por MARÍA ELISA MÁXIMO*
Violencia política de género contra docentes en Santa Catarina
Hace dos años, el mes de octubre despertó recuerdos de dolor y lucha porque me atreví a criticar públicamente la estética de la extrema derecha bolsonarista en la ciudad más grande del estado de Santa Catarina. Linchamiento virtual, cancelación, persecución política y una serie de violencia institucional culminó con un despido injustificado de la institución de educación superior privada y comunitaria donde trabajé durante casi 16 años, como docente, investigador y directivo.
Era la víspera de la primera vuelta y Joinville se preparaba para recibir la caravana o moto que pondría fin a la campaña. Para alguien, como yo, que vivió los años transcurridos desde el golpe de 2016 al límite de la resiliencia, la salud mental y la capacidad de organizar la ira y resistir, esa víspera de elecciones fue particularmente dramática, casi catártica. Al fin y al cabo, estábamos a punto de superar, aunque con muchas dificultades y desafíos, esos años de escalada autoritaria, militarista, armamentista y llena de matices nazifascistas que resultaron en reveses históricos para la democracia brasileña.
Y a pesar del ambiente represivo que reinó durante toda la campaña electoral, aquel caluroso y soleado sábado 1 de octubre era imposible permanecer en silencio. Vi la ciudad pintarse de verde y amarillo, con el rostro del innombrable apareciendo en toallas y banderas vendidas en cada esquina. La gente se agolpaba en las aceras de las principales avenidas, con sus vestimentas marcadas por la peligrosa combinación de nacionalismo y lealtad cristiana. Sufrí el peso de esos años de un gobierno marcado mundialmente por el negacionismo científico, el olvido de la pandemia y la violencia sistemática contra todo aquel que no adhiriera a su mitomanía.
Llegué a casa y, muy conmovido por la materialidad de la tragedia política y estética del bolsonarismo local, escribí en mi perfil personal de Twitter: “Joinville sigue siendo la cloaca del bolsonarismo, donde han fluido los últimos residuos de la campaña de los innombrables e imbroxables. No hay nadie a quien escapar: hay gente fea, vulgar y fascista por todas partes”..
No importa el juicio moral sobre el tweet, si debo publicarlo o no, si podría escribirlo de otra manera, si las palabras utilizadas fueron apropiadas. Lo que importa es que tenía derecho a hacerlo. Libertad de expresión, de pensamiento, de expresión política en un espacio público en el que todos podían y se expresaban en aquella “fla-gripe” electoral. Por eso nunca imaginé que, al ejercer un derecho, viviría el peor momento de mi vida. El tuit se volvió viral no por mi mérito, sino por la acción de los algoritmos que, estimulando y produciendo la polarización política, lo entregaron principalmente a los aborrecedores.
“Adoctrinador”, “profesor de izquierda”, decían: “se viene el despido”. retuiteos, respuestas e huellas dactilares circuló marcando diferentes perfiles de la institución, amplificando la presión por un “castigo ejemplar”. En el apogeo de la viralización, huellas dactilares El tweet llegó a grupos de WhatsApp, incluidos grupos de amigos de mis padres, grupos profesionales de familiares cercanos y grupos de madres de las clases escolares de mis sobrinos e hijos, llegando a mi familia extendida de manera abrumadora. La ola de odio también llegó a través de mensajes privados, dejando intransitables mis redes sociales.
Entraron en escena concejales, diputados y otros actores políticos -casi todos hombres-. Utilizaron espacios en las tribunas legislativas y sus grandes audiencias en Internet para avivar la persecución política. Esta acción constituyó una orquestación por parte de agentes públicos, en posiciones de poder, que, beneficiándose de la infraestructura de las plataformas digitales, produjeron un “enemigo” más a eliminar.
Y la institución, alineada ideológica y económicamente con la extrema derecha local, respondió a todas las presiones, forzando una dimisión y, quince días después, anunciando su destitución. Entre la destitución y el despido, mi suerte estuvo en manos de hombres blancos que, basándose en el machismo estructural e institucional, intentaban evitar grandes repercusiones mediáticas. Mantuvieron una vigilancia constante sobre mis acciones y controlaron las expresiones públicas de apoyo y solidaridad, especialmente de los estudiantes.
