por MARÍA IZABEL AZEVEDO NORONHA (MAESTRA BEBEL)*
El gobierno de Tarcísio de Freitas profundiza la desigualdad en la educación especial
La publicación del decreto 68415, del 4/4/2024, es una acción más excluyente de la política educativa del gobierno de Tarcísio de Freitas/Renato Feder, que continúa la línea adoptada por el gobierno de João Doria/ Rossieli Soares/ Rodrigo García, planteando la Cuestiona las medidas presupuestarias y el objetivo de implementar el “Estado mínimo” por encima de las necesidades de la población.
En el caso de las personas con discapacidad, la imposición de medidas de exclusión tiene un impacto aún mayor, considerando las condiciones específicas de estas personas, especialmente cuando se trata de niños y jóvenes en edad escolar. La lucha por la inclusión de niños y jóvenes con discapacidad en las escuelas regulares cobró mayor fuerza con la Declaración de Salamanca (1994), aprobada en la Conferencia Mundial sobre Educación Especial celebrada en esta ciudad española. La realidad, sin embargo, es que esta inclusión es una lucha diaria para familias y educadores, enfrentando innumerables obstáculos y prejuicios.
En el primer año de su gobierno, el gobernador Tarcísio de Freitas publicó la Política Estatal de Educación Especial, eliminando el profesor asistente, que muchas familias habían ganado mediante amparos otorgados por los tribunales. En su lugar, estableció la presencia de profesionales sin formación docente que incluso pueden ser subcontratados.
De esta forma, un apoyo pedagógico más atento al alumnado con necesidades especiales depende exclusivamente del profesor de la clase o asignatura. Sabemos, sin embargo, que en las condiciones actuales de la red educativa estatal, con clases superpobladas y muchas otras situaciones precarias, y sin una formación específica, este servicio no se dará o quedará muy por debajo de las necesidades.
Ahora, con el decreto 68.415, esta política excluyente gana un capítulo más, pues la norma deja en manos de los familiares o profesionales designados por ellos la atención de las necesidades personales de estos estudiantes en las aulas. Resulta que los gastos de este profesional, si es decisión de la familia, deben correr con ellos. Ahora bien, estamos hablando de escuelas públicas, donde la mayoría de los estudiantes son de bajos ingresos. Los padres trabajan o tienen empleos que les impiden acompañar a sus hijos al colegio todos los días y, por regla general, no tienen ingresos suficientes para pagar a un profesional.
Los argumentos de algunos directivos de que la medida representa “un avance”, ya que autoriza la presencia de “asistentes personales” en las escuelas, no son más que una cortina de humo. Es obligación del Estado garantizar una educación pública de calidad para todos. Y esta igualdad en el servicio implica también atender las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad. Esto no es un privilegio; al contrário.
En realidad, el decreto publicado crea otro elemento de desigualdad y discriminación dentro de una situación ya desigual: los estudiantes con discapacidad cuyas familias tengan mayor disponibilidad o recursos económicos tendrán “asistentes personales”, mientras que los estudiantes que pertenecen a familias de bajos ingresos, cuyos padres y otros familiares Los miembros que no tengan tiempo disponible se quedarán atrás.
Por eso, es deber de toda la sociedad denunciar el carácter excluyente de este decreto y exigir la inmediata institución de una verdadera política inclusiva, que garantice los derechos de todas las personas en la educación especial en el estado de São Paulo.
*María Izabel Azevedo Noronha, Profesor Bebel, es drepresentante estatal en São Paulo (PT). Fue presidente de la APEOESP.
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