por BENICIO VIERO SCHMIDT*
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En Brasil, el destaque sigue siendo la pandemia. Aterrados por la demanda de Centros de Cuidados Intensivos, secretarios de estado y gobernadores presionan al Gobierno Federal para que libere los recursos destinados a ser utilizados durante la pandemia que siguen embalsados, casi 80 mil millones de reales. Esta situación llevó al senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) a conceder una entrevista al diario El Estado de S. Pablo, en el que patéticamente dice que “tenemos que parar a este tipo”, refiriéndose al presidente Jair M. Bolsonaro. Este, en lugar de atender las demandas de los secretarios y gobernadores para la instalación de más UCI, hace provocaciones afirmando que los estados -y no el Gobierno Federal- son los responsables de la crisis.
En cualquier sistema político, las demandas sociales tienen que ser satisfechas hasta cierto punto. Como el Gobierno Federal se niega a realizar esta intermediación, el presidente de la Cámara Federal, Arthur Lira, convocó a los gobernadores a una reunión presencial y virtual, tratando oficialmente el presupuesto 2021, pero, de hecho, presionando al gobierno adoptar medidas de la misma naturaleza. Las decisiones de los estados son privadas y hay falta de coordinación entre estados, municipios y la Unión.
En definitiva, un gran quid pro quo que apunta a una crisis inesperada por su agudeza. Con el tiempo, se esperaba que el gobierno federal se desgastara, pero no tan rápido como ahora debido a sus respuestas a la pandemia.
Además, medidas recientes como la exención de la gasolina y el combustible (este último por unos meses) exigen una compensación de alrededor de cinco mil millones de reales que el Gobierno Federal decidió gravar las actividades financieras, aumentando la tasa de Contribución Social sobre las Utilidades Netas (CSLL) del 20% al 25% para bancos y del 15% al 20% para compañías de seguros. Finalmente, confluyen las presiones del mercado financiero y las de carácter político, ingredientes de una grave crisis de la Presidencia de la República.
Al calor de la disputa por los recursos y en la búsqueda de la adopción de mejores medidas contra el coronavirus, diputados y senadores también ponen el foco en el aún incipiente proyecto de reforma política. Como en cada año preelectoral en Brasil, el Congreso se está moviendo para cambiar las reglas para las próximas elecciones. Es una costumbre brasileña y nada cambia este hábito histórico. En este caso, se sugiere la posibilidad de crear un “distrito”, fórmula en la que sólo resultan elegidos los candidatos más votados, independientemente del número de votos obtenidos por los partidos.
Esto debilita a los partidos y coaliciones de partidos, disminuyendo la importancia del voto proporcional. La idea es realmente debilitar a los partidos, controlar la injerencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) en la determinación de la legislación y desmantelar el sistema de control de gastos de candidatos a elecciones proporcionales.
El panorama actual se deteriora mucho más rápido de lo esperado. En ese escenario, comienzan a perfilarse los rasgos y perfiles de las candidaturas a la presidencia de 2022. Ciro Gomes lanza su libro, pero no señala -en las entrevistas e intervenciones que realiza- con metas alternativas que sean realizables. Lo mismo sucede con el PT, que publicó un largo documento sobre posibles cambios ante el escenario que dejará el gobierno de Bolsonaro, pero no se esfuerza por difundirlo con la intensidad necesaria.
Finalmente, la aceleración de la crisis del coronavirus, la presión de gobernadores, secretarios de estado, alcaldes, sumado a la anorexia de los precandidatos a Presidente de la República, crean una situación muy curiosa y muy tensa en la actual coyuntura nacional.
*Benicio Viero Schmidt es profesor jubilado de sociología de la UnB. Autor, entre otros libros, de El Estado y la política urbana en Brasil (LP&M).
