por GILBERTO LOPES*
Consideraciones sobre el tema de la deuda pública
El ministro de Hacienda de Costa Rica, Nogui Acosta, se jacta de que, por primera vez en trece años, el gobierno cancelará el monto principal de la deuda. Sugiere que se trata de “un hito en la trayectoria de consolidación de las finanzas públicas”. Pagar el principal en lugar de renegociar la deuda y reactivar la economía, cosa que nadie hace, salvo en condiciones muy especiales. Ningún gobierno serio hace lo que propone el gobierno de Rodrigo Chaves, ex empleado del Banco Mundial. Eso es un absurdo. ¡Pero vender activos nacionales para hacerlo es más que absurdo!
La propuesta de vender activos para reducir la deuda no es sólo un error -que esconde la verdadera ambición de comprar, a precios de liquidación, negocios muy rentables-, sino el verdadero objetivo de estas propuestas, que poco -o nada- tienen que ver con el tema del control de la deuda.
Ciertamente, el problema de la deuda debe ser tratado con seriedad, como parte del programa de desarrollo de un país, y no sometiéndonos a condiciones inaceptables y dolorosas para satisfacer las demandas de los acreedores. Esto no tiene sentido si se mantienen las condiciones que generaron la deuda. Las ventas de activos pueden pagar algo, pero nada significativo. En poco tiempo, deberemos lo mismo o más. Si vendemos los activos nacionales para pagar la deuda, en el corto plazo no solo estaremos más endeudados, sino también más pobres.
Deuda, una bomba para desactivar
Un economista español, el profesor Juan Torres López de la Universidad de Sevilla, se ha dedicado a la cuestión de la deuda durante mucho tiempo. Fui a entrevistar al profesor Torres en Sevilla hace unos años y he estado siguiendo sus escritos. De sus textos surge la idea de que la deuda es una bomba que hay que desactivar, como en el artículo publicado en el diario español Público el 11 de junio de 2021.
Según él, los datos sobre la evolución de la deuda en el mundo nos muestran que “estamos sentados sobre una bomba que inevitablemente explotará, si no se toman las medidas adecuadas para desactivarla”. Quedó impresionado por los datos de deuda que acaba de publicar el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Basilea, Suiza. Las deudas acumuladas en el mundo al cierre de 2020 rondaban los 286 billones de dólares, unas 3,5 veces el producto global.
De esa deuda, $221,4 billones correspondían al sector no financiero: $53,8 billones a deuda de los hogares; 83,4 billones de dólares en deuda pública; $ 78,6 billones en deuda corporativa no financiera. A esto hay que sumar 65 billones de dólares del sector financiero.
Un año después, esa deuda había aumentado a 303 billones de dólares, impulsada por la montaña de efectivo inyectado en las economías para hacer frente a los efectos del covid-19 en las empresas y las personas, según datos de la Instituto de finanzas internacionales (IIF), una asociación de instituciones financieras globales con sede en Washington. Estos números son graves por su tamaño, pero principalmente por su vertiginoso crecimiento, acelerado por la pandemia. Según el BIS, la deuda total del sector no financiero se ha triplicado desde 2000.
El análisis de la economía de los países de la Unión Europea (UE) es objeto de especial atención de Juan Torres López. Según datos de Eurostat, que cita en el citado artículo, la deuda pública de toda la Unión Europea era de 12 billones de euros. La de los países de la eurozona fue ligeramente inferior, con 11,1 billones de euros. Esto, a su juicio, demostraba que las “mal llamadas” políticas de austeridad no estaban sirviendo para reducir la deuda, “sino precisamente al contrario”. Desde el año 2000, dice, la deuda de la eurozona ha aumentado en 6,8 billones de euros. Una cantidad similar a la que pagaron, en ese período, en concepto de intereses. En 2020, en plena pandemia, los países de la Unión Europea tuvieron que gastar 191,6 millones de euros en pago de intereses. En otras palabras, “a cambio de los bancos que les prestaron dinero creado casi en su totalidad de la nada, sin costo alguno para ellos”.
Hace solo una semana BBC publicó un informe que revelaba que había gente comiendo comida para mascotas en Gran Bretaña y calentándola con velas. Hace unos meses nos dijeron que muchos británicos mayores de 50 años, al no poder pagar el alquiler, tenían que vivir en albergues compartidos. Quizás en pocos países las políticas de privatización y de contención del gasto público han sido tan efectivas como en Gran Bretaña. Estos ejemplos resaltan la necesidad de discutir cómo abordar el problema de la deuda. Este no es un problema técnico, sino político, como veremos.
