por GIULIA GOUVEIA & MAYRA GOULART*
Un análisis del proyecto de ley sobre violación
La situación política en torno al debate sobre el aborto
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles (12), sin registro de electores, el régimen de urgencia del Proyecto de Ley 1904/24, propuesto el 17 de mayo por el diputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) y otros 32 parlamentarios. Este proyecto de ley equipara el aborto de un embarazo mayor de 22 semanas al delito de homicidio.
Aprobada la urgencia, el proyecto podrá votarse directamente en el Pleno, sin necesidad de pasar previamente por las comisiones de la Cámara. Es el resultado de un ataque del campo autodenominado conservador, pero mejor llamado reaccionario, ya que se presenta en la escena nacional e internacional bajo la bandera de restaurar los pilares de la sociedad tradicional, basada en la familia patriarcal.
En este sentido, es fundamental resaltar que, también el 17 de mayo, el Supremo Tribunal Federal (STF), suspendió una resolución del Consejo Federal de Medicina (CFM) que impide el uso de una técnica médica (asistolia fetal) para interrumpir Embarazos de más de 22 semanas resultantes de una violación. La decisión provisional fue otorgada en el Reclamo por Incumplimiento de Preceptos Fundamentales (ADPF 1141).
En torno a esto, entendemos que en el sistema patriarcal en el que todavía estamos insertos, los cuerpos ubicados en la base de la pirámide muchas veces son seleccionados para ser sacrificados en nombre de proyectos de poder que no les pertenecen. Este sistema perpetúa las desigualdades al imponer sacrificios desproporcionados a ciudadanos que llevan marcadores sociales de diferencia en su ser, cuyas necesidades y derechos a menudo son ignorados.
El proyecto de poder en cuestión implica una serie de estrategias políticas calculadas para consolidar la influencia y poner a prueba los límites. El avance de las iniciativas reclamadas por los bolsonaristas en la Cámara ha sido interpretado por algunos como una estrategia de Arthur Lira (PP-AL) para garantizar el apoyo del PL, que cuenta con 95 diputados, y fortalecer la elección de su sucesor en la dirección del la Cámara. Ante esto, es posible comprender que Lira esté demostrando su poder y capacidad para controlar la dirección de la Cámara, incluso sin el apoyo del gobierno y del PT.
Además, esta acción también pretende poner a prueba la posición del presidente Lula sobre un posible veto al proyecto. Al avanzar rápidamente con una propuesta controvertida, los proponentes buscan obligar al presidente a adoptar una postura, lo que puede tener implicaciones significativas para su base de apoyo y la opinión pública. Es importante resaltar que el Palacio do Planalto ha enfrentado semanas consecutivas de derrotas en votaciones ideológicas que favorecen las agendas bolsonaristas.
En este contexto, Villazzón (2014) infiere que los actores religiosos, especialmente protestantes, pero también católicos, actúan a favor de la defensa de lineamientos morales como reacción a los avances en el campo de los derechos sexuales y reproductivos. Machado (2015) sostiene, en este sentido, que la política puede ser utilizada como instrumento por actores que movilicen al cristianismo para lograr este objetivo. actuación a través de dos frentes: (a) defensa de la familia tradicional (patriarcal y heterosexual), en oposición a los derechos LGBTQIAPN+ y el intento de transformar las relaciones de género; (b) defensa de la vida, fortaleciendo los discursos antiaborto.
En torno a esto, Luna y Owsiany (2019, p. 1) explican que en el Poder Legislativo “el debate sobre el aborto se da en términos de disputas por las reclamaciones de derechos y el reconocimiento o no de entidades como sujetos”. Sin embargo, como afirma Judith Butler (2017), parte del problema de la vida política contemporánea es que no todo el mundo cuenta como sujeto.
La criminalización del aborto, y el intento de deslegitimar incluso las excepciones legales, se analiza aquí como una forma de impedir que las mujeres ejerzan plena autonomía sobre sus cuerpos (Biroli, 2014), reduciéndolos a un instrumento de apoyo al desarrollo del feto, considerado y afirmado como persona (Luna; Owsiany, 2019). Es decir, el Estado, apoyado por sectores de la sociedad y grupos religiosos, se posiciona como si tuviera cierto control y autoridad sobre las mujeres.
