por MAURICIO VÁZQUEZ CORREA & ANDRÉS DEL RIO*
Los países sudamericanos, bajo gobiernos de derecha y extrema derecha, están reconfigurando narrativas sobre las últimas dictaduras y el papel de los militares en la democracia.
La reforma educativa fue uno de los caballos de batalla del gobierno de coalición de derecha encabezado por Luis Lacalle Pou en Uruguay. Sin embargo, desde su implementación ha dejado más dudas y sombras que mejoras. Su imposición, marcada por la falta de diálogo y participación de los docentes en su diseño e implementación. Además del enfrentamiento con asociaciones estudiantiles. Estas son algunas de las críticas.
Al afirmar que se trataba de una “transformación profunda”, simplemente cambió la nomenclatura de las disciplinas y aumentó la carga administrativa. Pero también revela un empobrecimiento sustancial de los planes de estudio y de los programas de estudio, ejemplificado en los eufemismos utilizados para definir algunos de los conceptos más sensibles de la historia reciente, que también afectan el presente del país.
Imposición a precio de mercado
Considerar la educación como una mercancía no es nada nuevo. Es un fenómeno típico del apogeo neoliberal de los años 1990, pero que, con la llegada de una nueva ola de derecha, parece estar ganando fuerza. Uruguay no escapa a esta lógica, con un presidente que construyó su campaña sobre los pilares de la “libertad”, entendida, sobre todo, como la libertad de las empresas privadas por encima del interés público. Aunque la necesidad de reformas educativas fue ampliamente reconocida por todos los actores sociales involucrados, la reforma actual sólo responde a los intereses de las empresas privadas y a la orientación ideológica de la coalición de gobierno. En otras palabras, su objetivo es debilitar y suprimir el desarrollo del pensamiento crítico en favor de una educación orientada al mercado.
En este sentido, los gremios docentes, así como los estudiantiles, resaltan su carácter imponente, pues no ha habido una construcción adecuada con quienes, además de los mandatos presidenciales, tienen a su cargo la educación de los niños y adolescentes del país. La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FeNaPES) denuncia que las actuales autoridades de la educación pública y ciertos operadores políticos han intentado “criminalizar a los docentes sindicalizados por su resistencia a las reformas neoliberales”. Por otro lado, denuncian que esta reforma supone el mayor recorte presupuestario de la historia y supone “una vuelta a los años 1990” en educación.[i]
En esa línea, la Mesa Permanente de las Asambleas de Docentes Técnicos (ATD) denunció que el proceso de reforma no respeta varias disposiciones de la Ley de Educación, entre ellas la participación, que consideran “uno de los principios básicos de la organización general de la educación pública”. ”.[ii] Por su parte, las asociaciones de estudiantes también exigieron ser escuchadas y tomadas en cuenta a la hora de realizar cambios en la educación, así como el cese de esta reforma educativa.[iii]
Cabe señalar que la base legal para llevar a cabo esto la brinda la Ley de Urgente Consideración (LUC), impulsada por el gobierno apenas asumió. La LUC es una ley “ómnibus” que, entre otras iniciativas, permite desregulaciones financieras que faciliten la legalización de capitales y un aumento del papel punitivo del Estado.
enseñar a olvidar
En línea con el deterioro de la calidad de la educación que propone la reforma, uno de los puntos que más llamó la atención fue la recategorización de algunos hechos sensibles del pasado reciente.
El nuevo plan de estudios utiliza el concepto de “suspensión y avasallamiento de garantías constitucionales”, que no es más que un eufemismo para referirse a la dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1973 y 1985, y elimina del plan de estudios la noción de “terrorismo de Estado”. .
Este cambio ya se había intentado en 2022, pero no tuvo éxito en ese momento. Sin embargo, a finales de 2023 y ignorando al personal docente, lograron lograrlo. Este año, a pocos días del inicio de clases, se notó el cambio, lo que provocó la reacción de la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay (APHU). "El cambio no es inocente", argumentan en un comunicado, afirmando que el término "es utilizado por la historiografía y las ciencias sociales para describir y analizar las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por las dictaduras ocurridas en la segunda mitad del siglo XX en América Latina". .
