por GILBERTO LOPES*
Comentario sobre los acontecimientos recientes en la política internacional
Bolivia vuelve a las urnas el próximo domingo 18 de octubre, casi un año después del golpe de Estado contra Evo Morales en las pasadas elecciones. Más que un golpe contra Evo, fue un golpe contra el pueblo, según Adriana Guzmán, una aymara que se define como “feminista comunitaria”. Un golpe racista y oligárquico, dice.
Luego, Guzmán amplía el análisis, en entrevista publicada por el portal Jacobin. Hay que repensar qué es un golpe de estado, más allá de la lógica del Estado, sugiere. “Creo que la mayoría de los golpes (cita el caso de Chile, en 1973; o el de Honduras, en 2010) fueron golpes contra el pueblo que luego resultaron en un golpe de Estado”. “Y lo que pasó el 10 de noviembre aquí en Bolivia fue un golpe contra el pueblo, un golpe racista”. Cuando las fuerzas armadas intervinieron y pidieron la renuncia de Morales, el golpe ya se había dado: incendiaron casas de autoridades, secuestraron a hombres y mujeres, hermanos de autoridades, humillaron en plaza pública, retransmitieron por Facebook, humillaron hasta sexualmente , como sucedió con el hermano del diputado Víctor Borda, explica Guzmán. “La única manera de parar esto era con la renuncia de Evo. Porque había mucha violencia, le prendían fuego a las casas de todos los líderes, les violaban a sus hijas, a sus esposas”, agregó.
¿Fue un golpe? ¿No fue un golpe? El tema se filtra en todos los debates. Guzmán no tiene dudas: hay que repensar qué entendemos por golpe de Estado. Hubo mucha ingenuidad en pensar que la OEA -un organismo que nunca benefició a los pueblos- podría resolver democráticamente la crisis con una auditoría del proceso electoral. “Había mucha confianza, tanto por parte del gobierno como de las organizaciones sociales. No consideramos que realmente hubo un golpe y que este golpe sería exitoso. Pensamos que podíamos correr por las calles como siempre lo hemos hecho”. Para Guzmán, el golpe también vino desde adentro, con el gobierno desarticulado y con las universidades como actores clave. El gobierno reaccionó tarde. Nuestro papel –añadió– “no es construir leyes: nuestro papel es construir la cotidianidad de ese buen vivir que defendemos”. Creíamos que este proceso era irreversible. No fue así. Los paramilitares tomaron las calles, salió el ejército y la policía, se armó la maniobra sin escrúpulos de la OEA, encabezada en el terreno por un excanciller costarricense a quien la OEA premió, nominándolo nuevamente para las mismas funciones en las elecciones del domingo.
Guzmán ve al país sumergido en protestas. “Por lo menos en La Paz, que es donde vivo, hay protestas todos los días”, asegura. Contra el fin del año escolar, por la recuperación de la merienda escolar, protestas de docentes. "La ira de la sociedad es generalizada". Habla del Covid-19: “son más de cinco mil muertos hasta el momento. No los mató el virus, sino porque nunca llegaron los respiradores, porque no hay pruebas, no hay medicinas”.
Uno de los mayores escándalos del gobierno golpista de Jeanine Áñez se reveló en mayo con la compra de respiradores a tres veces el precio de mercado. En agosto se reportó un sobreprecio de seis millones de dólares por otra compra, de 324 respiradores que, al igual que los anteriores, nunca se pusieron a disposición de quienes los necesitaban. Ahora se acercan las elecciones del domingo. Una de las posibilidades es que haya fraude, dice Guzmán, que gana el sector golpista. “Creo que esta es una gran posibilidad, reproducir algo que se hizo en Honduras. Ahí hay un tercer gobierno que engaña al pueblo, que comete fraude electoral y sigue el manual golpista. Lo que pasa en Honduras es una dictadura y creo que aquí están tratando de aplicar la misma receta”, indicó.
El pasado fin de semana, el diario boliviano La Razón publicó los resultados de una segunda encuesta "tu voto cuenta”. Hicieron 15.537 entrevistas. Teniendo en cuenta solo los votos válidos -sin votos en blanco ni nulos-, el candidato del MAS, Luis Arce, obtuvo el 42,9% de las preferencias. Carlos Mesa, de Comunidade Cidadã, el mejor ubicado entre los varios candidatos de los sectores golpistas, 34,2%. Con la renuncia de Áñez a su candidatura, el tercer lugar lo ocupa el líder de los grupos de derecha radical en el departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con el 17,8%. Otros cuatro candidatos se reparten poco más del 5% de los votos entre ellos. Para ganar en primera vuelta hay dos opciones: obtener más del 50% de los votos; o el 40% con una diferencia superior al 10% sobre el subcampeón, como le sucedió a Evo Morales en las elecciones del año pasado.
