por HENRI ACSELRAD*
Consideraciones sobre la situación de los vulnerables en las ciudades
El desmantelamiento de las políticas públicas empeoró visiblemente las condiciones de vida en las ciudades. En cuanto el curso de la historia aleje del gobierno a los responsables de exacerbar esta crisis, la perspectiva de reconstruir las políticas urbanas requerirá, en un sentido más amplio, una reconstrucción de las relaciones sociales en las ciudades. Esto se debe a que el autoritarismo liberal que asumió el gobierno en 2019, al concentrar los efectos del desempleo y la creciente desigualdad en las ciudades, difundió las malas vibraciones de una ideología social-darwinista que agudizó los prejuicios y la violencia contra los negros y los pobres.
Un gran desafío es buscar construir, en las ciudades, lazos de urbanidad, respeto a los derechos y lucha contra el racismo. Junto a las acciones para enfrentar las desigualdades en el acceso a los recursos de la ciudad, las políticas urbanas necesitarán el apoyo de procesos educativos que enfrenten, en las ciudades, prácticas que buscan la inferiorización de los desposeídos. Hay mucho por hacer para deshacerse de una sociabilidad urbana que aún conserva rastros de jerarquías coloniales.
En el campo de las acciones concretas, es necesario frenar los procesos que privan a los más pobres de sus capacidades de autodefensa frente a riesgos urbanos como inundaciones, deslizamientos, proximidad a aguas contaminadas, etc. La protección ambiental equitativa es una responsabilidad política del Estado. Para ello, los procesos de toma de decisiones deben velar por proteger, de los riesgos, a los grupos sociales menos capaces de hacerse oír en la esfera pública, ya sea en las decisiones sobre la ubicación de equipos peligrosos o en los impactos desiguales mediados por el mercado de tierras. . No se debe, por ejemplo, admitir la relajación de las normas urbanas y ambientales en nombre de atraer inversiones contaminantes que actualmente penalizan a grupos ya vulnerables.
El Estado, en su actual configuración como máquina pública, habitualmente –hoy, podemos decir que solía– está interesado en identificar, medir y localizar a los denominados “vulnerables”. Esto se hizo mapeando situaciones estáticas, retratadas en un momento dado, como se hace en el mapa del hambre. Sin embargo, no se presta atención a los procesos de vulnerabilidad. Ahora bien, la vulnerabilidad se deriva de procesos de vulnerabilidad: el retiro de las condiciones que permitirían a ciertos grupos defenderse de amenazas, riesgos y daños.
En las definiciones más actuales, la condición de vulnerabilidad se suele colocar sobre los sujetos sociales y no sobre los procesos que los hacen vulnerables.[i] Sin embargo, una alternativa más consistente es definir a los vulnerables como víctimas de “protección desigual”. Esta es, por ejemplo, la formulación del Movimiento de Justicia Ambiental, que busca enfocar el déficit de responsabilidad del Estado y no sólo el déficit de capacidad de defensa de los sujetos. La protección ambiental equitativa, desde el punto de vista de la renta, el color y el género, es, por tanto, algo que corresponde a los ciudadanos como un derecho, un principio cuyo respeto evitaría la creación de situaciones de desigualdad ambiental, en las que los males urbanísticos afectan más que proporcionalmente. grupos negros y de bajos ingresos.
Las acciones urbanas afirmativas deben, a su vez, buscar deshacer las situaciones existentes de racismo ambiental, que penalizan a las poblaciones no blancas en particular, en términos de condiciones de trabajo, vivienda y desplazamiento. Los programas de forestación, por ejemplo, deberían ser alentados a dar prioridad a las áreas periféricas afectadas por islas de calor. La transición ecológica, que propone reemplazar las fuentes de energía fósil, debe hacerse con justicia ambiental.
No debe limitarse a expedientes estrictamente tecnológicos, sino abarcar reordenamientos sociales y espaciales que busquen despenalizar a los grupos vulnerables y prevenir la posibilidad de transferirles daños ambientales. Junto a las acciones de adaptación a eventos climáticos extremos, se deben destacar aquellas que previenen desastres, lo que implica contar con la percepción de riesgos de la población. Junto a los esquemas técnicos de observación climatológica y geotécnica, la prevención debe buscar poner en valor los conocimientos ecológicos de los propios pobladores y lanzadores de alerta a través, por ejemplo, de la cartografía popular de riesgos ambientales, industriales y de desastres.
Entre las especificidades socioterritoriales a considerar en las políticas urbanas, se destaca la necesidad de reconocer los derechos territoriales de los quilombolas en las ciudades, a través de acciones articuladas con las políticas culturales y de protección del patrimonio histórico.[ii] En áreas relevantes para los derechos indígenas, especialmente en las ciudades de la Amazonía y del Nordeste, es importante dar visibilidad a la memoria de los lugares y lugares de memoria.[iii] Se trata de resaltar la presencia de lo culturalmente diverso, no reducible a relaciones de consumo, que busca recuperar en la ciudad la experiencia del encuentro entre diferentes historias y culturas.
