por RENATO DAGNINO*
Para evitar que el “Polo de Innovación y Desarrollo Sostenible” de Campinas genere más desastres
El proyecto Polo de Innovación y Desarrollo Sostenible (PIDS) prevé un cambio agresivo en la ley de uso de suelo de una extensa y apetecible área aún no explorada por el complejo inmobiliario-financiero. Linda con lo que se valorizó hace cinco décadas con la creación de la Unicamp en Barão Geraldo. También incluye el que poco después se entregó a organismos públicos y privados para la implementación de otros “polos tecnológicos”; un prototipo de la ola de innovación que sigue causando estragos en nuestras universidades públicas.
La iniciativa ha ido creciendo al amparo de un velo similar al que propagó la investigación científica y tecnológica como motor de progreso que justificó el proyecto de desarrollo nacional de la gran potencia brasileña. Ahora modernizado por los eufemismos que brinda la perversa confluencia contemporánea, de “innovación” y “desarrollo sustentable”, puede entrar en juego, gracias al efecto demostración que brinda la marca Campinas, más desastres.
Este texto busca apoyar la evaluación de los directamente involucrados con la iniciativa y satisfacer el interés de quienes me leen buscando municiones para evitar este desastre y otros, presentes y futuros, en otros territorios. Para ello, comienzo identificando a los tres actores que se mueven en el escenario político que rodea la iniciativa.
El primero es una coalición de agentes públicos ubicados en un ayuntamiento que lleva décadas vinculado al complejo inmobiliario-financiero. Sus valores e intereses y la forma cauta y engañosa en que se están practicando al enfrentarse al segundo actor, como son bien conocidos, no necesitan mi comentario.
El segundo grupo reúne a economistas, ingenieros, urbanistas, sociólogos, geógrafos, entre otros profesionales que actúan en organismos públicos y privados. Consciente del previsible impacto negativo derivado del interés inmobiliario-económico de la iniciativa, ha obligado a esos agentes públicos a debatir con la sociedad.
Apoyado en los aportes de la comunidad investigadora internacional en temas ambientales, urbanización, ocupación del suelo, etc., y haciéndose eco de los movimientos que se organizan en diversas partes del planeta, argumenta con mucha justificación, propiedad y de manera convincente, su posición. contrario a los juicios “técnicos” que pretenden sustentar la iniciativa.
La demostración que hace del costo-beneficio negativo de la iniciativa, y su costo de oportunidad prohibitivo –frente a las acciones que esos agentes públicos deberían promover para cumplir con su obligación y no lo hacen–, también me eximen de más comentarios. Solo destaco la sintonía de su discurso y su acción con los compromisos de “pensar globalmente y actuar localmente” y defender el interés colectivo.
El tercer actor es el que reúne a algunos, pero muy influyentes, profesores de la Unicamp. Forman parte de la poderosa élite científica nacional que, por nuestra condición periférica, hegemoniza nuestra política cognitiva (la que agrupa Ciencia y Tecnología y Educación). Y que lo hace intentando emular el modelo que concibió sobre cómo las empresas privadas de los países avanzados utilizan los resultados de las actividades de investigación universitaria.
Este modelo asume que, dado que la empresa aquí ubicada es conocida por no realizar investigación, el resultado de esta actividad debe ser privilegiado dentro del ámbito de nuestra política cognitiva. Al considerar a nuestros empresarios como “atrasados” (aunque engendran una tasa de ganancia única, y por lo tanto prescinden de este resultado), esta élite innovadora ha venido implementando en todo el país “polos tecnológicos”, “Centros de Innovación Tecnológica”, “incubadoras de tecnología- empresas basadas” (ahora renombrado startups), similar al Polo de Innovación y Desarrollo Sostenible (PIDS).
Obsesionada con ese modelo equivocado, nuestra élite científica se ha mostrado poco propensa a asimilar las evidencias empíricas que revelan la disfuncionalidad de su política cognitiva para convencer a los empresarios de aumentar sus ganancias a través de los resultados de las investigaciones que fomenta. Merece ser recordado un hecho ocurrido entre 2006 y 2008, cuando nuestros empresarios incrementaron sus utilidades y disfrutaron de los altos recursos que destina esta política. Contrariamente a lo que esperaba la élite científica, siguió ignorando el principal resultado que les ofrece la investigación universitaria en todo el mundo: maestros y doctores formados en ciencias duras (de los cuales más de la mitad, en EE.UU., están empleados en centros de I+D empresarial) . De los 90 capacitados aquí en estos tres años, contrató solo a 68 para hacer investigación.