Además, el sindicato denuncia la introducción de un punto denominado “movimientos guerrilleros y violaciones de derechos humanos”. Como sabemos, esta afirmación “carece de fundamento, pues desconoce numerosas normas jurídicas y literatura que indican que es el Estado quien puede cometer violaciones de derechos humanos”.[iv]
Según Carlos Demasi, profesor de la Universidad de la República, parece adoptar “una visión negacionista” que “trata de amortiguar lo que representó para la sociedad uruguaya la dictadura y todo el período de terrorismo de Estado”.[V] Carlos Demasi señala que este tipo de argumentos están muy presentes en el discurso del Cabildo Abierto, el partido militarista que forma parte de la coalición de gobierno, que “siempre que habla de la dictadura también habla de lo que pasó en los años 60” de el siglo pasado, “como si fuera una justificación”.
Por su parte, el secretario general de FeNaPES, Emiliano Mandacen, destacó que la eliminación del término es un claro intento del bloque de poder hegemónico de reescribir la historia y justificar lo ocurrido durante la dictadura, deslegitimando la importancia de la memoria.[VI] Para el presidente de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, Gerardo Caetano, la sustitución del término es inaceptable e implica un alejamiento infundado del consenso historiográfico.
Estos hechos, que desfiguran las violaciones de derechos humanos y las responsabilidades del Estado, no son hechos aislados. Unos días después, el senador y líder del Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, afirmó que las Fuerzas Armadas son el “freno” para que “instituciones antidemocráticas”, como la única central sindical del país (PIT-CNT) , no “hagas lo que quieras en el país” y “entras a la Casa de Gobierno”.[Vii] Declaraciones de este tipo son una constante del senador, que representa a sectores conservadores y militares.
Un fenómeno regional
Cuando miramos a nuestros vecinos, ellos también están atravesando un proceso de transformación simbólica y material en relación a consideraciones sobre las últimas dictaduras cívico-militares. Por un lado, en Brasil, Bolsonaro promovió las celebraciones del último golpe de Estado, en 1964. Recordemos que, en marzo de 2022, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa publicaron una nota elogiando el golpe.[Viii] El actual presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, pretende bajar el perfil y mantener silencio sobre los hechos del 31 de marzo de 1964. Ni crítica ni celebración.
Un revés importante en la materia y un silencio peligroso. Más aún si tenemos en cuenta los daños causados por el gobierno anterior: desde la conmemoración del golpe, la creación de cientos de escuelas militares, haber sido el gobierno con mayor número de militares en puestos civiles, haber establecido una multitud de de privilegios y beneficios para la categoría y, por supuesto, la responsabilidad de muchos militares en la construcción del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, que está siendo analizado por el Tribunal Supremo Federal.
La justificación del presidente brasileño es la intención de calmar la relación con las Fuerzas Armadas. Como señala el presidente del grupo de prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, “ignorar el pasado favorece el resurgimiento de nuevos reveses, como en el caso de la campaña de indulto (amnistía) para los indescriptibles y sus cómplices”.[Ex] Marco Aurélio de Carvalho sostiene que perdonar el golpe de 1964 está en línea con la exigencia de conceder amnistía a los sectores que participaron en el intento de golpe del 8 de enero de 2023. Entre ellos, Jair Bolsonaro y altos mandos de las Fuerzas Armadas.