La nacionalización fue clave
José Luis Parada, ministro de Economía del gobierno golpista, hizo tres anuncios: el regreso del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país, la concesión a transnacionales extranjeras de los recursos estratégicos de litio del Salar de Uyuni y la ampliación de los latifundios agroindustriales para la exportación. Eran, a juicio del sociólogo boliviano Eduardo Paz Rada, los lineamientos estratégicos de un gobierno que se anunciaba como de transición, pero que sus decisiones tendrían efectos duraderos. En particular, el litio, mineral del que Bolivia posee una de las mayores reservas del mundo, junto con Argentina y Chile, en el denominado “Triángulo del Litio”. Con China y Australia, forman el grupo de los principales productores mundiales.
La planta piloto de Llipi deberá entrar en producción industrial a fines de este año, con una capacidad de producción de 15 mil toneladas de carbonato de litio. Con esto, Bolivia se convertirá en el cuarto productor del mundo y el segundo en América Latina. En 2008, el gobierno de Morales creó la empresa estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB). Es la misma estrategia que lo llevó a nacionalizar empresas productoras de petróleo, gas y otros recursos naturales ya renegociar contratos con transnacionales, obligado a pagar 32% más en impuestos. Esta fue la base del crecimiento económico que sacó a millones de bolivianos de la pobreza, reduciendo la cifra del 60% en 2005 al 35% en 2018.
En los últimos tres años del gobierno de Morales, Bolivia alcanzó tasas de crecimiento superiores al 4%, con uno de los mejores desempeños de América Latina. Las nacionalizaciones fueron fundamentales porque dieron solvencia a la cartera del Estado. Sin estas nacionalizaciones, el Tesoro tendría las arcas vacías, sin ninguna capacidad para desarrollar políticas que dependan de los recursos económicos, dijo Marcelo Montenegro. Luis Arce, el candidato del MAS a la presidencia de Bolivia, fue ministro de Economía entre 2006 y 2017 y entre enero y noviembre del año pasado, y jugó un papel clave en esta política de nacionalización de los recursos naturales bolivianos.
Dos Bolivias en sus cuentas bancarias
En 2018 llegamos a un acuerdo con la empresa alemana Acisa (ACI Systems Alemania), principal proveedor de baterías para vehículos eléctricos, para la explotación de litio, explicó la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra (también obligada a dimitir tras el golpe) . . Pero, al final, el acuerdo no le garantizaba a Bolivia la transferencia de tecnología ni el control sobre la industrialización del litio, por lo que Bolivia negoció con China.
“Firmaríamos un acuerdo con China que implicaba una inversión de 2,3 millones de dólares para industrializar el litio. A principios de 2019, cuando se firmó el acuerdo, el embajador chino dijo: – Este es un día histórico porque, a partir de ahora, China se convertirá en el mayor productor de vehículos eléctricos del mundo y Bolivia tendrá garantizado un mercado para el próximos 50 años”. Afectamos intereses geopolíticos, dijo Salvatierra. Especialmente los de Tesla, la empresa de Elon Musk, la misma que dijo, el pasado mes de julio, que derrocarían a quien quisieran, para garantizar sus intereses. Musk tiene $ 76 mil millones en activos. El PIB de Bolivia es de 42,5 millones de dólares. “Estamos diciendo que el dueño de Tesla tiene en sus cuentas bancarias aproximadamente 34 mil millones de dólares más que todos los recursos económicos que utilizamos en nuestro país. Esto quiere decir, de manera muy simple, que este señor tiene casi dos bolivianos en sus cuentas bancarias”, recordó Salvatierra. Áñez detuvo las negociaciones con Alemania y China, y el MAS considera que el objetivo es privatizar el litio y entregar su exploración a empresas norteamericanas.
El portavoz del fraude
Todo eso está en juego en las elecciones del próximo domingo. Una vez más, el excanciller costarricense Manuel González, el mismo autor del informe que avaló el fraude electoral del año pasado, encabeza la misión de observadores de la OEA. Durante nueve meses, el gobierno de Áñez “consolidó una brutal dictadura de derecha que asesinó a decenas de civiles manifestantes. Torturados, heridos y encarcelados muchos más. Censuró la prensa. Reprimió sistemáticamente a sus oponentes políticos”, dijo Gabriel Hetland, profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Albany, en un artículo publicado en El Correo de Washington el 27 de agosto pasado.
El golpe podría revertirse o confirmarse en las urnas. El resultado tendrá un impacto más allá de las fronteras de Bolivia. Podría reforzar el giro a la derecha en América del Sur, con la elección de líderes “al servicio de las oligarquías locales y de los intereses de Estados Unidos”, escribieron los profesores Igor Fuser y Fábio Castro, de la Universidad Federal del ABC, en Brasil. . De todos los cambios de rumbo político que se han producido en la región, el de Bolivia “fue el más claramente golpista y también el más violento, acompañado de los temibles remanentes del fascismo y el racismo”, dicen. En sus diez meses, el gobierno de Áñez “resultó un completo desastre”, incapaz de organizar un Estado que se proponía desmantelar, incapaz de hacer frente a los efectos devastadores del Covid-19 o la caída de la economía, que podría ser 8% este año.