Frente a esto, la estrategia del campo progresista se ha dividido en dos enfoques distintos. Fuera del gobierno, la izquierda intenta imponer su propia versión y lenguaje, centrado en los derechos reproductivos, los derechos de las minorías y el cuestionamiento de la biología, sin diálogo ni escucha, lo que resulta en arrogancia moral.
Este enfoque resulta ineficaz entre los pobres, para quienes el lenguaje de los derechos no resuena, lo que lleva a la baja eficacia de esta estrategia. En el gobierno, la izquierda evita las disputas culturales y se centra exclusivamente en cuestiones económicas, lo que ha producido resultados insatisfactorios y una caída de su popularidad. Esta situación es comparable al campo de la seguridad pública, donde tanto la falta de un enfoque integral como la ausencia de una narrativa inclusiva resultan en un desempeño deficiente y una pérdida de apoyo popular.
Tendencias y pronósticos en el contexto político brasileño
Considerando esta situación, Mattos y Paradis (2014, p. 108) afirmaron que “nuestras fuerzas históricas conservadoras (especialmente religiosas y políticas)” ya habían identificado que estas iniciativas estaban transformando las relaciones entre el Estado brasileño y la sociedad civil. Los autores acertaron: incluso con la reelección de Dilma Rousseff en 2014, el gobierno del PT fue perdiendo fuerza en una parte de la sociedad civil, en sectores de la burguesía y, especialmente, en el campo político.
Así, en agosto de 2016, nuestro primer presidente fue acusado. En 2018, como culminación de un proceso de reconfiguración de fuerzas en la sociedad civil que dio rienda suelta a sentimientos y grupos conservadores, Jair Bolsonaro asumió la presidencia. En 2022, la extrema derecha será derrotada en la carrera presidencial en unas elecciones reñidas. Pese a ello, en lo que respecta al ámbito legislativo nacional, no es posible decir que hubo una derrota: el Congreso Nacional sigue dominado por partidos de derecha y extrema derecha.
Tanto el Senado Federal como la Cámara de Diputados siguen estando presididos por sus representantes. Ante este panorama, se hace evidente la esencia segregacionista de la democracia brasileña (Sacchet, 2012), ya que la agenda parlamentaria está sometida a conservadores que forman parte de una élite política hegemónica en términos de clase social, raza y género.
En conclusión, el Tribunal Supremo Federal se presenta como el último bastión frente a una mayoría conservadora, actuando como un poder contramayoritario, similar al papel desempeñado por las fuerzas de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las constituciones comenzaron a materializar la esperanza. que un sistema jurídico titulado garantiza a todos una vida digna, pacífica y libre. En contraste, el parlamento parece vulnerable a las mayorías antiliberales, y el uso de expedientes como el requisito de urgencia refuerza el debilitamiento del modelo liberal, donde el parlamento debería ser el lugar de los procesos de creación de consenso.
Este problema se agrava por el hecho de que muchos parlamentarios se centran más en alimentar sus propias redes sociales, con el objetivo de aumentar su influencia virtual, que en legislar en beneficio del público. Así, las iniciativas en el parlamento reflejan proyectos de poder más individualizados y desconectados de la idea del bien común, comprometiendo la integridad del proceso democrático.
Las reacciones de diferentes figuras públicas y de la sociedad, en manifestaciones realizadas en diferentes ciudades de Brasil, podrían ser el inicio de un importante proceso, ya inaugurado con el rechazo masivo de la PEC 3/2022, informada por el senador Flávio Bolsonaro, que tenía como objetivo privatizar la playas. En él, la sociedad parece haber comenzado a trazar los límites de lo que sería aceptable en relación con el avance del conservadurismo.
Además de los bandos progresistas, en estos acontecimientos hubo una reacción de miembros del propio bando conservador, a pesar del silencio e incluso del posicionamiento defensivo de sus líderes. El campo progresista debe invertir en este desfase entre las manifestaciones de líderes que hablan en nombre de los evangélicos, pero que la mayoría de las veces no expresan los intereses reales de personas que son evangélicos, pero también son negros, son madres y definen su preferencias políticas de estos diversos marcadores sociales.
*Giulia Gouveia Es estudiante de doctorado en Ciencias Sociales en la UFRRJ.
*Mayra Goulart es profesor del Departamento de Ciencia Política de la UFRJ.
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