nacionalizó los principales recursos naturales del país, profundizó la reforma agraria, combatió la desnutrición, abrió espacios de participación en la toma de decisiones, duplicó las licencias de maternidad. , estableció igualdad salarial entre hombres y mujeres que trabajan en el Estado, aumentó las becas y programas especiales para trabajadores y mujeres en las universidades, impulsó la cultura, la lectura y la medicina social, regaló zapatos a todos los niños que no los tenían, entre muchas otros logros".
“Lo que pasó en Chile en esos años”, dijo Isabel Allende, “se convirtió en parte de la historia de vida de millones de ciudadanos que se sintieron interpelados y movilizados de muchas maneras, inspirados por Allende”. “Hoy esta derecha busca distorsionar los hechos para culpar a la UP y al presidente Allende del golpe de Estado. Pero los verdaderos responsables”, añadió, “fueron quienes rompieron el sistema institucional, bombardearon este palacio, persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de chilenos. Y, sin duda, quienes los protegieron políticamente y mantuvieron un silencio cómplice ante las atrocidades que ocurrían en el país”.
Democracia y derechos humanos
La historia nos muestra que estos 50 años de la historia de Chile fueron 50 años de lucha por recuperar un hilo que cortó el golpe de Estado. Una lucha que nunca fue interrumpida, ni siquiera cuando las condiciones eran las más dramáticas y todo parecía imposible.
Como dijo Allende: “Los procesos sociales no pueden detenerse ni por la represión, ni por el crimen, ni por la fuerza. La historia es nuestra y la hace el pueblo”. Me parece que a este camino se referían Fernando Atria e Isabel Allende.
Gabriel Boric prefirió hablar de democracia y derechos humanos. No es que a Atria y al senador Allende no les importara el tema. Pero el enfoque es diferente. Le pregunté a Fernando Atria si la afirmación del presidente de promover los derechos humanos “sin colocar ninguna ideología detrás” no terminaba por alinearlo con una política conservadora que ha sido la base de la violación de esos derechos en Chile y América Latina. ¿Es este el camino para defender los derechos humanos?, pregunté.
Se toma un momento… piensa… y dice: “Sí y no… No creo que una política internacional pueda definirse por el tema de la incondicionalidad de los derechos humanos. Pero independientemente de de qué lado esté Gabriel Boric, la idea de la incondicionalidad de los derechos humanos tiene valor”.
Tarda un poco más… “América Latina necesita tener una izquierda cuyo compromiso democrático sea fundamental. Eso permite compensar el daño causado a la izquierda latinoamericana por la situación en Venezuela y Nicaragua”.
Y añade: “Pero en política no importa de qué lado estés. En su política encaminada a construir una izquierda latinoamericana, el gobierno no tuvo el impulso que esperaba”.
Hay que leer los discursos de Gabriel Boric: el del 11 de septiembre, el de la ONU y el de la OEA, cuando inauguró la puerta Salvador Allende. “La democracia es la única manera de avanzar hacia una sociedad más justa y humana y, por tanto, es un fin en sí misma”, afirmó Boric. Es “una construcción continua, es una historia que nunca termina”.
Es difícil encontrar apoyo en la historia para tales afirmaciones. La propia vaguedad del concepto de “democracia” permite sus usos más variados. En una reciente reunión de las derechas latinoamericanas y españolas más rencorosas en Argentina se dijo que la “democracia” es el único sistema “capaz de garantizar la libertad, el progreso, la justicia y la sostenibilidad”.
Casi al mismo tiempo, más de 140 académicos de 15 países se reunieron en Roma el 20 de septiembre para un seminario chino-europeo de derechos humanos titulado “Modernización y diversidad de los derechos humanos entre civilizaciones”. Gabriel Boric habla “por las nuevas generaciones, por quienes crecieron o nacieron en democracia y que, por tanto, la consideran como un hecho de la realidad. ¿Qué les dice? Dice que los problemas de la democracia siempre deben resolverse con más democracia y nunca con menos. Que “los derechos humanos son una base ética y una opción política inalienable”, que no tienen color político, que deben ser promovidos y defendidos en todo momento y lugar, que su condena debe ser clara, “sin importar el color del gobierno”. eso los viola”. Garantiza que no tiene intención de “repartir recetas ni dar lecciones a nadie”.
Por supuesto, nada de esto es posible. ¿Qué hará si Estados Unidos no atiende a sus exigencias de poner fin a las sanciones ilegales contra países como Venezuela y Cuba (que fue sometida a medidas drásticas hace más de 60 años, condenadas prácticamente unánimemente por la Asamblea General de la ONU)? ¿Puede hacer algo? ¿Saldrá al mundo repitiendo su condena? Está apuntando particularmente al gobierno de Nicaragua. Ya lo había hecho anteriormente con Venezuela. ¿Tratará por igual las violaciones de derechos humanos en Estados Unidos (que ni siquiera es miembro de órganos interamericanos de derechos humanos, como la Convención o la Corte) y las que denuncia en otros países?
Nada de esto tiene sentido. No es posible abordar el tema de los derechos humanos (si pretendemos avanzar de alguna manera) sin considerar las circunstancias políticas, el escenario histórico. Es decir, transformar principios en políticas activas e inteligentes para avanzar en la solución de los problemas. Esta capacidad de aplicar conceptos generales a situaciones concretas es una cualidad rara e indispensable para cualquier político.