La reconstrucción de las relaciones sociales urbanas implica también cuestionar los viejos límites entre lo rural y lo urbano, dialogando con las diferentes formas de presencia del campo en la ciudad y de la ciudad en el campo. El espacio se produce socialmente bajo formas particulares de “ruralidad” y “urbanidad”: áreas de transición urbano-rural, espacios plurifuncionales y usos híbridos del suelo que presentan estructuras territoriales y sociales internamente heterogéneas.[iv] Vale la pena reconocer la existencia de espacios plurilocales, asociados a una diversidad de identidades, con el movimiento pendular de sujetos portadores de una memoria que se transporta en la migración rural-urbana-rural. El desplazamiento espacial de las personas no borra la memoria de sus culturas materiales y usos del suelo.
Esto se debe a que la periurbanización se ha producido a través de la expansión de las ciudades sobre áreas antes dedicadas a la producción agrícola, pero también a través de la creación de localidades donde se asientan poblaciones recién llegadas del campo, que desarrollan formas de vivir la ciudad propias de un cultura rural. . La agricultura urbana es una expresión de estas prácticas que desencadenan redes de interacción tanto en áreas urbanas como rurales.
La consideración de esta presencia del campo en la ciudad –es decir, los hábitos de los trabajadores que se vieron obligados a abandonar el campo– es parte de esta disputa por hacer de la ciudad un espacio público, con espacios comunes compartidos por personas que ganan autonomía en relación con el mercado centralizado, tanto en la cadena agroquímica como en la inmobiliaria. Las disputas por el sentido de la vida urbana implican, por tanto, la afirmación de las diversas identidades de una población que lucha por no ser tratada como refugiada en su propio país.[V] y retomar el territorio histórico de sus derechos.
* Henri Acselrado es profesor del Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ).
Presentación del panel “Reconstrucción y transformación de las ciudades brasileñas; Diálogos por Brasil”, organizado por la Fundación Perseu Abramo, el 16/8/2022.
Notas
[i] H. Acselrad, Vulnerabilidad social, conflicto ambiental y regulación urbana, Lo social en cuestión, Ano XVIII, n. 33, 2015, pág. 57-68.
[ii] JM Arruti, Quilombos y ciudades: breve ensayo sobre procesos y dicotomías, En: P. Birman, MP Leite, C. Machado y S. de Sá Carneiro (eds.) Los dispositivos urbanos y la trama de lo vivo: órdenes y resistencias, ed. FGV, Río de Janeiro, 2015, pág. 217-238; F. Mota, Las voces de la samba: un viaje en la lucha de la comunidad quilombola de Sacopã. En: M.Guran. (Org.). Itinerario de la herencia africana en Río de Janeiro. Río de Janeiro: Casa da Palavra, 2018, p. 124-130. S. Rodríguez, Lugar, memorias y narrativas de preservación en los quilombos de la ciudad de Río de Janeiro, Tesis de Doctorado, Instituto de Geociencias, Universidad Federal de Río de Janeiro, 2012. CEMarques, DSSimão, ALSampaio, Territorios y derechos entre quilombos urbanos en Belo Horizonte: el caso de Mangueiras, en Quilombolas: reclamos y judicialización de conflictos, Cuadernos de Debate Nueva Cartografía Social, vol.1, n.3, Manaos, 2012, p. 147-161.
[iii] AW de Almeida, La nueva “fisonomía étnica” de las ciudades amazónicas, en R.Marin y A.Almeida (eds.), Tierras y territorios urbanos en la Pan-Amazonía, PNCSA, Manaus, 2009, p.45-67. Véanse, por ejemplo, los diversos números de la Nueva Cartografía Social del Proyecto Amazonía; entre otros, Asociación de Pueblos Indígenas del Área Metropolitana de Belém, Pueblos Indígenas de la Ciudad de Belém; Associação Poterika´ra Numiâ, Mujeres indígenas y artesanas del Alto Rio Negro en Manaus; Comunidad Y'apyrehhyt Sateré-Mawé, Pueblo Indígena de la ciudad de Manaus: los Sateré-Mawé en Bairro Redenção; Asociación Comunitaria Wotchimaücü, Indígena Tikuna de la ciudad de Manaus; Nueva Cartografía Social de la Amazonía, Belém y Manaus, 2006, 2007 y 2010.
[iv] Pedro Martins, Héctor Ávila Sánchez, Tania Welter (eds.). Territorio y Sociabilidad – Informes latinoamericanos, Ed. UDESC, Florianópolis, 2012.
[V] Julián Fuks, La ocupación, Cia das Letras, São Paulo, 2019, pág. 80
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