¿Quiénes son los adictos a la deuda?
Juan Torres López hace algunas preguntas. Una de ellas es: ¿quiénes son los adictos a la deuda? Es un artículo que publicó hace unos años, en 2017. Poco antes había publicado un libro con el provocativo título Economía para no dejarse engañar por los economistas. Uno de los mitos más extendidos sobre la vida económica -dice en su artículo- es que la enorme deuda acumulada en el mundo es fruto de que la gente vive por encima de sus posibilidades. Otro mito es que “los partidos de centroizquierda son muy pródigos cuando gobiernan, produciendo grandes déficits que crecen sin parar”.
Cita como ejemplo las declaraciones de la entonces canciller alemana, Angela Merkel, de que ningún Estado puede gastar más de lo que recibe. Esto tiene sentido en el caso de una familia, pero no en el caso de un Estado, dice Juan Torres López. Si el Estado deja de gastar, provoca una disminución de los ingresos de las personas, lo que no ocurre con una familia.
Es, como tantas otras afirmaciones, “una falsedad que fácilmente se contradice con un conocimiento elemental de los procesos y datos económicos”, dice Torres. Los errores económicos tienen propósitos, dice. Los adictos a la deuda no son familias, y mucho menos familias de bajos ingresos. Son los bancos, “porque de ahí provienen sus ganancias y su increíble poder, no solo financiero, sino también mediático, cultural y político”. Cuando se nos dice que hay que salvar a los bancos, lo que se pretende es crear condiciones para que sigan endeudando a la gente.
La explicación de este proceso es relativamente simple y clara. Se nos dice que se deben imponer políticas de recorte de gastos para generar ahorro, reducir el gasto y reducir la deuda. Pero lo que se busca, dice Juan Torres López, es lo contrario: reducir la capacidad de generar ingresos propios para que los bancos puedan volver a conceder préstamos, creando así nuevas deudas. La prueba de la farsa es que la deuda aumentó más “precisamente en el período de implementación de las políticas de recorte social y rescate bancario”, que las autoridades financieras afirmaron como indispensables para reducir la deuda.
privatizar para pagar
El 1 de diciembre, el economista brasileño José Álvaro de Lima Cardoso denunció la deuda pública como un “mecanismo infinito para drenar el dinero público”. José Álvaro de Lima Cardoso se refería a la limitación del gasto para atender necesidades sociales impuesta al presupuesto brasileño tras el golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff en 2016. Una medida similar a la adoptada en Costa Rica, a través de una ley aprobada sin la necesidad de un golpe de Estado. En Brasil, el gasto social del gobierno también se congeló durante 20 años, lo que resultó en una severa recesión económica y resultados sociales desastrosos.
En 2004, en medio de una nueva crisis financiera internacional, Ernesto Gutiérrez Betancor publicó un artículo en la revista UNAM conceptos sociales (reproducida por varios medios) titulada “La deuda externa, ¿quién debe a quién?”. Señaló allí que “en los últimos años, las condiciones de vida de la mayoría de la población en África, América Latina y Asia se han deteriorado drásticamente”. “En el África subsahariana, por ejemplo, el consumo per cápita promedio es más bajo que en 1970. El ingreso de la mayoría de los latinoamericanos también es un 20% más bajo que en 1980. Esta situación desesperada se presenta a menudo como producto de la corrupción. , incompetencia o ineficiencia”.
Pero, dice Gutiérrez Betancor, las estadísticas muestran una realidad muy diferente. “En 1999, los 41 países pobres muy endeudados (PPME) transfirieron al Norte $1,68 millones más de lo que recibieron. En el mismo año, los países del llamado 'Tercer Mundo' en su conjunto realizaron una transferencia neta de recursos de 114,6 millones de dólares”. A pesar de ello, una deuda que en 1982 alcanzaba los 780 millones de dólares había pasado a poco más de 2 billones de dólares menos de 25 años después.
