por ATILIO A. BORO*
Una propuesta con defectos procesales fue rechazada, por el carácter antidemocrático de su gestación y funcionamiento; y la reducción de derechos y garantías aún contenidas en la Constitución de 1980
El referéndum del domingo en Chile no fue sólo sobre la aprobación o no de una aberración constitucional retrógrada, sino también una primera prueba de la disposición de las fuerzas políticas de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2025. Afortunadamente, el veredicto de las encuestas puso fin a la nueva propuesta constitucional y supuso un duro revés para las esperanzas de la derecha neofascista de establecerse en posición de campo de la futura carrera presidencial. Esto se debe a que, de haber triunfado el “Favor A”, el ultraderechista Partido Republicano y su líder, José Antonio Kast, ya habrían iniciado la campaña presidencial buscando capitalizar la decisión tomada por el pueblo chileno, profundizando la desorganización y desorientación de los sectores democráticos y progresistas.
Poco después de conocerse el resultado surgieron voces, en muchos casos con malas intenciones: decían que con su voto la población había ratificado la Constitución de Pinochet. Esta conclusión no sólo es maliciosa, sino también errónea, porque no era eso lo que estaba en juego. No se puede olvidar que, en 2020, el 78% del pueblo chileno votó por rechazar este órgano constitucional. Lo que se decidiría el domingo sería si la nueva propuesta, elaborada en las cloacas del poder oligárquico chileno, sería aceptada por la población. El resultado fue categórico: los “contras” ganaron con el 56% de los votos, a pesar de las intensas campañas de desinformación, dimisión y fomento del abstencionismo, lanzadas desesperadamente por la derecha.
El voto ahora es obligatorio en Chile, pero el 88% de participación dice mucho del fracaso de esta campaña y de la sana disposición a participar que se evidenció este domingo. En pocas palabras, rechazaron una Constitución que violaba derechos sociales y laborales fundamentales, bendecía la mercantilización total del medio ambiente, debilitaba aún más la soberanía nacional sobre los bienes comunes, consagraba la impunidad en materia de derechos humanos y restringía significativamente los derechos de las mujeres y de distintos géneros. identidades.
En definitiva, se rechazó una propuesta con defectos procesales, por el carácter antidemocrático de su gestación y funcionamiento; y, sustancialmente, la reducción de derechos y garantías aún contenidas en la Constitución de 1980, máxime si tenemos en cuenta que –según un estudio del PNUD sobre los cambios constitucionales a nivel internacional– en el período posdictatorial, este diploma había sido objeto de 69 leyes de reforma. Esto la convirtió en la Constitución más reformada en la historia de Chile.
Como resultado de estos cambios –que, en todo caso, mantuvieron la filosofía básica de su reaccionario editor, Jaime Guzmán Errázuriz–, se eliminó el artículo 8, que “prohibía grupos o partidos de carácter totalitario o basados en la lucha de clases”, o es decir, los comunistas; También se eliminaron la facultad presidencial de exilio y el requisito de que las reformas constitucionales fueran aprobadas por dos Congresos consecutivos. Además, se dejó sin efecto la existencia de senadores designados vitalicios (9), los cuales se sumaron a los 38 elegidos por voluntad popular. Y el mandato presidencial se redujo de seis a cuatro años.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, la propuesta creada por los libertarios constituyó un importante revés que, afortunadamente, fue abortado por la derrota de “Un favor”. En los próximos años, Chile tendrá que afrontar la tarea de aprobar una Constitución genuinamente democrática, despojada del legado de Pinochet y de las aspiraciones restauradoras y autoritarias de su rapaz clase dominante y de la partidismo que gobierna en su nombre, ninguno de los cuales acepta el establecimiento de una democracia digna de ese nombre.
Esto no sucederá durante lo que queda del mandato de Gabriel Boric, pero es una tarea pendiente que debe resolverse sin más demora en el próximo mandato presidencial y que requerirá enormes esfuerzos para sensibilizar y organizar a las fuerzas democráticas y populares. Mientras tanto, es hora de celebrar. No porque se haya elegido algo bueno, sino porque el pueblo chileno sabiamente evitó que a lo malo le siguiera algo mucho peor. Y, de hecho, mirando las cosas desde este lado de los Andes, se impidió que una victoria de la extrema derecha en Chile reforzara el “salvajismo de mercado” del anarcocapitalismo argentino.
*Atilio A. Boro Es profesor de ciencia política en la Universidad de Buenos Aires. Autor, entre otros libros, de Búho de Minerva (Voces).
Traducción: Fernando Lima das Neves.
Publicado originalmente en el diario Página 12.
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