Sin embargo, aprovechando el arraigado mito transideológico de la neutralidad y el determinismo de la tecnociencia capitalista, nuestra élite científica argumenta que el resultado de las agendas exógenas de docencia, investigación y extensión que adopten pueden apalancar cualquier proyecto de desarrollo del país; y redundará siempre en el bienestar de la población.
A raíz de este movimiento, todavía legitimado por ese mito (pero que ha sido desmantelado por el fracaso del sesgo innovacionista de nuestra política cognitiva), la élite científica comenzó a incorporar los mismos eufemismos de moda en su narrativa.
Así diseñaron esos profesores de la Unicamp lo que se convirtió en un componente del Polo de Innovación y Desarrollo Sostenible (PIDS). La necesidad de obtener recursos adicionales a los que nuestra política cognitiva ya les brinda a nivel federal y estatal hizo que se produjera la “toma de control” de su “HUB Internacional para el Desarrollo Sostenible (HIDS)” por el Hub de Innovación y Desarrollo Sostenible (PIDS). práctico.
Esperando aprovechar el sustancial retorno de la iniciativa inmobiliaria-financiera, que ampliaría el espacio físico y financiero avalado por el poder municipal para viabilizar sus actividades, vuelven a conferir la legitimidad “científica” –intensamente propagada por los públicos agentes- que necesita ser avalada por la sociedad.
Así, una iniciativa que, en el ámbito de la política cognitiva de los países centrales desde los que se concibe ese modelo, juega un papel subsidiario y de escasa relevancia, es expuesta por esos agentes públicos como capaz de aportar conocimiento que solucionaría todo, desde la crisis climática a la producción de medicinas a base de plantas… Y que, disfrazando su conexión con el complejo financiero-inmobiliario, es presentado por ellos como capaz de ofrecer a las decenas de miles de personas que ocuparían su territorio una prestación de servicios públicos que les es negada. por el Ayuntamiento a los ciudadanos de Campinas, ocupado durante mucho tiempo por los representantes de este complejo.
Concluyo estas consideraciones sobre el debate en curso sobre el PIDS (que no ocurre con la misma intensidad en la Unicamp en relación al HIDS) agregando elementos para quienes quieren evitar desastres similares en otros territorios.
Subrayo, por tanto, que el origen “lógico” fundacional de estas iniciativas es el carácter supuestamente neutral y determinista de la tecnociencia capitalista. Este argumento, que en definitiva valida estas iniciativas, es, por precedencia, el que condiciona una política cognitiva que debemos cambiar, pero que hoy: (a) que mucho más que en los países centrales, ha sido guiada por nuestra “élite científica”; (b) que sus “antenas” siempre estuvieron orientadas a emular lo que allí hacen sus pares; (c) que por ello no se han explorado con la intensidad necesaria demandas cognitivas (o tecnocientíficas) incrustadas en necesidades colectivas en muchas de las necesidades materiales colectivas que aún tenemos insatisfechas.
Y que, por tanto, la forma más conveniente de atender estas demandas cognitivas complejas y originales es incorporar al proceso de toma de decisiones de esta política a un actor que, aunque responsable de la operacionalización de nuestro potencial tecnocientífico, ha sido poco escuchado. Este actor, los trabajadores del conocimiento (que trabajan en docencia, investigación, planificación y gestión de las CTI, etc.), es quien mejor podrá identificar esas necesidades, traducirlas en demandas tecnocientíficas y “traer” en el entorno de las políticas públicas.
Es este actor quien podrá, acercando la política cognitiva a estas demandas tecnocientíficas, hacer que la élite científica y los agentes públicos dediquen parte de su esfuerzo, y el impuesto a los pobres, a reproyectar la tecnociencia capitalista. en la dirección de la tecnociencia solidaria necesaria para apalancar las políticas finales de interés colectivo.
*Renato Dagnino Es profesor del Departamento de Política Científica y Tecnológica de la Unicamp. Autor, entre otros libros, de Tecnociencia solidaria, un manual estratégico (luchas contra el capital).
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