por MANUEL DOMINGO NETO*
El intento de apaciguar los cuarteles ajusta y desmantela: puede aliviar tensiones momentáneas, pero da tiempo a nuevas tramas
A su regreso a la presidencia, Lula dejó claro su interés por serenar los cuarteles y gobernar sin exabruptos. La elección del Ministro de Defensa dio fe de su elección. José Múcio Monteiro dijo en todas las cartas que estaba “resolviendo las cosas de acuerdo absoluto con los comandantes de las Fuerzas Armadas”. Ignora que hubo elección: “En realidad yo manejo sólo el resultado de la voluntad de cada comandante”.
Los comandantes, entre otras demandas, quieren recursos públicos. José Múcio Monteiro respalda la recomendación de la OTAN de invertir el 2% del PIB en Defensa. Mostrando distancia del tema, argumenta que ¡Brasil tiene una gran frontera!
El rechazo al debate sobre la renovación de la Política de Defensa Nacional, en el que siempre pontifican los mandos, es otra demostración de que Lula no quiere oposición a los diseños de los cuarteles.
No se tomó en cuenta la sugerencia de una Conferencia Nacional para ampliar la discusión sobre esta política pública fundamental. José Múcio Monteiro desestima la crítica académica con una mirada nostálgica a la dictadura.
El debate podría mostrar que las inversiones requeridas son inadecuadas para defender a Brasil en este ambiente de tensiones internacionales. También podría revelar la falta de lógica, para la Defensa Nacional, de la supremacía de la Fuerza Terrestre en relación con la capacidad aeronaval. Al final, todo es como siempre fue.
La reacción del gobierno al vandalismo del 8 de enero, cuando se preservó la cadena de mando, a pesar de no haber logrado contener el motín golpista, ya había mostrado la opción de Lula de no interferir en los cuarteles.
En un chat virtual, su ministro de Defensa eximió por completo a las corporaciones. Dijo que los militares no habrían dejado “huellas dactilares el día 8” y que la CPI para investigar el vandalismo sería un “movimiento mediático” de parlamentarios que quieren comparecer: “no vamos a encontrar a los responsables”. A lo sumo, las personas sin liderazgo serían responsables, dijo.
Los hechos recientes, sin embargo, muestran las dificultades de proteger a las corporaciones. Muchos brasileños siguen con indignación las grabaciones del teniente coronel Mauro Cid. Los nombres se revelan en los periódicos. Imposible predecir las revelaciones que puedan surgir.
El golpe de Estado de los militares fue prolongado, sistemático y explícito. Incluso la prensa conservadora ahonda en las pesquisas. La Policía Federal muestra servicio y la Justicia demuestra que el blindaje está agrietado.
¿Cómo reaccionarán los comandantes, en particular el Ejército, ante las revelaciones? ¿Hasta dónde llegará la Corte?
Lula quiere apaciguamiento, pero la dinámica de los hechos contradice sus expectativas. Las corporaciones quieren lo que Lula no puede dar: pronta amnistía a sus investigados y plena libertad para continuar con su cruzada oscurantista.
Cumplir con las demandas corporativas no es suficiente para apaciguar a los militares. En el pasado, Lula creyó esto y terminó en prisión. Regresó a la jefatura de Estado bajo la espada de Damocles. Dilma Rousseff también creyó y perdió el cargo.
Muchos aseguran, atenuando la responsabilidad del cuartel, que ambos fueron víctimas de golpes de Estado judiciales, parlamentarios y mediáticos. Pero los golpes no se dan sin apoyo militar y policial. El ejercicio de la autoridad sobre los cuarteles es indispensable para las instituciones democráticas.
El intento de apaciguar los cuarteles asienta y desmantela: puede aliviar tensiones momentáneas, pero da tiempo a nuevas tramas. Los soldados deben recibir misiones claras, desafiantes y gloriosas. Reconocerlos como interlocutores políticos es un error fatal para la democracia. Blindarlos, en estas circunstancias, es una misión ignominiosa y probablemente imposible.
*Manuel Domingos Neto es profesor retirado de la UFC, expresidente de la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa (ABED) y exvicepresidente del CNPq.
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