Si damos un salto al otro lado del Río de la Plata, la situación en Argentina no es mejor. Argentina, ejemplo en el ámbito de la justicia transicional, observa y se moviliza frente al nuevo presidente en la Casa Rosada. Especialmente por las declaraciones de su vicepresidenta, Victoria Villaroel. En cada oportunidad, Victoria Villarroel pone en duda la cantidad de personas desaparecidas que dejó la última dictadura cívico-militar, en 1976. El 24 de marzo es el día nacional de la memoria de la verdad y la justicia, pero esta vez no hubo ningún evento oficial.[X] Sobre el tema, según el vicepresidente: “Estamos en un estado democrático, si quieren celebrar el golpe, eso es cosa de ellos, claramente hay morbo al respecto”.[Xi] Sin tener en cuenta una de las fechas patrias más importantes del país.
A principios de marzo ocurrió un atentado contra un militante de la red nacional de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio – HIJOS[Xii] Tras ser golpeada y abusada, la activista fue amenazada de muerte. Al salir, sus verdugos dejaron marcas en la pared, con las siglas VLLC (Viva La Libertad, Carajo), el famoso lema del presidente Javier Milei. En este proceso, hay movimientos para reestructurar los sectores militares, mejoras salariales, reintroducción del servicio militar obligatorio, uso del ejército para la seguridad interna, entre muchas otras propuestas. Enormes reveses que también fueron alentados por el desastroso gobierno de Mauricio Macri.
Español
Los países sudamericanos, bajo gobiernos de derecha y extrema derecha, están reconfigurando narrativas sobre las últimas dictaduras y el papel de los militares en la democracia. Como parte de este proceso, hay cambios en la educación y una profunda disputa por la memoria. Uruguay tiene elecciones presidenciales a finales de 2024. Y el resultado determinará el rumbo del tipo de educación y los significados de la memoria del pasado violento reciente.
*Mauricio Vázquez Correa tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos Contemporáneos de la UDELAR-Universidad Complutense de Madrid.
*Andrés del Río es profesor de ciencias políticas en la Universidad Federal Fluminense (UFF).
Notas
[i] FeNaPES (2022), “Una reforma del Terror”. En la web se enumeran una serie de datos que dan cuenta del corte y otros factores que inciden en el fracaso educativo. Disponible en: https://fenapes.org.uy/DeTerror
[ii] Publicado en La Diaria, 4 de octubre de 2022. Disponible en: https://bit.ly/49To3IO
[iii] Plataforma Educativa de la Asociación de Estudiantes del IAVA, Derechos Humanos en Uruguay, Informe Anual de SERPAJ Uruguay (2023), páginas 245 y 246. Disponible en: https://bit.ly/4cb6EN8
[iv] Asociación de Profesores de Historia del Uruguay, (2024). Anuncio en relación al nuevo programa de Historia del Primer Año de Educación Media Superior. Disponible en: https://bit.ly/3ID23Wu
[V] https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2024/2/demasi-considera-que-cambios-que-codicen-hizo-al-programa-de-historia-de-bachillerato-se-alinean-con-visiones-negacionistas-de-la-dictadura/
[VI] https://www.pagina12.com.ar/717494-uruguay-el-negacionismo-florece-en-la-educacion
[Vii] https://www.elobservador.com.uy/nota/manini-rios-dijo-que-las-ff-aa-son-el-freno-para-instituciones-como-el-pit-cnt-y-le-respondieron-legisladores-20242299330
[Viii] https://www.brasildefato.com.br/2022/03/30/forcas-armadas-celebram-golpe-de-64-em-nota-legado-de-paz-de-liberdade-e-de-democracia
[Ex] https://www.poder360.com.br/brasil/prerrogativas-diz-que-silencio-sobre-o-golpe-de-64-e-inadmissivel/
[X] https://www.pagina12.com.ar/721736-dia-de-la-memoria-sin-acto-oficial
[Xi] https://www.lanacion.com.ar/politica/victoria-villarruel-se-opone-a-la-intervencion-del-ejercito-en-rosario-y-defendio-el-aumento-a-nid21032024/
[Xii] https://www.pagina12.com.ar/723116-el-testimonio-de-la-militante-atacada-un-gobierno-elegido-po
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