No había manera. Llegó el despido y, con él, la protesta de estudiantes y exalumnos en el campus de la institución, ubicado en una céntrica calle de la ciudad. la maquina noticias falsas Los miembros de la extrema derecha actuaron rápidamente para tratar de enmarcar una manifestación pacífica y justa como vandalismo y disturbios. La cobertura mediática fue inevitable y alcanzó dimensiones nacionales. Está claro que este no fue un caso aislado.
estábamos viviendo elección que registró más casos de acoso electoral, en un estado que, hace diez años, ya era un laboratorio de persecución política e ideológica a los docentes. Esos educadores que insisten en preservar el núcleo de toda actividad docente: provocar el pensamiento crítico y promover la emancipación social, colaborar en la construcción de sujetos históricos, conscientes de sus realidades y capaces de realizar transformaciones.
La violencia, persecución y acoso judicial que sufre maestra marlene de faveri, entre 2013 y 2014, inauguró un modelo de acción autoritaria.
Este modelo llevó a la asamblea legislativa a un joven diputado, alumno de Olavo de Carvalho. La plataforma política de este diputado se basa exclusivamente en ataques a la educación, a las escuelas, a los docentes. Desde entonces, Santa Catarina ha tenido una verdadera milicia antieducación. Esta milicia utiliza la propia estructura del Estado para actuar.
Son figuras políticas e influencers digitales cuyo foco de acción es desacreditar la estructura educativa, desde la educación básica hasta la universidad. Mientras venden sus cursos, sus libros, y benefician a empresas y plataformas que lucran con la crisis de legitimidad de las políticas educativas.
Incitan a los estudiantes a grabar clases sin autorización previa, mantienen oficinas de “denuncias” contra los docentes y presentan propuestas legislativas para censurar o limitar la actividad docente y la gestión escolar en diversos ámbitos. Al provocar pánico moral en sus numerosas audiencias repartidas por Internet, mantienen una crisis permanente en el ámbito educativo.
Entonces tenemos a las Marlene, las Márcia, las María Elisa, las julianas, ya que Ibrielas, Medianeiras y Carolinas. Docentes acosados, demandados, destituidos o despedidos en pleno ejercicio de la correcta y ética actividad docente.
Las historias difieren, los resultados son diferentes, pero todas son mujeres a quienes se les violaron sus derechos. Son mujeres que han sufrido intentos de silenciarlas y eliminarlas. Se trata de mujeres cuyas posiciones y capacidades profesionales han sido puestas en duda. Son mujeres perseguidas por una estructura de poder sexista y misógina.
Y cuando no son los docentes –las mujeres– quienes son víctimas de ataques y persecución, son los esfuerzos por llevar a las aulas temas relacionados con la diversidad sexual y de género, los derechos humanos y las desigualdades sociales, rápidamente enmarcados bajo etiquetas sociales de “género”. ideología” o “adoctrinamiento ideológico” por parte de las tubas de escuela sin fiesta.
Estamos ante un fenómeno que, en Santa Catarina, encuentra suelo fértil, nutrido por la hegemonía de una extrema derecha “bbb” (buey, bala y biblia) que celebra los clubes de tiro mientras desprecia las escuelas. A raíz de una creciente mercantilización de la educación, avanza la precariedad y la deslegitimación de las actividades docentes. Esto sirve a los intereses políticos y económicos de los sectores empresariales y de las fundaciones educativas.
Estos grupos ven el debilitamiento de la educación pública, democrática y sociorreferenciada como una oportunidad de lucro. Aprovechan esto para vender “nuevos” modelos de gestión, considerados más “modernos”, “eficientes” y “responsables”. Sin embargo, todo esto ocurre en detrimento de la formación docente, la calidad de la enseñanza y una educación guiada por la ciencia y los principios de ciudadanía.
Así, en la semana en que se celebra el Día del Maestro, pensar en los desafíos de la enseñanza en nuestro estado, especialmente para nosotras las mujeres, pasa por abordar los violaciones de la libertad académica y la libertad individual de asociación y manifestación política de los trabajadores de la educación.
Esto debe verse en su dimensión colectiva y como una responsabilidad de toda la sociedad. EL enfrentamiento integral de esta violencia, con perspectiva de género, debe estar en el centro de la defensa de la educación como pilar esencial de la democracia.
*María Elisa Máximo Es doctora en antropología social por la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) y secretaria regional de la Sociedad para el Progreso de la Ciencia (SBPC)..
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