A finales de 2019, la deuda externa total de los países de ingresos medios y bajos (para nada del llamado Tercer Mundo, o “mercados emergentes”) alcanzó los 8,1 billones de dólares, según datos del Banco Mundial, institución responsable para los programas de reducción de la deuda y la pobreza, donde trabajaba Rodrigo Chaves. Ya en la década de 1970, Robert McNamara, exejecutivo de Ford, secretario de Defensa de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam y más tarde presidente del Banco Mundial de 1968 a 1981, advirtió que “la tasa promedio de aumento de la deuda después de la década de 1960-XNUMX es aproximadamente el doble de la tasa de crecimiento de los ingresos de exportación, con la que los países endeudados deben pagar esta deuda. Esta situación no puede continuar indefinidamente”.
Cuando quedó claro que los países subdesarrollados no serían capaces de cumplir con sus compromisos en las condiciones acordadas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional propusieron como solución las llamadas “políticas de ajuste estructural”. Las medidas fundamentales de estas políticas son la reducción del gasto público y la privatización de las empresas estatales. Cuarenta años de estas políticas resultaron en la aceleración de un proceso cuyas consecuencias insostenibles advirtió McNamara hace 50 años.
En Costa Rica, el gobierno propone la privatización del Banco de Costa Rica, uno de los tres bancos estatales. El ministro de Finanzas se jacta de que, por primera vez en trece años, el gobierno cancelará el monto principal de la deuda. Pero el secreto no está ahí, sino en la venta del banco, una operación excepcional, por la que los potenciales compradores (incluidos los bancos colombianos) siempre han tenido la mirada puesta.
“¿Cuánto se amortizaría con la venta del Banco da Costa Rica?”, le pregunté a un economista que sigue estos procesos en el país. “No hay una cantidad fija. Se estima en alrededor de 1,85 millones de dólares. Es suficiente para pagar los intereses de la deuda durante seis meses. Pero este es un valor puramente contable. El valor económico del banco es mucho mayor. Para el país se debe considerar su valor social, que incluye la capacitación de su personal -alrededor de cuatro mil personas-, el valor de sus instalaciones, los diversos servicios que brinda a la sociedad, no solo financieros, sino también el manejo de documentos, tales como pasaportes o permisos de conducir”.
“¿Qué significa ser muy eficiente para un banco privado?”, pregunta: significa ganar la mayor cantidad de dinero posible. Esto se logra reduciendo el personal, los salarios y los servicios prestados y, sobre todo, aumentando la tasa de interés de los préstamos, que hoy es del 8,4% anual en los bancos públicos y de más del 15% en los privados. ¡Una extorsión para el país!
Por otro lado, no existe una propuesta para eliminar o reducir las diversas exenciones tributarias que favorecen a los inversionistas, particularmente en el régimen de zona franca. Entre las medidas para transferir recursos a los bancos está un proyecto de ley -negociado a pedido del sector financiero- que permitirá transferir a los acreedores el 30% de los ahorros del Régimen de Retiro Complementario Obligatorio (ROP) con problemas de deuda. Una medida que les afectará más adelante, al reducir el importe de sus futuras pensiones, además de debilitar el sistema de pensiones.
En su “Estrategia de Deuda de Mediano Plazo”, publicada en abril pasado, el Ministerio de Hacienda de Costa Rica señaló que la deuda del gobierno central equivale al 66,46% del PIB. Agregó que, “gracias a la dinámica de los ingresos y la contención de los gastos, parece que el país avanza hacia la estabilización de las finanzas públicas”. Nada se dice de las condiciones sociales, el desempleo estructural, la creciente concentración de la riqueza, o el asalto sistemático a las instituciones públicas eficientes –bancos, telecomunicaciones, energía, salud, educación, carreteras, aeropuertos, puertos– cuyas medidas de privatización han debilitado los servicios públicos, sin ningún proyecto de país que ofrezca un modelo de desarrollo para reducir la deuda o la pobreza.
Durante años, los impulsores de estos proyectos han estado recorriendo el mundo con los bolsillos llenos y la cabeza vacía. Intentan vendernos las viejas ideas que nos metieron en esta crisis como solución a nuestros problemas. Para eso, en Costa Rica tienen el control de la presidencia y una cómoda mayoría en la Asamblea Legislativa. La venta de activos no resolverá el problema de la deuda, pero agudizará un proceso de concentración de la riqueza y mayor sufrimiento social para la población costarricense. Privatizaciones y contención de costos, receta segura para el deterioro de las condiciones de vida de la población costarricense, como lo ha demostrado la historia.
*gilberto lopes es periodista, doctora en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica (UCR). autor de Crisis política del mundo moderno. (Uruk).
Traducción: Fernando Lima das Neves.
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