por EMILIO CAFASSI*
Cuando dos derechos chocan, debe ser la política la que determine cuál prevalece
Desde que el presidente Javier Milei asumió el cargo, me he sentido regularmente preocupado y alarmado por la restricción de las libertades civiles, tema sobre el que he reflexionado en sucesivos artículos. Si bien no ignoraría las tendencias o acciones de la extrema derecha occidental en gran parte de Europa o Estados Unidos, algo está sucediendo que en los últimos meses ha llamado mi atención sobre las restricciones localizadas.
El primer motivo de esta alarma vino con el protocolo de seguridad (PS) de la Ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, de diciembre pasado, que sometí a un detallado cotejo con los aspectos represivos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) uruguaya, encontrando similitudes inquietantes. Estas similitudes exponen los escenarios imaginados por los gobiernos que los escribieron y sus concepciones de libertades y agendas políticas.
Incluso si se abstuvieran de desplegarlos, su mera existencia sería extremadamente grave. Pero ésta no es la realidad: estos recursos represivos se aplican con cada vez más rigor. No sólo intervienen las fuerzas represivas con las correspondientes directivas precisas, sino también el poder judicial que vigila las violaciones por acción u omisión, sin olvidar la complicidad de los medios hegemónicos.
La concepción de libertad que proclama el liberalismo se limita exclusivamente a la del mercado, imponiéndose con toda violencia contra todo lo que pueda limitarlo, resultando en la vulneración de derechos y libertades. La extrema derecha vernácula se distancia de sus predecesores tradicionales, elevando el aspecto represivo al nivel de un oscuro ritual que glorifica la coerción, la violencia y la sumisión. Además de criticar indignadamente la naturaleza de estas normas, expuse casos concretos de engendros represivos que hasta hace unos días consideraba extremos, pues la represión deja de ser un medio y se convierte en un fin en sí mismo, donde cada acto se celebra como un Triunfo de la fuerza bruta sobre la libertad de expresión.
Por ejemplo, en la detención y procesamiento de los abogados de Almeida y Darabos o en la represión a los jubilados y sindicatos de marinos argentinos y a los adolescentes del Liceo Zorrilla en Uruguay. Sin embargo, hoy estos extremos han sido superados, no sólo en magnitud, sino en la implementación de la tortura, la irracionalidad y la barbarie. El artículo de la semana pasada terminaba anunciando mi participación en la marcha contra la ley que se discutía en el Senado argentino, en la que se anticipaba represión.
No suelo hacer predicciones correctas, pero mientras me reunía con compañeros para tomar el metro, nuestros celulares se llenaban de recomendaciones de suspender la participación debido a la violencia desatada. Sin embargo, no fue obstáculo para encontrarnos con los que regresaban y juntos cruzamos entre cacerolas y sartenes las avenidas Corrientes y Medrano, junto a los integrantes de la asamblea popular del barrio donde participo. Expresiones similares de resistencia y solidaridad se vieron en otras partes de la ciudad.
Esa misma noche comenzaron a llegar las primeras informaciones sobre los detenidos y apareció un insólito tuit del oficialismo extendiendo cálidas felicitaciones por la represión que, según ellos, restableció el orden ante el inminente apocalipsis. Prefiero poner este tweet completo, literalmente, en una sección separada, junto con mis propias erratas interpretativas. A partir de este tuit, el fiscal Stornelli intervino desde el fuero federal -modificando los precedentes de intervenciones ya absurdas en el fuero municipal- procesando a 33 ciudadanos, cuyos familiares y organizaciones de derechos humanos no lograron saber su paradero durante las primeras 24 horas. La organización que emite el tuit no existe en el organigrama estatal. Es solo una cuenta de redes sociales. Sigo dándole carácter oficial porque su contenido coincide plenamente con las declaraciones realizadas por el portavoz presidencial, Adorni, y por el propio presidente Javier Milei en un informe el pasado martes.
Las desgarradoras imágenes de detenciones que han comenzado a llegar, captadas por teléfonos móviles de los ciudadanos o cámaras de televisión, reflejan una violencia inusitada. La mayoría de los detenidos, especialmente hombres, fueron arrojados al suelo al tropezarse y luego transportados por cinco agentes, uno para cada extremidad y el quinto rodeándolos por el cuello hasta asfixiarlos. La mayoría estaban bajo la influencia de spray de pimienta en la cara. Todos denuncian haber sido sometidos a algún tipo de tortura física y psicológica durante su detención o durante la detención, así como abandono.
La mayoría de los detenidos están acusados del “delito” de “atentado y resistencia a la autoridad”, aunque a varios también se les acusa de arrojar piedras (y en consecuencia de atentar contra la integridad física de agentes policiales) sin que exista ningún registro fílmico o fotográfico que lo acredite. él. . De hecho, se arrojaron piedras contra el plaza del congreso, pero muchos de los detenidos fueron detenidos en los mismos cruces, específicamente en Lima y México (a más de 1 km de los hechos) y en Santiago del Estero y Avenida de Mayo (a 500 metros).
Varios ni siquiera eran manifestantes, sino vendedores ambulantes de comida. Algunos fueron puestos en libertad por el juez durante el fin de semana, once de ellos pocas horas después de que este texto fuera entregado al editor, mientras que cinco siguen detenidos. Sin embargo, la condición de excarcelación también varía, ya que el Ministerio Público apela las medidas y solicita su regreso a prisión.