Al final, Gabriel Boric acaba repartiendo recetas y dando lecciones. Termina alineado con lo más conservador de América Latina, incapaz de resolver un desafío que enfrenta cualquiera que se proponga hacer política: transformar los principios generales (en los que coinciden un amplio espectro, derecha e izquierda) en la aplicación práctica de estos conceptos. Renunció a esta tarea. Le basta un concepto general, una idea que recuerda la introducción de Fernando Atria: parecía que existía una derecha democrática. Pero esto sucedió porque tenían el control, el poder de veto.
Rechazo de la derecha
Según esta visión, Gabriel Boric busca un alineamiento político que ha resultado imposible en Chile. A sus intentos de unidad, la derecha respondió leyendo nuevamente en el Congreso la polémica resolución del 22 de agosto de 1973, en la que se sentaron las bases del golpe de septiembre, lo que desencadenó una airada respuesta de los parlamentarios que representan, de alguna manera, lo que puede ser considerados como fuerzas cercanas al proyecto de Allende. En su texto, la derecha culpa a Salvador Allende de la ruptura institucional, como justificación del golpe.
Hace apenas un mes, en agosto pasado, el general Ricardo Martínez, ex comandante del ejército, publicó un modesto y controvertido texto de 140 páginas titulado “Un ejército para todos”, de notable importancia política. En él, redefine el papel del ejército en escenarios políticos turbulentos, incluido el período de la Unidad Popular. En los últimos 50 años, afirmó, “una sucesión de hechos relevantes ha involucrado al ejército”. Pero ninguno de ellos fue más importante para la vida de la nación y sus ciudadanos que “el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, en el que el comandante en jefe del ejército asumió el papel de presidente de la junta de gobierno”. .
El general Martínez reivindica el papel de dos de sus antecesores al mando del ejército, ambos asesinados por conspiraciones civiles y militares de derecha: el general René Schneider (en cuyo asesinato, asegura, participaron civiles y militares en activo, con el apoyo de la CIA ) y el general Carlos Prats, antecesor de Pinochet al mando del ejército y que fue asesinado junto a su esposa, en septiembre de 1974, en Buenos Aires, donde se refugiaron tras el golpe. Un crimen “cobarde, cruel y repudiable”, dice el general Martínez, “una vergüenza institucional”.
No es posible detenerse aquí en las reflexiones de un libro lleno de lecciones, que me parecen mucho más útiles para la aplicación de una política de derechos humanos al caso de Chile que la defensa reiterada de una idea, sin fundamento alguno en concreto. análisis. . Pienso, por ejemplo, que si Gabriel Boric hubiera invitado al general Martínez a acompañarlo en La Moneda en el 50 aniversario del golpe, habría enviado a la ciudadanía un mensaje de unidad mucho más lúcido y potente que su repetido discurso de Slogans.
“Se intentó revertir la responsabilidad por la tragedia que todos vivimos durante los 17 años más oscuros de nuestra historia”, denunció la senadora Allende en su discurso. “Los verdaderos responsables fueron quienes quebraron instituciones, bombardearon este palacio, persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de chilenos”, dijo.
Este escenario político ha dejado claro que la consigna “nunca más” –repetida una y otra vez– no es más que un deseo, que no da a los chilenos ninguna orientación sobre cómo lograrlo. Sólo hay dos caminos: o renunciar a cualquier cambio significativo en el país para que este derecho no se sienta amenazado; o se crea la fuerza política necesaria para impulsar estos cambios, sin que otro golpe pueda frenarlo.
Pero el eslogan, vacío de contenido político, contribuye poco -o nada- a lograr lo deseado. Así como una concepción vaga de la democracia no deja orientación a una población ansiosa por conquistarla. Quizás todo esto tenga mucho que ver con las dificultades de celebrar el 50 aniversario del golpe de Estado, sin ningún objetivo político –sustituido por los buenos deseos del presidente– que movilice a la población para volver al camino perdido.
una puerta equivocada
La celebración del cincuentenario coincidió con la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, adonde viajó el presidente chileno una semana después. Allí reiteró su discurso: los problemas de la democracia se solucionan con más democracia; los derechos humanos no tienen color político… Criticó las sanciones impuestas por Washington a Cuba y Venezuela. No habló de las aplicadas contra Nicaragua.
Pero aún quedaba pendiente el acto final del cincuentenario. Se celebró en la sede de la OEA en Washington. Gabriel Boric señaló, en su página “X”, que la OEA había nombrado su puerta principal en honor al expresidente Salvador Allende, junto a 32 países que adhirieron a esa decisión. Y posó, estrechando la mano del secretario general de la OEA, bajo un hermoso tapiz con la imagen del presidente Allende.
Cincuenta años después, la idea de transformar la imagen de Allende en una puerta en la OEA me parece desafortunada... Es inevitable compararla con otra puerta –tan recordada hoy-, la de Morandé 80, por donde pasó el cuerpo de El presidente Salvador Allende fue destituido. La imagen de esa puerta (que Pinochet ordenó cerrar) llenó a los chilenos de recuerdos y lecciones.
¿Qué lección podemos aprender de la puerta de Salvador Allende a la OEA, inaugurada por un secretario general comprometido con el golpe de Estado en Bolivia, en una institución cuyo descrédito no podría ser mayor en América Latina? La OEA no merece esta puerta, ni Allende este desprecio.
*Gilberto López es periodista, doctora en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica (UCR). Autor, entre otros libros, de Crisis política del mundo moderno. (Uruk).
Traducción: Fernando Lima das Neves.