Las previsiones electorales son que el candidato del MAS gane en primera vuelta, según revela el sondeo diario. La Razón. Una vez más, esta es una elección disputada. Arce difícilmente puede ganar en la segunda vuelta. Pero, para ganar en el primero, debe superar el 40% de los votos, con una diferencia de más del 10% frente al segundo puesto. No parece imposible, ni es fácil. La campaña pasada se caracterizó por el abuso de fake news, incluido un supuesto hijo que Morales no reconoció. Fue el “caso Zapata”, un hijo que Morales habría tenido con Gabriela Zapata, algo que, en realidad, nunca existió. El caso murió, después de las elecciones.
Pero no noticias falsas. Áñez contrató para la realización de la campaña a la empresa CLS Strategies, acusada por Facebook de promover campañas falsas y tergiversar el debate político. Para Adriana Guzmán, tras el golpe de Estado y el resultado del gobierno de Áñez, “es imposible que la derecha gane las próximas elecciones sin fraude”. Pero, al mismo tiempo, es difícil pensar que los intereses internacionales y nacionales detrás del golpe estén dispuestos a permitir que el MAS gane unas elecciones. Prevenirlo no es una de las tareas menores encomendadas a la OEA ya González.
El elogio de la tortura
Estados Unidos con más de ocho millones de casos, India con unos 7,2 millones y Brasil acercándose a los 5,2 millones. Con más de 150 muertos, Brasil ya ha superado a España en número de muertos por millón de habitantes, con 706, solo por detrás de Perú en América Latina, que tiene 1.002 en este registro, y de Bolivia, con 708, según datos de finales de semana.
Sin embargo, a juicio del vicepresidente, general Hamilton Mourão, Brasil enfrentó muy bien esta crisis de la pandemia. “Lamentamos haber perdido la vida de casi 150 brasileños, pero ya hemos curado a más de cuatro millones de personas”, dijo. Entrevistado por la cadena alemana DW, Mourão se refirió al papel de los militares durante la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1981. El general se sumó a los elogios del presidente Bolsonaro a quien dirigió el DOI-CODI de São Paulo, uno de los cuerpos represores más crueles de ese período, el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, condenado en los tribunales por las terribles torturas a que sometía a sus prisioneros. “Ustra fue mi comandante a fines de la década de 70, y era un hombre de honor que respetaba los derechos humanos de sus subordinados”, dijo Mourão, cuando el periodista le preguntó. No dijo nada sobre los derechos humanos de otros ciudadanos.
las ciudades del desierto
La pandemia continúa devastando ciudades. El mes pasado, ejecutivos de 160 de las empresas más grandes de Nueva York, desde bancos hasta bufetes de abogados y bienes raíces, escribieron al alcalde Bill de Blasio. Temen los efectos a largo plazo de la pandemia en la ciudad. Hay mucha zozobra, dicen, la delincuencia va en aumento, la ciudad está sucia, el mal manejo de la crisis ha contribuido a deteriorar las condiciones de vida en los cinco cantones que la forman”.
En la recta final para las elecciones del 3 de noviembre ya se han enviado millones de votos por correo, mientras el Covid-19 vuelve a fortalecerse en Estados Unidos, con las tasas de contagio más altas desde agosto. Trump, por detrás en las encuestas, reapareció frente a sus seguidores hablando desde un balcón de la Casa Blanca, garantizando que se había recuperado tras su internación en un hospital militar, afectado por la Covid-19. Prometió una vacuna pronto, aseguró que la enfermedad está desapareciendo, volvió a apostar contra el “virus chino” y advirtió contra una “elección manipulada”.
generales bajos
Ante Estados Unidos, Chile también acudirá a las urnas, el domingo 25 de octubre, para decidir si habrá una asamblea para reformar su constitución, herencia de la dictadura del general Pinochet. Hace un año estallaron protestas que sorprendieron al mundo, mientras el gobierno conservador de Sebastián Piñera intentaba mostrarlo como un país modelo para América Latina. Desde entonces no han parado, a pesar de la pandemia, reprimiendo con brutalidad permanente, como cuando arrojaron al lecho del río Mapocho empedrado a un joven de 16 años que participaba en las protestas. El acto renovó las denuncias contra el Cuerpo de Carabineros y el pedido de renuncia de su comandante, el general Mario Rozas. Al momento del golpe de 1973, el presidente Salvador Allende llamó al entonces comandante de Carabineros un “general bajo” que, el día anterior, le había reiterado su lealtad. Trece diputados interpusieron una denuncia constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, a quien acusan de complicidad en la violencia policial.
gilberto lopes es periodista, doctora en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Traducción: Fernando Lima das Neves.