Além das imagens das prisões violentas que as redes sociais foram multiplicando, devemos acrescentar atos de vandalismo que considero vergonhosos, inaceitáveis e contrários a qualquer manifestação de protesto ou mobilização social: queima de carros e de uma ciclovia pública, quebra de telhas para atirar pedras, entre otros.
Dudo que haya sectores progresistas o de izquierda que las demanden y las implementen, pero si los hay tienen mi más completo y absoluto repudio. Reconozco, sin embargo, que he participado en debates en asambleas populares o a nivel universitario, oponiéndome firmemente a la celebración de combates físicos con fuerzas represivas.
No sólo por la desigual proporción de fuerzas y el consiguiente riesgo para quienes participan, sino también por la oposición visceral a toda forma de violencia física y el -espero involuntario- desincentivo a este camino que implica la participación en la asociación de protesta. Incluso he escuchado a algunos jubilados exultantes por poder “cobrar a la caña”,[i] como dicen en Rio da Prata. Una ilusión a la vez infantil, ante la imposibilidad de causar daño físico alguno a un represor al no quedar nada de su cuerpo expuesto, considerando la cobertura total que ofrecen las actuales armaduras tecnológicas de este siglo, en sustitución de las pesadas medievales.
Un documento tardío de la CGT no sólo repudia la criminalización de la protesta, sino que señala que los actos vandálicos fueron perpetrados por “profesionales encubiertos”, lo que no sorprendería a nadie. Pero estaría confirmando que, en los cruces de acusaciones de diversas facciones sindicales, se reconoció la información y advertencia de que las propias fuerzas de seguridad provocarían disturbios a partir de las 15 horas, momento en que la columna principal decidió iniciar el repliegue.
Ninguno de los detenidos está acusado de incendiar vehículos cuando al menos el primero, perteneciente a una cadena de televisión, fue vandalizado ante un cordón policial que no disminuyó, incluidas motocicletas a menos de 50 metros de distancia. El Ministerio Público tampoco investiga la identidad de quienes le prendieron fuego, a pesar de que sus rostros fueron fotografiados en primer plano por las cámaras de televisión. Sólo el detenido Calarco Arredondo está acusado de incendiar la estación de bicicletas, aunque esto ya debería haber sido probado o descartado porque este hecho también quedó registrado en televisión. Los otros cuatro siguen siendo investigados por presunta agresión con piedras o, en un caso, por posesión de una antigua granada de humo.
Volviendo a la afirmación de la complicidad del poder judicial con la que inicio estas líneas, los artículos del Código Penal habituales en antecedentes represivos (art. 239, resistencia a la autoridad o art. 237, atentado a la autoridad) se ven potenciados por el tuit extraoficial y esto alienta al fiscal diligente a presentar cargos penales más altos. El extremo de estas acusaciones serían delitos “contra el poder público y el orden constitucional” (art. 226) y/o “perturbación del orden en las sesiones de los órganos legislativos” (art. 241), entre otros.
Estos se enfrentan en tensión, por ejemplo, con el art. 144 bis, que sanciona a los empleados que cometan actos de tortura, tratos o tratos crueles, inhumanos o degradantes, o el art. 18 de la Constitución, que establece que ningún habitante de la Nación podrá ser detenido sino en cumplimiento de orden escrita de autoridad competente. Además, el art. 75, inc. 22 otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, reforzando la protección de los ciudadanos contra los abusos de poder.
Cuando dos derechos chocan, debe ser la política la que determine cuál prevalece. Esto es lo que se está haciendo en este caso. La fuerza política dominante, llamada “Avances de la Libertad”, contiene una omisión literalmente paradójica, ya que avanza hacia un estado de excepción. Es la libertad condicional avanzando encadenado sobre la validez constitucional.
Tuit oficial: “La Presidencia de la República felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente desempeño en la represión de grupos terroristas que, con palos, piedras y hasta granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina. " | |
Fe de erratas para lectura completa de Tweets oficiales y medios hegemónicos argentinos | |
donde dice | Debería decir |
Oficina del Presidente | Troll extraño a cualquier organigrama gubernamental |
Fuerzas de seguridad | fuerzas de choque |
Parabenos | Exaltación de la inhumanidad, el sadismo, el salvajismo o la barbarie. |
Excelente accion | Sembrando terror |
grupos terroristas | Ciudadanos protestando |
Leña menuda | Elementos de fijación de banderas y pancartas. |
piedras | Estación de metro línea A |
Granadas | Lemas, banderas, carteles y pancartas. Posible pirotecnia. |
Golpe de Estado | Protesta del Pacífico |
Funcionamiento normal del Congreso | Imposición de una ley mediante obsequios y/o compra directa de votos: soborno |
Prueba | Pío |
Detenido | Secuestrados, rehenes |
prisiones | Caza |
Disuasión | Disparos, gaseamiento, persecución |
Respuesta inteligente | servicios de inteligencia |
Intervención policial | operación de guerra |
desalojo pacífico | Ataque violento |
Información verificada | Nuevo tweet, servicios de inteligencia. |
Manifestantes violentos | Ciudadanos, vendedores de salchichas. |
Terroristas | Peatones, vendedores de empanadas |
Seguridad | Hipocresía paranoica |
restauración del orden | Aplastando la disidencia |
Asegurar el orden | Militarización del espacio público |
*Emilio Cafassi es profesor titular de sociología en la Universidad de Buenos Aires.
Traducción: Arturo Scavone.
nota del traductor
[i] El significado de "cargar a la caña” es decir que logramos asestar golpes a las fuerzas policiales represivas.
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