por MANIFIESTO COLECTIVO*
Movimiento a favor de la instalación de un tribunal popular y la desmilitarización del Estado brasileño
Brasil creó sus callejones sin salida a través del olvido. Como si no hablar, no juzgar, no elaborar, pudiera garantizarnos alguna forma de paz. Ha sido así en varios momentos de su historia, creando una verdadera compulsión de repetición. La violencia colonial nunca fue objeto de la debida elaboración. Asimismo, la violencia de la dictadura militar fue silenciada a través de una amnistía que, lejos de ser el resultado de algún “acuerdo nacional”, fue el resultado de una imposición de los propios militares y la conveniencia de sus aliados civiles. Este es un país de silencio.
Solo que ahora está claro para cualquiera que quiera ver que este silencio nos cuesta muy caro. Cuesta nuestro futuro. Para un país que ignora el poder de la historia, la justicia y la reparación, se condena a sí mismo a estar encadenado para siempre a su propio pasado. Nunca puede ver pasar el pasado, porque aquí no hay duelo, no hay engaño, no hay rendición de cuentas.
Desde principios de 2023, el país ganará tiempo para fortalecerse de cara a los enfrentamientos que se avecinan. La extrema derecha brasileña, apoyada en la resurrección del nacionalfascismo, ha demostrado una enorme fuerza y, contrariamente al pensamiento mágico de algunos, no desaparecerá. Combatirla implica nombrar sus crímenes y exigir verdad y justicia. El país no puede tolerar más un pacto extorsionado, ni merece otra farsa de esta naturaleza.
Los mismos que no rindieron cuentas por los crímenes perpetrados por la dictadura militar volvieron a “manejar” el país en uno de sus momentos más dramáticos, a saber, frente a la pandemia mundial que se llevó entre nosotros al menos a 700 personas. Aquel aterrador número no fue una fatalidad, sino el resultado de una negligencia criminal y una indiferencia atroz. Lo que pasó entre nosotros fue un crimen de Estado y debe ser tratado como tal. Por ello, llamamos a todos a luchar por la instalación de un Tribunal Popular cuya función sea forzar el debate público y la acción del nuevo gobierno.
Esta acción debe ir acompañada de otra, tan urgente como necesaria. Por lo tanto, este llamado también es para que unamos fuerzas y exijamos la desmilitarización inmediata del Estado brasileño. Esto significa tanto la remoción de los militares de la toma de decisiones y la administración estatal como la remoción de todo el liderazgo del comando militar involucrado con el gobierno anterior. Que todos vayan a la reserva. Durante los últimos cuatro años, los militares han chantajeado continuamente a la sociedad brasileña, con amenazas de golpe e intervenciones directas en los procesos políticos nacionales. Esto no puede quedar impune. En una democracia, el ejército no existe políticamente. No hablan, no actúan y no intervienen bajo ninguna circunstancia. Una de las mayores aberraciones de la Constitución de 1988 fue definir a las fuerzas armadas como “guardianes del orden”. En una democracia real, quien defiende a la sociedad es la propia sociedad y no necesita ninguna fuerza exterior a ella para hacerlo. Es hora de defendernos de nuestros "defensores".
Invitamos a todos a esta doble lucha. Demostremos claramente lo que ya no aceptamos y consolidemos una fuerza ofensiva que obligue a quienes nos gobiernan a terminar de una vez por todas con la espiral de silencio que ha marcado hasta hoy a nuestro país.
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